Un juez federal bloquea el intento del Gobierno de Trump de acabar con el TPS de medio millón de haitianos

Decisión que toma el Gobierno de Donald Trump, decisión que bloquea un juez federal. Mientras que el Tribunal Supremo continúa entregando victoria tras victoria al presidente, las cortes inferiores siguen plantándole cara a la Administración del magnate, especialmente en casos que tengan que ver con su política migratoria. El último revés llegó la noche de este martes, cuando un magistrado federal de Nueva York bloqueó el intento del Departamento de Seguridad Nacional de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para medio millón de haitianos que ya están en el país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la semana pasada que adelantaría la expiración de este programa, prevista para febrero de 2026, al próximo 2 de septiembre, fecha en la que más de 500.000 haitianos quedarían expuestos a la deportación. Sin embargo, el juez federal Brian Cogan consideró que dicha decisión era “ilegal”, “dado que la secretaria Noem no tiene autoridad legal ni inherente” para “anular la designación del TPS de un país”.

El TPS es un programa que otorga un permiso de trabajo temporal a los extranjeros cuyos países sufren condiciones extraordinarias y temporales de inseguridad, socioeconómicas y humanitarias, como las derivadas de un conflicto armado o un desastre natural. No ofrece una vía para conseguir la nacionalidad estadounidense. En el caso de Haití, sus ciudadanos pueden acceder al programa desde 2010. El Gobierno estadounidense inicialmente incluyó al país en el programa tras el devastador terremoto de ese año, pero el estatus ha sido renovado en varias ocasiones desde entonces a medida que la situación social y política en Haití empeoraba.

El expresidente demócrata Joe Biden fue el último en renovar el programa hasta al menos el 3 de febrero del próximo año. En su decisión, el Gobierno citó la grave crisis política, social y económica en el país, donde, según la ONU, en 2024 más de 5.000 personas fueron asesinadas por pandillas y grupos paramilitares que han tomado el control de varios territorios, incluida la capital. En lo que va de este año, ya se han reportado más de 2.680 muertos, incluyendo 54 niños. Se estima que la mitad de la población padece hambre aguda y más de un millón de personas han sido desplazadas por la violencia interna.

La Administración Trump, sin embargo, considera que las condiciones en Haití “han mejorado lo suficiente” para que sus ciudadanos puedan “regresar de manera segura”, por lo que el país “ya no cumple con los requisitos legales” para la designación del TPS, indicó Noem la semana pasada. Según la secretaria de Seguridad Nacional, “que los ciudadanos haitianos permanezcan temporalmente en Estados Unidos va en contra del interés nacional”. Su anuncio de que acabaría con el programa se produjo tan solo tres días después de que el Departamento de Estado pidiera a los ciudadanos estadounidenses en Haití abandonar el país “lo antes posible” ante la escalada de violencia.

El marco del TPS establece que al menos 60 días antes de expirar la última expansión, que en este caso era en febrero 2026, el Gobierno revise las condiciones en el país y determine si respaldan que continúe la protección temporal. Pero Noem acortó unilateralmente el periodo por seis meses al decidir acabar con el programa.

“La secretaria Noem no puede reconsiderar la designación de TPS para Haití de una manera que entre en vigor antes del 3 de febrero de 2026, fecha de vencimiento de la extensión más reciente”, escribió el juez Cogan en su decisión de 23 páginas. “Cuando el Gobierno concede un beneficio por un período de tiempo determinado, el beneficiario puede razonablemente esperar recibir ese beneficio al menos hasta el final de dicho período”, añadió el magistrado, citando el hecho de que muchos beneficiarios del programa “se han inscrito en escuelas, aceptado empleos y comenzado tratamientos médicos en Estados Unidos” confiando en que tendrían el estatus hasta el próximo año.

La Casa Blanca afirma que apelará el fallo. “Los tribunales de distrito no tienen autoridad para prohibir al Poder Ejecutivo aplicar las leyes de inmigración ni para poner fin a programas temporales discrecionales de beneficios”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado. Agregó que la Administración “confía en que esta orden ilegal tendrá el mismo destino que otras medidas cautelares similares en el Tribunal Supremo. Y el presidente Trump continuará cumpliendo sus promesas de poner fin al abuso de nuestro sistema migratorio”.

En mayo, el Tribunal Supremo permitió al Gobierno de Trump retirar el TPS a 350.000 venezolanos, exponiéndolos a la deportación. La orden suspendió un fallo de un juez federal de San Francisco que mantenía las protecciones legales vigentes. Está por verse hasta dónde llega este bloqueo por parte del magistrado Cogan, puesto que la alta corte limitó la semana pasada el poder de los jueces federales para oponerse a la agenda del presidente.