Sheinbaum viajará a Guadalajara tras la crisis de violencia por la caída del Mencho

Las salidas de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados tienen desde hace dos semanas destinos clave para el Gobierno mexicano, que batalla por lanzar un mensaje de tranquilidad en plena escalada de la violencia y con el Mundial a la vuelta de la esquina. El viernes pasado, la mandataria ofreció su conferencia matutina desde Sinaloa, el principal foco de preocupación del gabinete de seguridad cuando el Ejecutivo desembarcó en Palacio Nacional. Pronto fue desbancado por Michoacán, con el asesinato del alcalde de Uruapan y, finalmente, por Jalisco, el último emblema de la furia del crimen organizado, que sembró el Estado de caos tras la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A su capital, Guadalajara, viajará Sheinbaum este viernes, en un esfuerzo más por mantener la situación bajo control.

La realidad es, sin embargo, tozuda. Mientras la presidenta visitaba Culiacán, epicentro de la guerra entre los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, las principales facciones del Cartel de Sinaloa, una madre buscadora era asesinada al sur del Estado, en Mazatlán, por buscar a su hijo desaparecido desde hacía un año. La presencia del Gobierno no ha amilanado a las organizaciones criminales, que siguen con su rutinaria agenda delictiva. Jalisco tiene, además, una cuenta atrás pegada a la espalda. Su capital es una de las sedes elegidas para el Mundial de fútbol que comenzará en junio. La mandataria ha desechado una y otra vez que la crisis vivida tras el operativo militar que condujo a la caída del Mencho ponga en riesgo el desarrollo del encuentro en la ciudad, para el que existen, ha repetido, “todas las garantías”. Pero la mera reiteración no es suficiente para disipar las dudas de los más escépticos.

La muerte del narcotraficante, el criminal más buscado del mundo, desató una ola de venganza de su organización, que bloqueó las principales arterias del Estado y se ensañó con los vehículos y los establecimientos, a los que prendió fuego por doquier. También Puerto Vallarta, una de las joyas turísticas del Pacífico mexicano, fue blanco de la furia del cartel. Las imágenes de aquella jornada, que dejó 25 agentes de la guardia nacional muertos, además de una mujer embarazada, todavía acompañan a la población mexicana, que vive en una calma tensa desde entonces. Aunque los más de 250 narcobloqueos fueron neutralizados entre ese día y el siguiente, la batalla por la sucesión en el CJNG puede volver a desatar el caos en un abrir y cerrar de ojos.

El número de desaparecidos en el Estado no contribuye a generar la calma que el Gobierno busca proyectar. A pesar de que las cifras han descendido en los últimos años, la entidad suma más de 16.000 personas sin localizar, de acuerdo con el registro estatal, de las que casi el 90% son hombres. La caída del capo, por cuyo paradero se ofrecían cuantiosas recompensas tanto en Estados Unidos como en México, ha puesto en pausa los rastreos de los colectivos de buscadoras en la zona, más expuestos que nunca a las represalias del crimen organizado. Meses antes se habían encontrado, a un radio de poco más de 15 kilómetros de uno de los estadios donde los equipos competirán en verano, una decena de fosas clandestinas. Solo en cuatro de ellas, las organizaciones de derechos humanos ya habían localizado unas 500 bolsas con restos humanos.

A ese Jalisco y a esa Guadalajara desembarcará Sheinbaum este viernes, dos semanas después del operativo que acabó con el esquivo criminal, el mayor golpe asestado por el Gobierno mexicano al narco en lo que va de sexenio. La mandataria ha enterrado el emblema de “abrazos, no balazos”, enarbolado por su predecesor, el también morenista Andrés Manuel López Obrador, y se está empleando a fondo en la persecución de los “generadores de violencia”, el término con el que se refiere cada día a los delincuentes el principal responsable de la estrategia desplegada por el gabinete, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch.

Las presiones que ejerce el Gobierno de Donald Trump desde Estados Unidos, que exige resultados en esta materia a cambio de no castigar con aranceles a su principal socio comercial, han sido el principal aliciente para enfrentar de una vez por todas el mayor problema que punza el país y que le impide levantar cabeza. Al envío de más de 90 narcotraficantes al otro lado de la frontera norte, desde cuyas cárceles no pueden extender sus tentáculos, se suman los extraordinarios decomisos y detenciones de los que a cada tanto hace gala el hombre fuerte del Gabinete presidencial, aplaudido por propios y ajenos.

La historia de México demuestra, sin embargo, que el descabezamiento de las organizaciones criminales no trae, por sí solo, el fin de la violencia, más bien al contrario. A esa segunda parte del problema, la del desmantelamiento real de las estructuras, se enfrenta ahora el Ejecutivo, que debe resolverlo al tiempo que evita que las consecuencias de la confrontación sean iguales o peores que las de origen. Todo ello, además, con la multitud de ojos que atrae el Mundial posados sobre el país, que obliga a la presidenta a combinar la contundencia con un nivel de cautela extra.