El régimen de Ortega y Murillo agrava la deriva dictatorial de Nicaragua

Durante los 25 días en que Daniel Ortega no compareció públicamente —y, sobre todo, tras su inusual ausencia en el acto del natalicio de Augusto C. Sandino, el pasado 18 de mayo— se desataron todo tipo de rumores sobre su estado de salud. Incluso, sobre su posible muerte. Fue la primera vez en 45 años que el autócrata faltó a una de las citas más simbólicas del sandinismo, dedicada a su figura hagiográfica por excelencia. Pero la noche del 24 de mayo reapareció, flanqueado por esposa, la “copresidenta” Rosario Murillo y los cabecillas de su aparato estatal, durante un acto de entrega de autobuses donados por China. Se le veía demacrado, con la piel pálida y los gestos ralentizados, propios de un anciano próximo a cumplir 80 años. Aun así, mantuvo su verbo incendiario: llamó “basura” a sus opositores y repitió los mantras del régimen. Mientras Ortega se ausentaba del escenario público, el poder que controla en Nicaragua seguía en plena ofensiva: en lo que va de 2025, su maquinaria represiva ha alcanzado nuevos extremos.

La última redada de capturas ejecutada por la policía sandinista en dos departamentos del norte del país tuvo un matiz particularmente revelador: entre la veintena de detenidos sobresale José Peralta Jarquín, jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército de Nicaragua en Matagalpa, junto a varios militares en retiro. Se trata de un giro represivo inesperado, que comienza a cernirse sobre una institución considerada hasta ahora intocable: los militares. Todo ocurre mientras se consolida la sumisión de todas las fuerzas armadas al poder total de Ortega y Murillo.

La detención del jefe de la DID y estos exmilitares estuvo antecedida por la captura de Álvaro Baltodano, uno de los hombres más influyentes del círculo económico y militar del sandinismo en los últimos años. General en retiro, y figura en la revolución, Baltodano ocupó cargos estratégicos en el aparato productivo del régimen, destacando como delegado presidencial para las inversiones y figura clave en la articulación de negocios entre el Estado y empresas extranjeras. Fue, además, el rostro visible de la “economía mixta” promovida por Ortega: defendió megaproyectos como el fallido canal interoceánico y lideró estructuras que fusionaban poder militar, empresarial y político. Su captura —reportada por diversas fuentes castrenses, aunque sin explicaciones oficiales hasta la fecha— representa un quiebre notable que varios analistas advierten: la pareja en el poder, y en especial la “copresidenta”, no tolera ni el más mínimo cuestionamiento.

Semanas antes de las redadas, el 7 de mayo, la jefatura del Ejército de Nicaragua terminó de alinearse por completo. Durante una reunión de trabajo con el cuerpo de generales y oficiales superiores, el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, afirmó que la institución “respetará” la reciente reforma total a la Constitución Política, que incorporó la figura de los “copresidentes” y, por primera vez, designa a Rosario Murillo —junto a su esposo— como jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

Fuentes militares consultadas por EL PAÍS coinciden en que la idea de que la institución castrense solo respondía a Ortega y mantenía una aparente distancia del régimen —simulando independencia de la represión— ha quedado atrás. “Ahora todos los generales se le cuadran a Rosario, o si no, ella los purga”, afirman. En ese sentido, en las últimas semanas, algunos generales y comisionados policiales sin mayores méritos de carrera han sido ascendidos a altos cargos previamente ocupados por figuras defenestradas, como Fidel Domínguez, temido represor de la ciudad de León.

Leyes reformadas

En paralelo a estos movimientos en el Ejército, la maquinaria Ortega-Murillo continuó reforzando su modelo represivo. Primero despojaron a los jueces de su autoridad y los subordinaron a la Policía Nacional –dirigida por el consuegro de los copresidentes, el comisionado general Francisco Díaz– en lo relacionado a la incautación y confiscaciones de bienes y propiedades.

Nueve días después de la emisión de la directriz interna de la Policía, la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el oficialismo, aprobó de urgencia una nueva Ley de carrera judicial que eliminó de facto los concursos de méritos y oposición como vía de ingreso y promoción dentro del sistema de justicia nicaragüense. Se despoja al Poder Judicial de la facultad de nombrar discrecionalmente a jueces, magistrados, secretarios y asesores judiciales.

En paralelo, al menos nueves leyes, constitucionales y orgánicas, comenzaron a reformarse para ajustarlas a las disposiciones de la nueva Constitución Política que consolida “un modelo totalitario”, y convierte a todas las instituciones en “órganos” administrados por la pareja copresidencial. Es decir la sepultura final de la separación de poderes.

Sin embargo, lo que más conmocionó a Nicaragua fue un remiendo a los artículos 23 y 25 de la Constitución política de Nicaragua en lo relativo a la pérdida de la nacionalidad. En un nuevo giro represivo contra la población, la ley reformada establece que los ciudadanos que hayan obtenido una segunda nacionalidad de manera automática perderán la nicaragüense. ¿Será de aplicación retroactiva? ¿Implicará confiscación de bienes, tal cual ha sucedido a los más de 400 opositores de toda índole desnacionalizados? Esas fueron las principales preguntas que millares de nicaragüenses se hacían.

La presión popular, sobre todo en redes sociales, fue tanta que el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, se vio forzado a hacer una gira de medios aclarando que la ley no implicaba la retroactividad. Pero que después de aprobada, nadie puede tener dos nacionalidades. “Nadie debe servir a dos patrias”, aseguró, en referencia a los opositores desnacionalizados que adquirieron otra ciudadanía.

Para aderezar el asunto, la copresidenta Murillo arremetió contra ellos en un discurso: calificó a los exiliados de “imperdonables” y “condenables”. “Los condenables, los imperdonables, jamás podrán retornar a esta tierra que no les pertenece”, declaró. “Los que siguen abundando en calumnias y mentiras, porque es lo único que tienen, la mentira, la calumnia, lo único que les queda y eso no da nada y no da para nada, porque los pueblos queremos paz”.

Días antes, Murillo se mostró colérica por el Premio Mundial a la Libertad que la Unesco entregó al diario La Prensa, a tal punto que retiraron a Nicaragua del organismo de Naciones Unidas. Y para terminar, por ahora, este 26 de mayo el régimen inauguró la sede universitaria “Héroes de Chinandega” de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en un monasterio robado a las monjas clarisas de Chinandega. Para muchos, estos giros represivos superlativos, consolidan más la afirmación de que Nicaragua es “una Corea del norte tropical”.