Las protestas de Los Ángeles por la política migratoria despiertan la resistencia dormida contra Trump

Los Ángeles ha sido la chispa que ha prendido la ira anti-Trump después de casi cinco meses de su llegada al Gobierno. Las redadas migratorias el pasado viernes en las calles de la segunda ciudad con más residentes mexicanos después de Ciudad de México provocaron la protesta de cientos de ciudadanos y activistas, lo que llevó al presidente a tomar una de esas decisiones sin precedentes que desafían todas las reglas de un país construido a base de leyes. El despliegue de efectivos de la Guardia Nacional para repeler a los manifestantes de la ciudad, sin la solicitud previa del gobernador del Estado, Gavin Newsom, ha provocado un efecto contagio en el resto del país. Las protestas contra la política migratoria y la militarización de Los Ángeles se repiten ya desde hace seis días en casi una treintena de ciudades.

Este miércoles fue una jornada más tranquila que los días pasados. Las imágenes de enfrentamientos y detenciones masivas no se repitieron esta vez, en parte por el toque de queda que blinda el centro de Los Ángeles desde la noche del martes. Pero hasta minutos antes de las ocho de la tarde, centenares de personas se dieron cita por sexto día consecutivo en las calles de la segunda ciudad del país. “¡Vergüenza!“, gritaban los manifestantes a la policía que los trató de dispersar en los alrededores del Ayuntamiento con pelotas de goma y gases lacrimógenos. También se produjeron protestas en Nueva York —donde hubo cinco detenciones—, San Antonio (Texas) o San Luis (Misuri).

Las autoridades de Los Ángeles ya han presentado los primeros cargos en contra de quienes supuestamente han cometido actos de violencia durante las manifestaciones. El fiscal de distrito, Nathan Hochman, anunció cinco casos, entre ellos el de un hombre que regaló petardos para que fueran lanzados contra la policía, otras dos personas, una de ellas mujer, han sido acusados de lesionar agentes tras embestirlos con una motocicleta. Otros enfrentan cargos por robo y saqueo de negocios. Hochman ha adelantado que se presentarán “docenas” de cargos una vez que terminen de revisar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.

Bill Essayli, el fiscal federal asignado a Los Ángeles, un orgulloso militante del movimiento MAGA, también ha emprendido una cruzada punitiva contra otros sospechosos de incitar a la violencia. Este jueves informó de la detención, realizada por el FBI, de un sujeto que regaló máscaras antigás a manifestantes por “planear desórdenes públicos”. Essayli también ha acusado penalmente a un mexicano de 41 años por haber recibido con un escupitajo a un agente del ICE que llegó a su casa. El fiscal pide ocho años de prisión por este delito. “Cuando ellos escupen, nosotros golpeamos”, aseguró el fiscal citando las palabras textuales de Trump.

Las miradas de los manifestantes y del propio Gobierno están puestas ahora en este sábado, día en el que el presidente ha preparado una celebración a su medida para su cumpleaños. El evento incluirá como plato fuerte un desfile militar por las calles de Washington, pero a la vez, en el resto del país, hay centenares de convocatorias para mostrar su rechazo al mandatario. Él ha prometido responder con mano dura a quienes no se sumen a su fiesta: “Ni siquiera he oído hablar de una protesta, pero ya sabes, se trata de personas que odian a nuestro país, pero van a ser enfrentadas con gran fuerza”.

Trump ya ha jugado con la idea de, como comandante en jefe, extender la militarización de Los Ángeles a otras ciudades, lo que hace saltar las alarmas del tipo de seguridad que planea ejercer sobre el país. Esta es la primera vez en seis décadas que un presidente ordena un despliegue de este tipo, desde que el presidente Lyndon B. Johnson tomara la decisión para permitir a Martin Luther King y otros activistas manifestarse en Alabama.

La Administración de Donald Trump ha calificado la demanda presentada por el Gobierno de California para frenar la militarización de Los Ángeles como “un ardid político”. Los abogados del Gobierno federal respondieron el miércoles a la acción legal iniciada por Gavin Newsom, que califica de ilegal el despliegue de 4.000 guardias nacionales reservistas y 700 infantes de marina.

Poderes de emergencia

Los abogados de Washington argumentan que Trump invocó poderes de emergencia discrecionales que no hacen necesaria la solicitud del Gobierno local. “Este estatuto empodera al presidente para que este determine qué fuerzas considera él que son necesarias para suprimir una rebelión o para ejecutar las Fuerzas Armadas”, asegura la demanda. Los letrados dicen que no darle la razón al Ejecutivo en este caso sería una “maldición a la Constitución” sin precedentes.

El juez de distrito Charles Breyer, un magistrado que llegó al cargo nombrado por Bill Clinton, será quien decida en la tarde de este jueves si el caso sigue adelante o si lo desecha. Breyer se negó a emitir un fallo de emergencia el martes a petición de Gavin Newsom. “Estos hombres y mujeres están entrenados para combate en el extranjero, no para tareas de seguridad. No queremos nuestras calles militarizadas con nuestras propias Fuerzas Armadas”, aseguró el gobernador en referencia a los marines en activo que han sido desplegados.

Los militares que ya han llegado están desperdigados en ocho puntos de la vasta geografía angelina. Más que en movimiento, están estáticos custodiando un puñado de edificios federales. Casi 150 elementos están vigilando las instalaciones de Seguridad Interior en la ciudad de Paramount, cerca de donde se registraron protestas el sábado contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Unos 300, el grupo más nutrido, están cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Un centenar está acompañando a elementos del ICE mientras estos cumplen con órdenes de aprehensión de indocumentados sobre los que penden fallos de deportación. Y unos 32 están en Santa Ana, en el condado de Orange.

El general Scott Sherman, el encargado de las tropas que han llegado al sur de California, asegura que los guardias están entrenados para detener temporalmente a aquellas personas que ataquen o impidan el trabajo de los agentes del ICE en las redadas. El arresto, sin embargo, debe ser hecho por una fuerza de seguridad local o municipal. Las relaciones entre unos y otros se han tensado en los últimos días. Trump ha convertido la seguridad de las protestas en una ensalada de cuerpos que no están acostumbrados a trabajar juntos y que desconciertan a los manifestantes.