La Administración Trump cancela el TPS para casi 80.000 hondureños y nicaragüenses

El Gobierno de Estados Unidos canceló este lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para decenas de miles de nicaragüenses y hondureños. La cancelación se hará efectiva en un plazo de 60 días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en sendos anuncios similares que las condiciones en ambos países han mejorado lo suficiente como para que sus ciudadanos regresen. Los beneficiarios quedan expuestos a la deportación si no cuentan con ninguna otra protección.

El TPS permite a personas de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias obtener residencia temporal en Estados Unidos y permiso de trabajo. Estados Unidos otorgó el TPS para Nicaragua y Honduras en 1999 tras el paso del huracán Mitch, que azotó Centroamérica a finales de 1998, dejando miles de muertos en la región. Honduras fue el país más afectado, con un estimado de 7.000 fallecidos y graves daños a la infraestructura. En Nicaragua los muertos por Mitch se estiman en casi 4.000.

Desde entonces, el programa se ha renovado periódicamente. Se estima que unos 72.000 hondureños y unos 4.000 nicaragüenses viven con el TPS en Estados Unidos, según datos oficiales.

El comunicado del DHS anunciando el fin del TPS para los hondureños dijo que “está claro que el Gobierno de Honduras ha tomado todas las medidas necesarias para superar los impactos del huracán Mitch”, que Honduras ha sido “un socio ejemplar de la Administración Trump” y esperaba seguir trabajando juntos. Las personas que elijan regresar pueden obtener un boleto gratis y 1.000 dólares, dice el anuncio.

Sobre “los impactos del desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999”, el DHS dijo que “ya no existen” y “la situación ambiental” ha mejorado lo suficiente como para que los nicaragüenses puedan regresar de manera segura. Según el comunicado, la decisión se tomó tras consultar con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado. “El Estatus de Protección Temporal nunca estuvo pensado para durar un cuarto de siglo”, añadió un portavoz del DHS. También se ofrece boleto y dinero a quienes se marchen.

El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha sido señalado por graves violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y tortura. Ortega ha criminalizado el disenso y muchos opositores, defensores de derechos humanos y religiosos se han exiliado huyendo de una feroz persecución. Se estima que más de 600.000 nicaragüenses han emigrado desde 2018, cuando estallaron protestas antigubernamentales que fueron reprimidas con violencia, dejando miles de muertos, heridos y detenidos. La mayoría se ha refugiado en el vecino Costa Rica.

“Decir que podemos volver no es verdad, no hay condiciones en Nicaragua”, dijo el opositor nicaragüense Gabriel Putoy, exiliado en Costa Rica. Según Putoy, cancelar el TPS para los nicaragüenses es el equivalente de ponerlos “en las manos del dictador” Daniel Ortega.

El también ex preso político dijo que estas personas no salieron de su país porque querían, sino “por los acontecimientos extraordinarios” que están viviendo. “Hemos salido por la persecución política. Para los nicaragüenses el mayor huracán es el político, el de Ortega”, agregó.

En 2023, el régimen de Ortega liberó y expulsó a Estados Unidos a 222 presos políticos, incluyendo ex candidatos presidenciales, y luego les retiró la ciudadanía nicaragüense, despojándolos así de todos los derechos. El Gobierno estadounidense les otorgó parole humanitario.

Pero desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, “las opciones de los nicaragüenses son mínimas”, dijo Putoy. El Gobierno de Trump les ha “negado asilo, parole, TPS, sabiendo como Ortega nos persigue, nos desplaza y comete crímenes de lesa humanidad”, agregó.

En noviembre de 2017, la Administración Trump anunció el fin del TPS para Nicaragua, pero enfrentó múltiples demandas legales.

En el caso de Honduras, Lawrence Hintz, de la organización no gubernamental Amigos de Honduras, con sede en Carolina del Norte, dijo que en el país persisten los problemas de inseguridad relacionados con las maras o pandillas, y que muchas personas tienen que pagar a estos grupos lo que se conoce como “un impuesto de guerra” por protección. También señaló los efectos de las graves sequías en la agricultura del país y dijo que muchos campesinos han tenido que emigrar como “refugiados del cambio climático”.

La Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC) dijo en un comunicado que el fin del TPS para Honduras y Nicaragua “devastará a miles de familias que han construido sus vidas en Florida, trabajando, criando a sus hijos y contribuyendo a nuestras comunidades. Estas familias han estado aquí durante décadas, echando raíces, abriendo negocios y convirtiéndose en pilares de nuestra sociedad”.

“La Administración Trump debería abrir un camino para que puedan convertirse en residentes legales permanentes y ciudadanos, para que así puedan seguir enriqueciendo y contribuyendo a nuestro país (…) en lugar de destruirlos y arrancarlos de raíz”, añadió FLIC.

El DHS anunció la semana pasada el fin del TPS para medio millón de haitianos y en abril para unos 350.000 venezolanos. De momento, un juez federal ha bloqueado el intento del Gobierno de acabar con la protección para los haitianos, aunque está por verse si ese bloqueo se mantiene en pie, ya que el Tribunal Supremo autorizó en mayo el fin del programa para los venezolanos después de que otro magistrado federal intentara impedir su consumación.