Los controles del bienestar de los menores migrantes no acompañados deja a un centenar de niños sin hogar

La campaña contra la migración irregular emprendida por la Administración Trump no ha dejado nunca de lado a los niños. Las deportaciones sin el consentimiento de sus padres, la separación familiar, las trabas para ser acogidos en los hogares de los patrocinadores y la eliminación de la representación legal en los juzgados a los niños que llegaron solos a Estados Unidos son algunas iniciativas destinadas a los menores. Ahora, el “bienestar” de los niños es el objetivo de la campaña del Departamento de Seguridad Nacional en la que están involucradas varias agencias, incluido el FBI, y que consiste en visitar sin aviso previo los hogares de los niños indocumentados para comprobar que no están sufriendo maltrato o explotación. Generalmente, entre cuatro y seis agentes, a veces sin uniforme y armados, llaman a la puerta de los hogares para entrevistar a los menores y sus familiares.

“Estos controles de bienestar están sembrando miedo, pánico y confusión entre los niños y los miembros de la familia en todo el país. Numerosos menores han sido sometidos a procedimientos de deportación después de estas verificaciones, que por definición constituyen una medida de control migratorio”, afirma Jason Boid, vicepresidente de política federal en la organización Kids in Need of Defense (KIND).

Los defensores de los menores denuncian que el auténtico fin de los “controles del bienestar” no es otro que el de localizar más indocumentados, niños y adultos, para deportar. En dos meses, un centenar de niños han sido sacados de sus hogares y puesto bajo custodia federal porque los familiares con quienes vivían han sido detenidos o deportados, según reveló un funcionario federal que quiso mantener el anonimato a AP.

“No tengo paz”, declaraba recientemente al medio Honolulu Civil Beat, Juan, un inmigrante hondureño que figuraba como patrocinador de su sobrina adolescente, quien cruzó la frontera sur de Estados Unidos sola hace unos años.

El mes pasado, al regresar del trabajo, sus vecinos le informaron que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habían ido a buscarlo a él y a su sobrina. Ahora Juan y su familia —sus tres hijos nacidos en Estados Unidos asisten a escuelas en South Kona, Hawai— salen de casa al amanecer y se mantienen fuera hasta la noche. Su sobrina ya no va a la escuela.

Boyd sostiene que varios clientes de KIND que han pasado por los controles de bienestar temen ir a la escuela y presentarse a sus audiencias en los tribunales porque les preocupa que su participación en el sistema de inmigración o en otros foros pueda acarrear consecuencias como su deportación o la de sus familiares.

En Hawai se han registrado varios casos de familias deportadas como consecuencia de la visita del control de bienestar. Las preguntas a los menores incluyen cómo llegaron a Estados Unidos; si asisten a la escuela y dónde; si trabajan, dónde trabajan y qué tipo de trabajo realizan, además de pedirles información sobre sus padres y con quién viven actualmente.

Cuando llegan a Estados Unidos solos, los menores son dirigidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), donde permanecen hasta que un patrocinador se hace cargo de ellos. Pueden ser los propios padres, que ya se encontraban en Estados Unidos, otros familiares o, en último caso, personas que no pertenecen a su familia. En cualquier caso, se hacen verificaciones para determinar si los niños estarán en hogares seguros, aunque no siempre son tan rigurosos como para asegurar su bienestar, dicen los expertos.

Hasta marzo, se han entregado 23.784 niños que llegaron solos a sus patrocinadores. En todo el año pasado fueron 99.381, lo que supuso un descenso de los tres años precedentes.

La táctica del miedo

Además de para contribuir a la mayor deportación de la historia, que Trump pretende realizar, los críticos aseguran que los controles de bienestar sirven para extender el miedo entre los potenciales patrocinadores. “Quieren infundir temor para que la comunidad se angustie y diga: ¡Ay, Dios mío, si patrocinamos a un menor, van a venir a nuestra casa y van a encontrar a las personas que están indocumentadas y nos van a deportar!”, sostiene Gladis Molina, directora ejecutiva de The Young Center. Su organización ofrece apoyo a los menores que cruzaron la frontera solos y tienen que iniciar los trámites para solicitar asilo.

