Los menores inmigrantes no acompañados se enfrentan a crecientes obstáculos por la mano dura de la Administración Trump

Este artículo ha sido publicado conjuntamente por Puente News Collaborative en asociación con palabra y la Craig Newmark Graduate School of Journalism at the City University of New York (CUNY). Puente News Collaborative es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la información, organización y financiación de noticias de calidad y rigor informativo enfocadas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los menores migrantes que cruzan la frontera sin un padre o tutor están cada vez más en el punto de mira de la Administración de Donald Trump. El resultado son niños que se enfrentan solos a jueces de inmigración, sin abogados que les representen; también se han endurecido los procesos para dejarles salir de un sistema de acogida que ha prolongado hasta más de cinco meses las estancias en albergues. A estas tensiones se suman el aumento de las detenciones a las puertas de los tribunales de inmigración, y las redadas que podrían afectar a sus familiares adultos, además de otros obstáculos.

El caos que todo esto supone para los niños y adolescentes puede comprobarse en los tribunales de inmigración en ciudades como Nueva York, El Paso y Phoenix.

“Estás aquí porque el Gobierno de Estados Unidos cree que debes ser expulsada de Estados Unidos”, dijo el juez Ubaid ul-Haq, vestido con toga negra, a una niña de la República Dominicana que le escuchaba por videoconferencia desde un albergue el pasado mes de mayo. “Mi tarea consiste en determinar si puedes ser expulsada de Estados Unidos”.

El juez, sentado en un tribunal de Manhattan, habló con precisión. Pero la adolescente parecía frustrada mientras un intérprete del tribunal traducía al español. La identidad de la menor se mantiene en secreto debido a la sensibilidad del caso.

“Para un adulto, es casi imposible manejarse por un tribunal de inmigración”, dice Michelle Ortiz, directora de servicios legales en Estados Unidos de la organización sin ánimo de lucro International Rescue Committee (IRC). “Imagínese un niño de 12 años, de 4 años, de 17 años. Es imposible presentar un caso sin un abogado”.

El endurecimiento de las políticas de inmigración se suma al trauma de los menores, dicen sus defensores. Independientemente de las creencias políticas de cada cual, añade Tatine Darker, abogada de inmigración del Church World Service en Nueva York, “deberíamos ponernos de acuerdo en dejar a los niños fuera de todo esto”.

Unos 26.000 menores vieron cómo se les retiraba la financiación para contratar abogados a finales de marzo, decisión que ha desencadenado una batalla legal en torno a una ley contra la trata de seres humanos que ha sembrado el caos. La medida recortó el presupuesto de unas 100 ONGs de todo el país que ayudaban a proporcionar representación legal directa a menores inmigrantes. Para los niños, todos ellos menores de 18 años, ese recorte significó tener que tomar decisiones en solitario sobre su propia defensa legal.

A finales de abril, la juez de distrito Araceli Martínez-Olguín dictó una medida cautelar para que volvieran a concederse los fondos destinados a la asistencia jurídica. La juez señaló que algunas ONGs ya habían empezado a despedir gente. Citando un amicus curiae —una opinión jurídica aportada por expertos ajenos al caso— la juez dijo que los niños sin abogado se enfrentan a un “mayor riesgo de explotación y trata de seres humanos”.

A mediados de mayo, un tribunal de apelación rechazó el intento de la Administración Trump de paralizar el fallo del tribunal inferior.

Una semana más tarde, un portavoz de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) declaró que “el Gobierno está en pleno cumplimiento de la orden del tribunal”. El portavoz de la agencia que supervisa los albergues dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) declinó hacer más comentarios, citando un litigio en curso.

Obstáculos

La interrupción de la financiación ha puesto en apuros a muchas ONGs, que también ayudan a las familias inmigrantes con los nuevos procedimientos más estrictos y con los “controles de bienestar” por parte de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los hogares y escuelas frecuentadas por menores no acompañados que han sido entregados a un familiar o tutor. El aumento de las detenciones a las puertas de los juzgados de inmigración, los llamamientos del Gobierno a la autodeportación, y las redadas en todo el país aumentan el estrés de los niños, que temen que nadie se ocupe de ellos si su patrocinador, normalmente un familiar, acaba detenido y deportado.

A principios de mes, en un tribunal de inmigración de Dallas, un abogado afirmó que su cliente —de cuatro años de edad— no pudo asistir a la vista porque su padre acababa de ser detenido por agentes de inmigración. Los asistentes sociales del niño comparecieron ante la juez Charissa Dvorak para confirmarlo. “Voy a renunciar a la presencia del niño”, dijo la jueza.

En el vestíbulo de un tribunal de inmigración de Phoenix, unos folletos en rojo, blanco y azul animan a los inmigrantes a autodeportarse, enumerando los beneficios —y las consecuencias de no hacerlo. Llevan el logotipo del Departamento de Justicia. “La autodeportación es segura. Márchate a tu aire eligiendo tu vuelo de salida”. Las consecuencias: “Posible encarcelamiento...”

En El Paso (Texas), en la organización católica sin ánimo de lucro Estrella del Paso, que presta servicios jurídicos a inmigrantes, su directora ejecutiva, Melissa López, intenta mantener unido a su personal jurídico. Su mayor preocupación son los niños. “Ahora, se encuentran sin las personas que solían responder a sus preguntas,” explica. “Y se sienten solos”.

