La política migratoria de Trump sacude al sector de atención a adultos mayores: “Perder a estos cuidadores es un golpe profundo”

Florida ha sido históricamente un oasis para los retirados. En el sur de la península, entre Miami y Palm Beach, se concentra casi un tercio de la fuerza laboral dedicada al cuidado de adultos mayores de todo el Estado. Por mucho tiempo los inmigrantes recién llegados eran la cantera segura para estos trabajos, que históricamente han tenido dificultades para mantener niveles necesarios de personal, tanto por las exigencias inherentes de la labor como por los bajos salarios —apenas por encima del mínimo de Florida. Ahora, las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, que incluye una agenda para detener 3.000 personas por día, han comenzado a hacer mella en este sector.

Si bien el impacto se ha sentido a nivel nacional, en el sur de Florida, donde vive la mayoría de los cientos de miles de inmigrantes que se han quedado repentinamente sin estatus legal tras la Administración cancelar sus protecciones temporales o permisos humanitarios, incluyendo haitianos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses, el golpe ha sido particularmente brutal, dijeron expertos, dueños de negocios y asociaciones de proveedores de servicios.

En Miami, se les conoce como chechei —como suenan en inglés HHA, las siglas de Home Health Aide, cuidadores o ayudantes de salud domésticos. Muchos de los inmigrantes latinoamericanos que han llegado en los últimos años dispuestos a trabajar duro se han encontrado con la posibilidad de que al pasar un curso de 75 horas podían obtener un certificado para cuidar adultos mayores o personas discapacitadas, por alrededor de 14 dólares la hora. Algunos se han certificado como asistentes de enfermería (CNA) para trabajar en residencias de adultos mayores o centros de cuidados (nursing homes), donde ganan poco más de 15 dólares la hora, pero reciben algunos beneficios adicionales como seguro médico o bonos.

Esmeralda Vigay, de la franquicia en Miami de Home Instead, una reconocida red nacional especializada en atención domiciliaria para adultos mayores, dijo que recientemente se ha ido reduciendo la nómina, “compuesta por personas de todas las nacionalidades”, y están teniendo dificultades para reemplazar a los que se marchan. “Muchos pacientes que tenían desde hacía tiempo un cuidador, al que se habían acostumbrado y con quien habían creado vínculos afectuosos, se han visto de pronto buscando otro”, dijo.

Leiza Rodríguez, que tiene un pequeño negocio familiar de atención diurna para adultos mayores en Homestead, al sur de Miami, dijo que repentinamente a uno de sus cuatro empleados, un cubano que había llegado hacía poco menos de dos años a través del programa de parole humanitario conocido como CHNV, “le quitaron el permiso de trabajo”. El hombre conducía el autobús que busca diariamente a los clientes, unos 25, de sus casas para llevarlos al local, una función clave del negocio. Rodríguez tuvo que “moverse rápido” para reemplazarlo, pero el puesto requiere chequeos de antecedentes, pruebas de drogas, y otros trámites que toman tiempo. “Perdimos dinero”, dijo.

“Mucha gente que conozco, incluyendo otros negocios, se han visto afectados”, dijo Rodríguez, que tiene el centro de cuidados desde 2011. Todos sus empleados han tenido siempre “permiso de trabajo y los papeles en regla”, incluyendo los que tenían “asilo o parole”, agregó.

El Gobierno de Trump revocó en abril el estatus legal de medio millón de personas que llegaron a EE UU a través del programa CHNV y de otros cientos de miles que entraron usando el programa de CBP One. También canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para medio millón de haitianos, unos 600.000 venezolanos y decenas de miles de hondureños y nicaragüenses. En Florida, donde existe una de las poblaciones más grandes de adultos mayores del país, el gobernador Ron DeSantis ha intentado colocarse a la vanguardia nacional contra los inmigrantes, impulsando acuerdos con las autoridades locales para arrestar personas por su estatus migratorio, construyendo nuevos centros de detención como el infame Alligator Alcatraz e impulsando políticas restrictivas que han sido impugnadas en los tribunales.

“A pesar de que la Administración afirma que está enfocándose en los criminales, sabemos que todos los inmigrantes están bajo amenaza, con comunidades enteras siendo aterrorizadas”, dijo Leslie Frane, vicepresidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), el mayor sindicato de trabajadores de la salud del país, con casi 2 millones de miembros. “Podemos ver especialmente el efecto paralizante en todo nuestro sistema de atención. Tres de cada diez trabajadores de cuidado en el hogar son inmigrantes, y el 21% de los asistentes de enfermería también lo son” a nivel nacional, agregó. Constituyen una fuerza laboral esencial que ha sido en gran parte invisible, pero que permite que millones de estadounidenses trabajen, prosperen y vivan con dignidad, incluidos niños, personas mayores y personas con discapacidades”.

Lisa Sanders, de LeadingAge, una influyente organización que representa a entidades sin fines de lucro que atienden a personas mayores, dijo que uno de los miembros en Florida tuvo que despedir 10 personas tras la cancelación del CHNV, y anticipa que tendrá que despedir más cuando expire el TPS de los haitianos en febrero de 2026. Otro miembro, Rachel Blumberg, de Toby & Leon Cooperman Sinai Residences, en Boca Ratón, al norte de Miami, pronosticó que con la terminación del TPS corrían el riesgo de perder el 8% de sus 430 empleados.