Molina cuenta que uno de los niños que atienden (no se da el nombre por protección), fue trasladado al centro de detención para migrantes en California desde Hawai, después de que su hermano mayor, que era quien le cuidaba, fuera deportado tras una de las inesperadas visitas de control. El menor, que es hondureño, ha regresado a un centro de detención, del que salió hace más de un año, desde donde seguirá su proceso migratorio.

Molina critica que muchos de los niños cuyos patrocinadores son detenidos están siendo trasladados a los centros de detención de migrantes, en vez de ser transferidos a las autoridades locales y sus centros para menores.

El HHs declaró en la red social X el mes pasado: “La ORR está analizando casi 65.000 informes sobre la preocupación por los niños migrantes no acompañados —la mayoría ignorados, muchos desestimados—. Cada uno de ellos una oportunidad perdida para proteger a un niño. Esto no es solo papeleo. Es un fracaso sistémico de la Administración Biden. Se trata de la vida de niños que se ponen en riesgo”. Y añadía: “La Administración Trump NO hará la vista gorda. Puede que el sistema haya fallado antes, pero no bajo nuestra supervisión. Estamos reconstruyendo la confianza, restaurando la rendición de cuentas y priorizando a los niños, justo donde deben estar”.

Explotación sexual

Un alto funcionario dio a AP el ejemplo de un hombre en Cleveland, que fingió ser el hermano de una niña de 14 años y coordinó su viaje de Guatemala a Estados Unidos. No se le tomaron huellas dactilares ni se le realizaron pruebas de ADN para verificar su afirmación. El hombre se declaró culpable de agresión sexual contra la menor en un tribunal estatal de Ohio en 2024 y fue condenado a ocho años de prisión.

El tráfico de menores y la explotación laboral y sexual son riesgos a los que se enfrentan los menores, tanto durante su viaje como en su destino final, Estados Unidos. Sus defensores critican, sin embargo, que los casos descubiertos justifiquen las visitas del control del bienestar. “No voy a decir que esos casos no se pueden dar, pero si se dan es como el 0,1% de las situaciones. No es en la mayoría de los casos, eso es el punto número uno. El número dos es que esas situaciones se tienen que identificar antes de dar a un menor de edad a un patrocinador. Y número tres, lo que estamos viendo es que la gente piensa que los oficiales federales van a venir a sus casas para deportarlos. Eso hace que se escondan y causan situaciones más vulnerables”, apunta Molina.

Ofensiva contra los niños

La ofensiva contra los menores migrantes no acompañados se ha acometido desde varios frentes. El gobierno ya canceló los fondos para que las organizaciones que les defienden dejaran de proveerles abogados, dejando a unos 26.000 niños sin representación legal. Una vez más, la actuación de la Administración fue errática, recuperando y volviendo a cancelar el programa. Un juez impuso que se mantuviera la financiación para evitar que los niños se presentaran solos en los tribunales. Pero la ansiedad y el miedo a enfrentarse solos a un juicio ya causó daños en los menores.

“Los niños pierden la esperanza de reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos o de recibir una oportunidad justa de buscar protección legal en el país. Esta desesperanza ha llevado, en muchos casos, a que los niños abandonen voluntariamente Estados Unidos y regresen a sus países de origen, a pesar de los peligros que corren en ellos”, dice Boyd.

La financiación de los servicios legales solo está garantizada hasta septiembre y hay serias dudas de que continúe después. Además, se han endurecido los requisitos para que los patrocinadores acojan a los menores, dificultando la reunificación con sus padres u otros familiares. Eso ha hecho que la media del tiempo que pasan los niños en los albergues bajo custodia de la ORR fuera en abril de más de 200 días, cuando seis meses atrás era de 64.