Dos congresistas latinas presentan una ambiciosa propuesta bipartidista de reforma migratoria

Dos congresistas latinas, una republicana y otra demócrata, presentaron este martes en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca enmendar lo que llamaron un sistema de inmigración “roto”. La legislación presentada por la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar y Verónica Escobar, demócrata por Texas, intenta combinar prioridades conservadoras con reformas migratorias de corte liberal, buscando al mismo tiempo “detener el flujo de inmigración ilegal” y ofrecer “una solución digna” para los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país.

La llamada Ley Dignidad, presentada originalmente en 2023, abarca un amplio espectro de temas que incluyen seguridad fronteriza, empleo y economía, pero tiene como eje central una vía para que algunos inmigrantes puedan legalizar su estatus por los próximos siete años. Para esto tendrían que haber permanecido más de cinco años en el país, no tener antecedentes criminales y pagar una indemnización de 7.000 dólares al Gobierno. La propuesta no ofrece una vía para hacerse ciudadano estadounidense ni permitiría que los beneficiarios reciban prestaciones federales.

En una conferencia de prensa junto a una veintena de legisladores de ambos partidos frente al Capitolio de Estados Unidos, Salazar dijo este martes que ha sido “testigo directo de las consecuencias devastadoras” del “sistema migratorio roto” de Estados Unidos. La propuesta es un “compromiso realista y basado en el sentido común”, añadió la congresista, “especialmente importante dada la urgencia del momento”.

Salazar es representante del Distrito 27, que abarca una amplia zona de Miami-Dade, un condado de mayoría hispana que en las elecciones pasadas votó por primera vez en casi cuatro décadas por un candidato presidencial republicano. Tras comenzar su segundo mandato, Donald Trump ha impulsado una vertiginosa agenda antiinmigrante que ha tenido un visible impacto en las comunidades del sur de la Florida, donde redadas, detenciones en los tribunales de inmigración y deportaciones exprés han creado una atmósfera de miedo y decepción.

Desde abril comenzaron a aparecer vallas con anuncios pagados por los demócratas en las carreteras más importantes de la zona con ilustraciones de los legisladores cubano-americanos locales —Salazar; Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart— y el secretario de Estado, Marco Rubio, con un mensaje que dice “Traidores”, y más abajo “a los inmigrantes, a Miami-Dade y al Sueño Americano”. En los últimos meses, con frecuencia se leen comentarios en las publicaciones en redes sociales de los legisladores de residentes expresando sus frustraciones con los procesos de inmigración de la Administración Trump.

Cuando se presentó por primera vez la ley en 2023, grupos de estudio estimaban que había unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Pero la cifra ha ido aumentando rápidamente en los últimos meses, después que el Gobierno de Trump haya rescindido y cancelado programas de protección temporal y humanitarios que ofrecían permisos de residencia y trabajo para cientos de miles de personas, muchos residentes del sur de la Florida. El republicano ha adoptado varias políticas para limitar radicalmente la inmigración, incluyendo las solicitudes de asilo, y exhortado a los inmigrantes a autodeportarse. Recientemente, canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y nicaragüenses. Muchas de estas medidas han sido impugnadas en los tribunales.

Salazar, nacida en la Pequeña Habana de Miami de padres cubanos, ha intentado colocarse a la vanguardia en contra de usar la inmigración como un arma política y ha apelado a los valores cristianos para fomentar un trato digno a los inmigrantes. Ha abogado por todas las nacionalidades, pero el caso de los inmigrantes cubanos que entraron a través de la frontera con México entre 2019 y el 2022 y recibieron un documento conocido como I-220A ha sido particularmente visible. A diferencia de otros inmigrantes que entraron de la misma manera y recibieron un documento diferente, los cubanos con I-220A, que se estiman en cientos de miles, no han podido legalizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, que ofrece esa vía legal después de un año.

La congresista también fue objeto de críticas tras asegurar que el Gobierno de Trump había extendido el TPS para los venezolanos, cuando en realidad había sido un juez federal quien había bloqueado el intento del presidente de ponerle fin al programa. (El Tribunal Supremo más adelante permitió que la Administración Trump acabara con el TPS de 350.000 venezolanos.)

Inicialmente, la propuesta de Salazar y Escobar tenía ocho copatrocinadores —cuatro de cada partido. Si bien no avanzó en el Congreso anterior, que concluyó en enero, ha ido amasando un mayor apoyo, hasta alcanzar más de 30 espaldarazos de ambos lados de la Cámara.

El amplio proyecto de ley también propone una reforma del sistema de asilo, acelerando el procesamiento a menos de 60 días por oficiales de asilo, mientras los solicitantes permanecen en “campus humanitarios” en la frontera sur, donde recibirían “atención médica, apoyo legal y asistencia social”. Los casos complejos serían remitidos a jueces de inmigración. También se crearían centros de procesamiento en América Latina y se introduciría una nueva visa humanitaria, entre otras previsiones.

La nueva versión revisada no difiere mucho de la anterior, según grupos de estudio, si bien incorpora nuevos elementos sobre mayor seguridad fronteriza, buscando alinearse con las posturas del liderazgo republicano en la Cámara, que se mantiene escéptico ante cualquier forma de “amnistía” a los inmigrantes indocumentados. Los demócratas, por su parte, aunque apoyan la legalización, tienen reservas sobre temas como el muro fronterizo y los procesos acelerados de asilo.