La supremacía federal en migración, un cuchillo de doble filo para Trump blindado por el Tribunal Supremo

Siete Estados actualmente tienen o están intentando pasar leyes que penalizan o criminalizan la entrada de migrantes. Todas han sido bloqueadas, suspendidas o están pendientes de litigio, impugnadas por ser inconstitucionales. El Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto y ya ha tumbado algunas, más recientemente la semana pasada una de Florida. A pesar de que estas leyes están firmemente en línea con la agenda migratoria del presidente Donald Trump, para los magistrados, el contenido es secundario, el punto de la cuestión es que los Estados individuales no pueden legislar sobre migración. Según la Constitución, este ámbito es de jurisdicción exclusiva del Gobierno federal. Esto es lo que se conoce como la supremacía federal, un cuchillo de doble filo que de la misma manera impide que un Estado abra sus puertas a inmigrantes o que otro las cierre más drásticamente aún.

El caso de Florida comenzó en febrero, cuando la legislatura estatal, controlada por los republicanos, aprobó la ley SB 4-C en una sesión especial. La ley, que permite arrestar a migrantes sin documentos que entren al Estado desde otras entidades, buscaba impulsar localmente las políticas migratorias del Gobierno nacional de Trump, pero fue rápidamente impugnada en los tribunales. A comienzos de abril, una jueza federal suspendió su aplicación, señalando que posiblemente era inconstitucional. De todas maneras, al menos dos personas fueron acusadas erróneamente en virtud de la ley, reportó este miércoles la AP.

El fiscal de Florida, James Uthmeier, dio deliberadamente permiso a las fuerzas del orden para desobedecer la decisión de la corte, y fue declarado en desacato. Uthmeier sostuvo que la ley estatal no estaba en conflicto, sino que cumplía con la ley federal, y pidió al Tribunal de Apelaciones revocar la decisión de la jueza e hizo una solicitud de emergencia al Tribunal Supremo en junio. Hace unos días la mayor corte del país, que en el último mes le ha dado numerosas victorias a Trump, rechazó los argumentos de Uthmeier: un Estado no puede legislar sobre migración independientemente.

En la apelación, Florida alegó que los Estados “conservan una autoridad soberana inherente para proteger a sus ciudadanos colaborando en la aplicación de la ley federal de inmigración”, y que Florida buscaba “ayudar a Estados Unidos a frenar la inmigración ilegal”. El Supremo ha considerado que aunque el objetivo sea “ayudar” a la agenda del Gobierno federal, la Constitución es clara y la migración es competencia federal.

Es una cuestión de larga data. El caso más emblemático es el de Arizona, que en el 2010 pasó una ley que requería que la policía verificara el estatus migratorio durante paradas rutinarias, si sospechaban que alguien era indocumentado. La ley fue suspendida por el Tribunal Supremo, tras determinar que el Gobierno federal tiene autoridad exclusiva sobre la admisión y deportación de inmigrantes, explica Kevin Johnson, profesor de derecho de la universidad UC Davis, en California, quien ha escrito extensamente sobre el tema.

“Los Estados no pueden tener sus propias leyes de inmigración”, dice Johnson. “El Gobierno de Estados Unidos puede permitir que los Estados colaboren en la aplicación de leyes migratorias de ciertas maneras. Sin embargo, la regulación de la inmigración es competencia exclusiva del Gobierno federal. La ley federal es la ley suprema del país bajo la cláusula de supremacía de la Constitución. Es decir, las leyes estatales de inmigración son desplazadas por la ley federal de inmigración”, agrega.

Este año, el Estado de Florida se ha tratado de colocar a la vanguardia de la ofensiva antiinmigrante en el país, impulsando redadas, colaboración con las autoridades locales y la construcción de nuevos centros de detención cargados de simbolismo como el ya infame Alligator Alcatraz. Ha sido parte de un esfuerzo más amplio para apelar a los simpatizantes del presidente Trump, e incluso a él mismo, adoptando medidas apoyadas por el movimiento MAGA.

El profesor Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute, un centro de estudios independiente especializado en políticas migratorias, dice que el intento de Florida con la SB 4-C, a pesar de los precedentes legales, denota una clara “motivación política”. “Parece haber sido más un intento de enviar un mensaje político”, dijo Chisthi, “como quien ladra, pero no muerde”. “El fiscal general [James Uthmeier] estaba tuiteando en tiempo real: ‘Aunque me declaren en desacato, estoy orgulloso de haber hecho esto’, esencialmente diciendo ‘estamos a favor de la aplicación de la ley, incluso más firmemente de lo que el presidente Trump quisiera”.

El análisis del Supremo es de preeminencia, explica el profesor. Por ejemplo, antes de 1996, algunos Estados tenían sus propias leyes para empleadores que contrataban a trabajadores indocumentados. El tribunal dictaminó en su momento que podían hacerlo, ya que no existía un conflicto con la ley federal. Pero en 1996 el Congreso pasó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal (IIRIRA), que endureció significativamente las políticas, especialmente para inmigrantes indocumentados. El posterior fallo de Arizona es consistente con esa ley.

“El caso de Arizona es el ejemplo emblemático en materia de política migratoria, esencialmente por los mismos fundamentos que el de Florida”, apunta Chishti. Johnson, de UC Davis, dijo que el fallo de Florida “envía un mensaje claro de que no va a alterar la primacía federal en materia de inmigración” y que los otros Estados “deberían tomar nota de la decisión”.

Actualmente, además de Arizona y Florida, Alabama, Georgia, Texas, Iowa y Tennessee tienen leyes o propuestas que están impugnadas por ir en contra de la supremacía federal en materia migratoria. Es improbable que muchas aguanten el análisis del Supremo, aunque algunas, las más ligeras, como la de Georgia, que se limita a establecer la cooperación de las fuerzas estatales en la aplicación de leyes federales, es posible que sí se sostengan.

Del otro lado, los Estados y ciudades demócratas que estén pensando las maneras en las que puedan resistir la cruzada trumpista contra los migrantes y defender a sus residentes, también tomarán nota.