Mara Sedini sobre el juez que catalogó de “ciencia ficción” la petición del Gobierno por el ataque a Lincolao: “Lo importante es la condena a la violencia”
El magistrado Pablo Yáñez dijo que no podía dictar el arresto nocturno de los jóvenes investigados por la agresión, como buscaba el Gobierno de Kast
La portavoz del Gobierno de José Antonio Kast, Mara Sedini, se ha referido este martes a la decisión del juzgado de garantía de Valdivia de descartar la prisión preventiva para los tres estudiantes imputados por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, en la Región de los Ríos. La ministra aseguró que espera un rechazo “transversal” al ataque y que “la universidad tome acciones”. “Como Gobierno no nos corresponde comentar las resoluciones judiciales, pero sí nos interesa que las investigaciones sigan su curso, las personas sean identificadas y paguen con el máximo de la ley”, indicó Sedini. “Lo importante de esto, más allá de la resolución, es la condena a la violencia. Lo que no podemos desviar es el foco real, que es que una ministra fue agredida física y verbal en una universidad. Y eso no solo lo oyen las autoridades, lo oyen las personas todos los días. Y la violencia tiene que ser condenada de manera transversal por todos los sectores”.
La Administración de derecha apostaba porque los alumnos, detenidos por la policía el lunes, quedaran sujetos a las medidas cautelares más gravosas mientras se desarrolla la investigación. El ministerio de Seguridad, a cargo de Trinidad Steinert, había interpuesto una querella contra quienes resultaran responsables de la agresión. A través de su abogado querellante pidió prisión preventiva nocturna para los alumnos de la Universidad Austral Pablo Vicente Vásquez Burgos, Joaquín Adolfo Monje Sazo y María Jesús Antonia Madariaga Rojas, que presuntamente encabezaron el ataque contra Lincolao el 8 de abril pasado, cuando un grupo de manifestantes le lanzó agua, gritó insultos y golpeó su automóvil en el recinto estudiantil.
Pero los estudiantes imputados por el delito de atentado a la autoridad quedaron el mismo lunes con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la ministra de Ciencia, arraigo nacional y firma cada 15 días en tribunales. Lo informó el juez Pablo Yáñez en la audiencia de formalización de cargos y donde se fijó como plazo 120 días para la investigación de la causa. El magistrado argumentó que, en esta etapa del proceso judicial, donde solo decidía las medidas cautelares a las que estarían sujetos los estudiantes, debía escuchar las versiones de todos los intervinientes y ponderar los antecedentes que, insistió, aún no constituían pruebas.
“No puedo decretar la prisión preventiva por más que la parte querellante haga ciencia ficción y lo digo con mucho respecto, no con un ánimo de polemizar. Hoy en día lo que tengo que verificar es que concurran los elementos necesarios del delito de atentado contra la autoridad, por el cual se formalizó la investigación”, indicó Yáñez.
Fue una respuesta al anuncio de la defensa del Gobierno ante una eventual ampliación de la querella por secuestro debido a que Lincolao estuvo unas dos horas sin poder abandonar la universidad por las manifestaciones. “Tengo que verificar que concurran los elementos necesarios del delito de atentado contra la autoridad por el cual se formalizó la investigación”, agregó. Los estudiantes habían sido identificados y luego, el lunes en la mañana, detenidos por la Policía de Investigación (PDI), tras órdenes solicitadas por la Fiscalía de los Ríos y otorgadas por el juzgado de garantía de Valdivia.
Dentro de las filas del Partido Republicano (PR), de la derecha radical y fundado por Kast, ha habido molestias por la decisión del juez Yáñez de dejar sin arresto domiciliario a los jóvenes. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, ha cargado contra el magistrado. “Tal como en muchos otros casos, luego del esfuerzo del ministerio Público y de las policías por identificar a los posibles partícipes de un delito, el juez se da el gusto no solo de dejar en libertad a violentistas, sino de burlarse de querellantes. Buen ejemplo para entender”, escribió en X.
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, dijo que, como Gobierno, respetan y no suelen comentar las decisiones de los tribunales, pero que esperaba que la investigación se desarrollara como correspondía porque en este caso había “cuestiones objetivas, reales” que ocurrieron el día que fue agredida Lincolao. “No podemos normalizar esta situación y, por otra parte, hay que decir las cosas por su nombre, sin eufemismo. Yo lo dije en su momento: estos jóvenes no son estudiantes; a mí no vengan con cosas. Una persona que tiene un nivel de cultura, de conocimiento, no usa la violencia para tratar de expresar su malestar; son lisa y llanamente delincuentes”, indicó a TVN.
Cuestionó que la universidad no hiciera algún pronunciamiento respecto a las imputaciones de los investigados: “Esperamos naturalmente que, al menos, estas tres personas debieran ser expulsadas de la universidad porque no pueden tener beneficio personas que usan la violencia para expresar, en este caso, su descontento”.
Los imputados estudian las carreras de Pedagogía en Historia, Antropología y Bioquímica. Madariaga, sin embargo, es la más conocida de los tres, puesto que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, entre 2023 y 2024, y es militante de las Juventudes Comunistas. El ataque a Lincolao generó condenas transversales en distintos sectores políticos.
La Fiscalía expuso detalles médicos de las lesiones físicas sufridas por la ministra durante la agresión y que provocaron que estuviera unos días de reposo, como “aumento de volumen a nivel parietal izquierdo de 3x3 centímetros sin lesiones de cuero cabelludo, aumento de volumen a nivel del maléolo lateral de tobillo izquierdo, con limitación en el rango de movimiento global en 50 %, aumento de volumen en eminencia tenar mano derecha. Dolor a extensión y flexión activa y pasiva de dedo pulgar mano derecha con limitación global de movimiento a flexo extensión en 50%”.
La fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, dijo que evaluarán la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna, la que habían solicitado al juez. “Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía”.