“Estas son personas que están trabajando legalmente, trabajando duro, pagando impuestos, contribuyendo a sus comunidades”, dijo Sanders, y agregó que miembros en todo el país están enfrentando esta situación, incluso algunos que “no quieren hablar porque no desean atraer atención y están preocupados por el bienestar de su personal”.

Un riesgo para los adultos mayores

En una carta el 30 de abril a la secretaria del DHS, Kristi Noem, LeadingAge dijo que la eliminación de protecciones como el TPS para Haití y Venezuela, así como del programa de CHNV, podía poner en riesgo a los adultos mayores al desestabilizar la fuerza laboral que los cuida. “Estas acciones por parte de la Administración actual están obligando a miles de trabajadores capacitados y comprometidos a abandonar sus funciones, y generan incertidumbre para muchos más. El resultado final es un agravamiento aún mayor de la ya crítica escasez de personal en los servicios de atención a personas mayores”, escribió Katie Smith Sloan, presidenta y directora ejecutiva de LeadingAge, e instó al DHS “a revertir estas decisiones perjudiciales” y “crear vías sostenibles y permanentes para los trabajadores nacidos en el extranjero que son esenciales para la infraestructura del sistema de salud” de la nación.

Los trabajadores nacidos en el extranjero representan el 31% de la fuerza laboral en atención domiciliaria, el 21% de los asistentes de cuidado residencial, el 21% de los asistentes de enfermería y el 30% del personal de limpieza y mantenimiento en hogares de ancianos, dijo un portavoz de LeadingAge. “Para un sector como el nuestro, perder a estos cuidadores es un golpe profundo. ¿Por qué el Gobierno estadounidense obligaría a nuestros miembros a despedirlos? No tiene sentido”, agregó.

Sanders explicó que el sector ha enfrentado durante mucho tiempo desafíos relacionados con tasas de reembolso de Medicaid —el programa de seguro médico del Gobierno para personas de bajos ingresos— por los servicios prestados. El costo de los servicios está directamente relacionado con el reembolso que reciben los proveedores, muchos de los cuales funcionan sin fines de lucro. Los salarios están directamente relacionados con los costos y los reembolsos, y algunos miembros recurren a la filantropía para cubrir las necesidades, explicó.

Por otro lado, aseguró que existe una “incuestionable relación que existe entre el personal y la calidad de la atención”.

Una investigación científica del Pension Research Council de la Wharton School (Universidad de Pensilvania) vinculó la falta de personal a un mayor uso de sedantes en pacientes con demencia o comportamiento difícil en residencias de adultos mayores. El estudio señaló que, al aumentar el personal, se reducía el uso de medicamentos antipsicóticos. Según los investigadores, muchas residencias con fines de lucro utilizan sedantes como una forma de control cuando no cuentan con suficiente personal debido a que “los pacientes bajo contención química requieren menos trabajo”, permitiendo operar con menos personas.

“Si las políticas migratorias restringen el acceso a un segmento clave de la fuerza laboral en el cuidado a largo plazo, la escasez de personal podría empeorar, amplificando los riesgos que hemos identificado”, dijo el profesor Jong Myeong Lim, de la Universidad de Miami, uno de los autores del estudio. “Estudiar cómo se cruzan las políticas laborales y migratorias más amplias con la calidad del cuidado y los riesgos de abuso en los hogares de ancianos es tanto oportuno como crucial”.

Otros miembros de LeadingAge han señalado que sus empleados extranjeros representan entre el 40% y el 75% de su personal, muchos de los cuales llevan años trabajando legalmente en el país y ocupan funciones esenciales, y perderlos tendría un impacto crítico en la atención a miles de adultos mayores. Las organizaciones describieron una carga emocional creciente entre el personal, que vive con incertidumbre y miedo, y afirmaron que estos trabajadores no son solo cifras, sino colegas, amigos y miembros valiosos de la comunidad.

Algunos han tomado medidas como contratar abogados de inmigración “para navegar estos problemas y buscar otras vías legales” para que permanezcan en el país, indicó el portavoz, sin dar detalles. “Cada empleado perdido debe ser reemplazado. Hasta que eso suceda, los proveedores deben tomar decisiones difíciles. ¿Tendrán que reducir la cantidad de camas disponibles en un hogar de ancianos porque no tienen suficiente personal?”, señaló.

“Este problema tiene un impacto tanto inmediato como a largo plazo: con menos trabajadores nacidos en el extranjero autorizados para trabajar aquí, ¿cómo se llenará la brecha”, agregó.

La Asociación Estadounidense de Atención Médica y el Centro Nacional de Viviendas Asistidas (AHCA/NCAL), que representa a proveedores de atención a largo plazo, dijo que “los inmigrantes representan una parte significativa de la fuerza laboral en el cuidado a largo plazo” y que han apoyado la simplificación de las vías legales para que cuidadores internacionales puedan integrarse al sistema, para fortalecer esta fuerza laboral y “prepararse para la creciente demanda de cuidados a largo plazo”.

Frane, de SIEU, agregó que “si consideramos que 10.000 estadounidenses cumplen 65 años cada día, queda claro que nuestra economía del cuidado es completamente insostenible sin una fuerza laboral inmigrante. A medida que más trabajadores inmigrantes pierden su protección, las familias se verán privadas del cuidado del que dependen y el costo de ese cuidado se disparará para todos nosotros”.