La Administración Trump entregará al ICE los datos personales de 79 millones de beneficiarios de Medicaid

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrá acceso a los datos personales de las 79 millones de personas inscritas a Medicaid, el seguro médico del Gobierno para personas de bajos recursos e ingresos. Los agentes de la agencia federal usarán la información para localizar a inmigrantes que se encuentren en el país de forma irregular para acelerar la maquinaria de deportaciones del presidente Donald Trump.

La información de los beneficiarios del programa federal y estatal será compartida con el ICE en virtud de un pacto entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) firmado el pasado lunes, según AP, que tuvo acceso al acuerdo que aún no se ha hecho público. Los agentes de inmigración utilizarán esos datos para identificar y ubicar a inmigrantes indocumentados, según el documento citado por la agencia de noticias.

Con la base de datos de Medicaid, los funcionarios del ICE tendrán acceso a los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, información étnica y racial, así como los números del Seguro Social de todas las personas inscritas al programa. Según AP, el acuerdo entre el DHS y los CMS no permite que los agentes de inmigración descarguen los datos de cada persona. En cambio, se les permitirá acceder a la información por un período limitado hasta el 9 de septiembre.

No está claro si el DHS ya ha accedido a la información de los CMS. La subsecretaria del departamento, Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado a AP que ambas agencias “están explorando una iniciativa para garantizar que los inmigrantes ilegales no reciban beneficios de Medicaid destinados a los estadounidenses que respetan la ley”.

Cabe aclarar que aquellos inmigrantes que no residen legalmente en Estados Unidos no pueden inscribirse en el programa de Medicaid, que es financiado conjuntamente por el Gobierno federal y los Estados. Para cualificar, un inmigrante debe estar en el país de forma regular y encajar en una de las varias categorías establecidas por el propio Gobierno. Estas incluyen refugiados, asilados, personas que hayan tenido parole al menos un año, personas a quienes se les ha concedido la suspensión de deportación o víctimas de trata de personas, entre otras.

Sin embargo, la ley federal exige que todos los Estados ofrezcan Medicaid de emergencia, una cobertura temporal que paga únicamente por servicios vitales en salas de emergencia a cualquier persona, incluyendo a personas que no sean ciudadanas estadounidenses. Inmigrantes lo usan con frecuencia, tengan o no estatus legal en el país.

Además, siete Estados —todos gobernados por demócratas— permiten que no ciudadanos tengan acceso total al programa estatal de Medicaid en sus respectivos territorios. Este es el caso de California, Nueva York, Colorado, Washington, Oregón, Illinois y Minnesota. Los Estados lanzaron estos programas durante la Administración del expresidente Joe Biden y aseguraron que no facturarían al Gobierno federal para cubrir los costos de atención médica de los inmigrantes que hicieran uso de ellos.

En junio, la Administración Trump ordenó a los funcionarios de Medicaid en algunos de estos Estados —California, Illinois y Washington— y en Washington D. C., que también permite a los inmigrantes inscribirse en su programa, entregar los datos de millones de beneficiarios a oficiales del ICE. Y a principios de este mes, 20 Estados demandaron al Gobierno del republicano, alegando que había violado las leyes federales de protección de la privacidad de la salud con ello.

Este nuevo acuerdo es solo la última escalada en la cruzada antiinmigrante de la Administración de Trump, quien pretende deportar a un millón de personas en su primer año de mandato. Además de las redadas que se están llevando a cabo de forma constante en todo el país, el Gobierno del republicano ha recurrido a otras opciones para aumentar las cifras de detención y deportación, incluyendo la cancelación de programas que otorgaban a miles de inmigrantes protecciones legales contra la deportación. Otro pacto similar a este se hizo público en abril pasado, cuando el IRS (la agencia tributaria) también acordó compartir sus datos con el ICE para que esta agencia pudiese rastrear a indocumentados.