Inmigrantes indocumentados temen acudir a los refugios de emergencia ante la temporada de huracanes en Florida

Florida es el epicentro de los huracanes en Estados Unidos. Casi la mitad de los ciclones que llegan al país tocan tierra en la península, asentada entre las cálidas aguas del Golfo de México y el océano Atlántico. La mayoría se detectan con cierta antelación, y con frecuencia el Estado emite órdenes de evacuación para millones de personas.

No obstante, hay un largo historial de muertes relacionadas con los huracanes. En 2022, Ian azotó el condado de Pinellas, en la costa oeste, con olas de más de cinco metros que dejaron 150 fallecidos. En 2023, Idalia impactó el Big Bend, al norte de Tampa, causando una docena de muertes; el año pasado, Helene hizo lo mismo. Las autoridades estatales y locales han destinado millones de dólares en minuciosos planes de contingencia que incluyen información, albergues, suministros y rescate para la temporada de huracanes en el Atlántico —desde el 1 de junio al 30 de noviembre.

Pero mientras se intensifica la actividad ciclónica de esta temporada, activistas proinmigrantes están preocupados de que, en caso de huracán, muchas personas en situación migratoria irregular evitarán buscar refugio por miedo a las autoridades en medio de una ofensiva antiinmigrante en Florida impulsada por el Gobernador Ron DeSantis, con la venia del presidente Donald Trump.

“El nivel de miedo que tienen las personas podría ponerlas en una posición de arriesgar sus vidas, solo para evitar ser arrestadas y deportadas”, dijo Tessa Petit, de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés). La organización lleva años tratando de “convencer a la gente de buscar refugios” en caso de huracán, agregó Petit, pero el temor ha aumentado al punto de que ahora “muchos tienen miedo incluso de estar en lugares públicos”.

En años anteriores, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) solían publicar avisos informando que no se harían redadas de inmigración en los albergues de huracanes. La FLIC usaba esos anuncios para animar a la gente a buscar refugio, pero ahora “no sabemos si esta Administración hará lo mismo”, dijo Petit. “Incluso si lo dicen, la gente no va a confiar en ellos”.

Durante años, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) mantuvo una política que evitaba las redadas en lugares considerados “sensibles”, como escuelas, hospitales, y refugios para huracanes. Pero en enero, tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca, el Gobierno revocó ese memorando, una medida que ha sido impugnada en los tribunales. El ICE no respondió a una solicitud de comentarios sobre operaciones de control migratorio en los refugios para huracanes o cerca de ellos durante una emergencia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tampoco respondió.

La desconfianza en las autoridades es de vieja data entre las comunidades inmigrantes. En 2017, antes de la llegada del huracán Irma, el entonces senador Marco Rubio dijo que los trabajadores agrícolas del centro de Florida tenían miedo de evacuar, pero que no debían temer buscar refugio. Rubio y el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, afirmaron que las autoridades de inmigración no iban a perseguir a los migrantes indocumentados. Sin embargo, muchos evitaron los refugios del Gobierno y recurrieron a vecinos e iglesias.

Pero en los últimos meses cientos de miles de inmigrantes se han quedado de la noche a la mañana sin estatus legal, después de que el Gobierno de Trump rescindiera programas humanitarios y cancelara protecciones temporales a ciudadanos de varios países. Muchos viven en el sur de la Florida, donde los parques de casas móviles son una de las pocas alternativas de vivienda asequible para inmigrantes de pocos recursos, incluyendo hispanos y haitianos, según grupos de estudio. Las casas móviles son particularmente vulnerables a los ciclones. Estudios indican que apenas la mitad de los residentes de ellas evacuarían a refugios públicos.

La mayoría de las muertes por huracanes están relacionadas con el agua, no los vientos. El aumento del nivel del mar durante una tormenta —conocido como marejada ciclónica— es el componente más letal. Casi toda la costa de ambos lados de la península, donde están las principales urbes, se considera zona de alto riesgo. Amplias áreas del condado Miami-Dade, especialmente comunidades costeras o cerca de canales, están designadas como “zonas especiales de riesgo de inundación”, que deben evacuar. Muchos parques de casas móviles están ahí.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Miami-Dade habilita albergues temporales en escuelas y otros edificios de concreto, donde se colocan catres, baños portátiles y generadores, y se refugian miles de personas. El 70% de los residentes de Miami-Dade se identifican como hispanos, según cifras oficiales. Las autoridades condales dijeron que a nadie que busque refugio se le pide identificación o se le cuestiona su estatus migratorio. La policía de Miami-Dade custodia los refugios.

Como parte de la ofensiva estatal contra los inmigrantes, DeSantis ha impulsado la adopción de acuerdos entre las autoridades locales y federales para actividades de control migratorio, como redadas, buscando satisfacer la petición de Trump de detener 3.000 inmigrantes por día. Más de 200 cuerpos policiales en el Estado han adoptado estos convenios, conocidos como 287(g), incluyendo la policía de Miami-Dade.

Un portavoz de la Policía condal dijo que los agentes asignados a los refugios “están allí para garantizar la seguridad de todos” y “asistirán a cualquier socio local, estatal o federal si así lo solicitan, como siempre ha sido nuestra práctica”.

José Ernesto, un ex paramédico que trabajó en labores de rescate en parques de casas móviles en los Cayos, al sur de Miami, y pidió no dar su nombre completo por no estar autorizado a hablar de la operación, dijo que las autoridades no pueden obligar a las personas a desalojar, y muchos eligen quedarse en sus viviendas sabiendo que arriesgan su vida. No obstante, dijo que entendía “que la gente no quiera meterse en un shelter” por temor a agentes de inmigración. Si bien las autoridades “no pueden discriminar a nadie porque es un problema de vida o muerte”, “cuando te metes en un lugar de esos, no sabes cómo vas a salir”, apuntó.

“Ahí es donde está el tema. El miedo a que chequeen esos lugares”, agregó.

Un portavoz del condado de Pinellas, en la costa oeste, donde azotó Ian, dijo que “aunque existe un proceso de registro al llegar a un refugio —que puede incluir pedir una identificación y hacer preguntas básicas como nombre y dirección—, nadie será rechazado por no tener identificación o por no completar la información". Añadió que “si alguien no se siente cómodo yendo a un refugio público”, recomendaba buscar un amigo o familiar que viva fuera de las zonas de evacuación y quedarse con ellos.

Esta temporada de huracanes también puede ser la última vez que funcione la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos, que brinda ayuda financiera tras catástrofes, promueve la educación ciudadana y coordina evacuaciones y rescates junto a autoridades locales. La Administración Trump ha sugerido desmantelar FEMA después de esta temporada, lo que implicaría que los Estados y gobiernos locales deberán asumir mayores gastos ante desastres. Recientemente, el Gobierno canceló un programa de subvenciones federales argumentando que era “político y derrochador”. Pero, por otro lado, decidió usar fondos de un programa de FEMA para albergues que gestiona el DHS para financiar un nuevo centro de detención de inmigrantes en los Everglades.

Thomas Kennedy, de la FLIC, dijo que la organización está buscando llamar la atención del Estado, los congresistas locales y FEMA, pero “desafortunadamente es el propio Gobierno el que está formando este caos”.