La lucha de 200.000 menores migrantes que sufrieron abusos y que Trump ha puesto en la fila de la deportación
Jóvenes afectados por la eliminación de la acción diferida que les permitía residir y trabajar hasta conseguir un estatus permanente demandan al Gobierno de Estados Unidos


En medio de la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump, los tentáculos del Gobierno de Estados Unidos van introduciéndose en todos los sectores de la comunidad migrante. Uno de los últimos grupos alcanzados es el de los niños y jóvenes indocumentados que han sufrido abuso o negligencia por parte de uno de sus progenitores y que contaban hasta ahora con una protección para permanecer en el país que el Gobierno de Donald Trump ha eliminado. A partir de junio, casi 200.000 afectados se han quedado oficialmente sin la acción diferida que garantizaba que, mientras esperaban la residencia permanente, evitaba su expulsión.
Nueve afectados y dos organizaciones de defensa de los migrantes, Carecen (Centro de Refugiados de Centroamérica) y Centro Legal de la Raza, presentaron una demanda el pasado 17 de julio contra al Departamento de Seguridad Nacional para recuperar la protección que se les ha retirado.
“El Gobierno no puede simplemente retirar la acción diferida sin brindar al público la oportunidad de comentarlo y también una explicación razonable de por qué era necesario ese cambio de política y cómo afectará a quienes se apoyaban en esa protección. La demanda trata sobre la necesidad de justificarlo, y el Gobierno no lo hizo. Solicitamos al tribunal que impida que el Gobierno revierta esa política.”, explica Natalie Kraner, directora jurídica del Centro Lowenstein para el Interés Público, que representa a los demandantes.
Los menores de 21 años que han sufrido abuso, abandono o negligencia por parte de sus padres pueden obtener el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS, por sus siglas en inglés), que les abre un camino para conseguir la tarjeta verde, es decir, la residencia permanente. Esta protección fue creada por el Congreso en 1990 para brindar a un grupo muy particular de jóvenes muy vulnerables una vía para obtener protección legal. En la práctica, se ha gestionado como una visa de trabajo y, debido a la cantidad de peticiones que lo solicitan y que hay un número tope de permisos que se pueden conceder en cada ejercicio, el proceso puede demorar años.
Para evitar que en ese plazo pudieran ser deportados, el Gobierno de Joe Biden aprobó en 2022 la acción diferida para los beneficiarios del SIJS, lo que les permitía trabajar legalmente en Estados Unidos y evitar su expulsión hasta que pudieran ajustar su estatus.
Siguiendo la tónica de la actual Administración, que ha ido eliminado cada medida adoptada por el Gobierno anterior para proteger a los migrantes, Trump ha puesto fin a esta acción diferida, dejando a los jóvenes susceptibles de ser enviados de vuelta a los países donde sufrieron maltrato.
“Sin la acción diferida, el Gobierno asume que puede deportarlos, a pesar de que ya les ha otorgado el SIJS. Su posición es que puede expulsarlos porque el tiempo de espera para conseguir una tarjeta verde es demasiado largo. Hasta que la consigan, están en tierra de nadie, y sin la acción diferida son vulnerables a la deportación y a otros perjuicios, como la explotación laboral, ya que carecen de un permiso de trabajo”, explica Rachel Davidson, directora de la Coalición para Poner Fin al Atraso en el SIJS, de la organización Proyecto Nacional de Inmigración.
La retirada de la acción diferida que les protegía se hizo en silencio. Los demandantes estiman que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dejó de pronunciarse sobre las peticiones de acción diferida el 7 de abril, pero no fue hasta el 6 de junio que la Administración publicó su cancelación. Durante dos meses su eliminación era efectiva, pero no admitida públicamente.
Senadores exigen respuestas
El mes pasado, 19 legisladores enviaron una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidiendo aclaraciones sobre el cambio de política, citando preocupaciones debido a “informes de profesionales sobre un aumento en los casos de detención y deportación de beneficiarios del SIJS, con el ICE actuando para despojar a los jóvenes SIJS de la acción diferida tras su detención”. “Salvo otras circunstancias, solicitar la deportación de los jóvenes SIJS que esperan la disponibilidad de visas contraviene directamente la intención del Congreso para el programa”, decía la carta, firmada, entre otros, por los senadores latinos Catherine Cortez Masto (Nevada) y Alex Padilla (California).
La acción diferida dura por cuatro años y los primeros que lo solicitaron, en 2022, tendrían que renovarla, por primera vez, en 2026. Los trámites se deben empezar con seis meses de antelación. El 13 de agosto está prevista la primera audiencia sobre la demanda. La defensa quiere que, mientras se decide la demanda, se regrese a la situación que había antes del 7 de abril, garantizando que los jóvenes están protegidos de la deportación.
“El temor principal de todos nuestros demandantes individuales es el miedo a ser devueltos a un lugar donde no tienen a nadie que los cuide, donde sufrieron abuso, abandono o negligencia y donde están esencialmente solos. Vinieron aquí buscando esta protección”, apunta Rachel Davidson.
Conseguir el estatus de SIJS no es tarea fácil y las víctimas de abuso requieren de abogados —que no proporciona el Gobierno federal— para defender sus casos. Las organizaciones que los representan se quejan de las crecientes dificultades que enfrentan para defender a sus clientes.
“Las necesidades y objetivos de nuestros jóvenes clientes son claros: protección contra el abuso y la negligencia que sufrieron en sus países de origen y la oportunidad de contribuir a sus comunidades a través de la educación y el trabajo”, afirma Isaac Flegel-Mishlove, abogado sénior del Centro Legal de la Raza. “La reciente eliminación de estas opciones legales para los jóvenes de SIJS ya está socavando nuestra misión y deber de representar a nuestros clientes en la búsqueda de estatus legal, seguridad y oportunidades. Cada día, desde que se eliminaron las protecciones para los jóvenes vulnerables, hemos tenido que tomar decisiones imposibles, diciéndoles cada vez más clientes que cada vez podemos hacer menos”.
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