Unas pruebas más estrictas de selección de patrocinadores ha disparado el tiempo medio de las estancias de menores en albergues financiados por el Gobierno. Según los datos del HHS, la duración media pasó de unos dos meses en diciembre de 2024 a más de cinco meses en mayo de 2025. Los defensores de los menores temen que la salud mental de los niños se vea afectada por estas estancias prolongadas en los albergues, mientras sus familiares o patrocinadores pasan las nuevas pruebas que les permitan llevárselos a casa.

Muchos de los obstáculos en el proceso de selección también han sido objeto de litigio. Recientemente, un juez federal ordenó que se volviera a los antiguos requisitos, pero los defensores de los menores afirman que es demasiado pronto para saber si esto reducirá el tiempo de estancia en los centros de acogida.

Sin abogados, los menores no acompañados se ven obligados a buscar costosos abogados privados. Solo en El Paso, los abogados de inmigración especializados en estos temas pueden cobrar de 5.000 dólares para arriba por un proceso legal que puede tardar hasta tres años en resolverse, explica López, de Estrella del Paso.

La financiación del Gobierno solo está garantizada hasta septiembre de 2025, dice Ortiz, del IRC, una organización con presencia en seis Estados. Lo que ocurra después sigue siendo incierto. “Estos casos duran años y años”, explica Ortiz. “Y si no sabemos si tendremos financiación después del 29 de septiembre, no podemos comprometernos más allá de lo que ya hemos hecho”.

En su recurso, los abogados del Gobierno federal dijeron que los demandantes pueden seguir representando a los niños con otros fondos, como por ejemplo los provenientes de donantes privados, o prestar servicios jurídicos pro bono. Pero López, de la ONG de El Paso, dice que debido a la gran cuantía de la financiación gubernamental, es difícil encontrar otra fuente de financiación de similar magnitud.

Perdidos en las audiencias virtuales

En mayo pasado, en el tribunal de inmigración de Varick, en Nueva York, un juez de inmigración dirigió su atención hacia una pantalla de vídeo en la que aparecían varios menores no acompañados. Una adolescente aún no había podido someterse a la prueba de ADN exigida por el Gobierno federal.

Sin representación legal directa, los menores no acompañados no tienen a nadie que les oriente sobre cómo responder cuando un juez les pregunta a qué país deberían ser deportados, una pregunta habitual en los procedimientos iniciales. López, de Estrella del Paso, explica que si responden a esta pregunta con su país de origen, el juez puede asumir que no corren peligro en ese país, lo que podría socavar su solicitud de asilo.

Ortiz, de IRC, advierte de que si los menores se presentan dos veces ante el tribunal sin abogado, el juez puede programar su audiencia final sin asistencia letrada, lo que les expone a un grave riesgo de deportación.

Tener un abogado marca una diferencia crucial para estos chicos. Un estudio realizado en 2025 por la Universidad de Chicago reveló que solo el 51% de los menores no acompañados tienen representación legal. Sin embargo, entre los menores cuyos casos fueron resueltos a su favor por un juez de inmigración, el 98% estaban representados por un abogado.

Más escenas de confusión judicial quedaron detalladas en un amicus curiae presentado en la demanda contra la paralización de la financiación. En este escrito de apoyo, cerca de 50 ex-jueces de inmigración explicaron por qué el asesoramiento jurídico ayuda a los menores a superar las complejidades legales y puede incluso contribuir a evitar que esos niños sean víctimas de la trata de personas.

Contaron cómo un menor de 14 años compareció solo ante un tribunal. Nervioso, inquieto y tratando de mantener la compostura, dijo al intérprete que quería regresar a su país de origen. El juez, alarmado por esta petición, concedió tiempo adicional para que el chico hablara con un abogado. En la siguiente vista, el menor, ahora con el apoyo de un abogado, reveló al juez que había sido llevado a Estados Unidos por una red de trata.

Los traficantes de personas de su país de origen le “estaban presionando para que regresara y así poder recuperar el control sobre él. Hasta que no tuvo la seguridad y la confianza de una relación abogado-cliente, tenía demasiado miedo para hablar”, relata el escrito. “Esa pausa crítica, esa pequeña ventana de tiempo para hablar con un abogado, bien puede haberle salvado la vida”.

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Con información de Nicol León desde El Paso, Nueva York y Phoenix, y de Gibran Boyce desde El Paso y Nueva York. Dianne Solis aportó información adicional desde Dallas.

Nicol León es una reportera freelance afincada en Nueva York. Está completando un master en Periodismo Bilingüe con especialidad en periodismo de datos en el Craig Newmark Graduate School of Journalism, CUNY. Anteriormente trabajó de periodista en Perú, donde cubrió temas laborales, de política y de derechos humanos. Su trabajo ha sido publicado en El País América, El País US y en Infobae. Desde junio es becaria en The Arizona Republic.

Gibran Caroline Boyce es periodista freelance afincada en Nueva York, donde estudia para un master en periodismo internacional en el Craig Newmark Graduate School of Journalism at CUNY. Licenciada por el Boston College, anteriormente trabajó como becaria de producción en CNN en Fareed Zakaria GPS. @gibranboyc

Dianne Solis es periodista freelance. Ha trabajado en la plantilla de The Dallas Morning News y The Wall Street Journal. Su trabajo ha salido en la radio pública KERA y en The Texas Standard. Ha cubierto temas de inmigración durante décadas. Fue Nieman Fellow en Harvard. @disolis

Alfredo Corchado es director ejecutivo de Puente News Collaborative y excorresponsal de The Dallas Morning News en México y en la frontera. Es autor de Midnight in Mexico y Homelands. Fue Nieman Fellow en 2009 en Harvard. @ajcorchado