Tennessee criminaliza a quienes ofrezcan albergue a los migrantes indocumentados

Una de las estrategias que ha seguido el Gobierno de Donald Trump para reforzar su ofensiva contra la inmigración ha sido la de enfrentar al resto de la población contra los indocumentados, a quienes ha colocado la etiqueta de delincuentes peligrosos aunque la mayoría carezca de antecedentes penales. Desde el 1 de julio, Tennessee ha dado un paso más y cualquier persona que dé cobijo a un migrante sin papeles estará cometiendo un delito. Es así porque entró en vigor la ley 392 del Senado, que penaliza a cualquier persona que “albergue u oculte, o ayude a otra a albergar u ocultar, dentro de este Estado, a un individuo del que la persona sabe o debería haber sabido que ha ingresado o permanecido ilegalmente en los Estados Unidos”. La ley estipula multas de 1.000 dólares por cada indocumentado que se albergue.

La vaguedad de los casos a los que se refiere la norma ha hecho saltar las alarmas entre los expertos en inmigración, que advierten que podría afectar a las organizaciones que les ayudan, las iglesias que les dan cobijo o incluso a familiares con los que conviven. Un mexicano residente legal en el país, que teme ser procesado por brindar refugio a su hija y a su yerno, el propietario de una casa alquilada a unos indocumentados y el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América han presentado una demanda contra la legislación.

“La ley parece tipificar como delito que un propietario alquile un apartamento a inmigrantes que entraron o permanecieron en Estados Unidos ilegalmente, según ICE; que unos padres proporcionen alojamiento a un hijo indocumentado que ayuda a pagar las cuentas; que una organización benéfica proporcione refugio a inmigrantes indocumentados, si la organización benéfica recibe donaciones o subvenciones para apoyar esa labor; y que una iglesia albergue a dichos inmigrantes dentro de su edificio para el culto, una comida compartida, una clase de inglés como segundo idioma o una capacitación sobre sus derechos, si la iglesia recibe donaciones para apoyar esa labor”, se lee en la demanda, presentada el 27 de junio.

El Sínodo también afirma que la Sección 5 de la norma viola los derechos de sus iglesias, pastores y congregantes amparados por la Primera Enmienda para el libre ejercicio de su religión y la libertad de asociación con migrantes con fines religiosos.

Los responsables de introducir la ley en la Cámara de Representantes y el Senado de Tennessee, el representante Chris Todd y el senador Brent Taylor, respectivamente, han querido calmar los ánimos descartando que se refiera a los familiares, especificando que el delito solo se comete si se recibe una compensación por el servicio prestado al migrante.

En su demanda, el Sínodo explica que durante más de un año, dos solicitantes de asilo venezolanos vivieron en la iglesia. No les ocultaba, pero sí les brindaba refugio y recibía donaciones para ello. Asimismo, la iglesia posee una pequeña casa que ha utilizado de forma intermitente para brindar albergue a refugiados, recientemente a una familia afgana. El Sínodo asegura que la iglesia no revisa los documentos de nadie y que “tiene la intención de seguir brindando refugio a los inmigrantes de esta manera en el futuro”. También ha realizado campañas de donación para ayudar a amueblar apartamentos para migrantes y ha brindado asistencia para el alquiler.

La aclaración de los legisladores no convence a los expertos, que temen que el impacto sea grande en la comunidad. La ley solo especifica que se excluirán de las multas a los abogados que les brinden servicios y a los centros de salud donde acudan para recibir asistencia médica.

La normativa “no mejora la vida de los habitantes de Tennessee ni protege la seguridad pública, sino que busca enfrentar a los vecinos”, declaró Spring Miller, directora de estrategia legal de la Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC, por sus siglas en inglés). “Obliga a las organizaciones religiosas a elegir entre seguir sus valores o alinearse. Obliga a los familiares —cónyuges, hermanos e incluso padres— a temer que el simple hecho de vivir bajo el mismo techo con un ser querido sin estatus legal pueda llevarlos a la cárcel. Esto no son solo consecuencias imprevistas de una mala política. Se trata de usar la ley para infligir crueldad y control”, señaló Miller en un comunicado.

La TIRRC, el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Facultad de Derecho de Georgetown y el Consejo Americano de Inmigración (MPI) presentaron la demanda en el tribunal de distrito de Tennessee.

Nuevo año fiscal, nuevas leyes

Con la llegada del mes de julio, que marca el comienzo del año fiscal para 46 Estados, también han entrado en vigor otras leyes en Estados gobernados por republicanos afines a los deseos de Trump.

Indiana ha promulgado una ley que exige que las cárceles de los condados informen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre los detenidos que no tienen estatus legal, siguiendo el ejemplo de otros Estados como Georgia y Utah, que ya lo hacían.

Otras legislaciones que entran en vigor con el año fiscal se refieren a la libertad de género, que han adoptado Ohio y Iowa. En el primero, los padres podrán retirar a sus hijos de clases que incluyan contenido sobre “conceptos sexuales o ideología de género”. Además, los docentes deberán informar a los progenitores si sus hijos solicitan ser identificados con un género diferente al biológico en la escuela. Iowa, a su vez, está eliminando la identidad de género de su código de derechos civiles.

De acuerdo a la cruzada de Trump contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), Indiana las prohíbe en universidades y agencias estatales y Misisipi lo ha hecho en las escuelas.

Por su parte, Indiana y Georgia han prohibido la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos.

También en consonancia con las órdenes ejecutivas de Trump, Florida se ha convertido el primer Estado en reconocer oficialmente el Golfo de América, en lugar del hasta ahora conocido como Golfo de México.