Los inmigrantes irregulares que deciden irse de Chile y no pueden: “Todos los días quiero regresar a Venezuela”

Cuando los amigos de Mariel le advierten que tenga cuidado en las calles de Santiago de Chile porque los carabineros están inspeccionando los documentos de identidad de los extranjeros para saber si están irregulares, ella les responde: “¿Dónde estarán? Para que, de una vez, me regresan a Venezuela”. La mujer, de 34 años, emigró sin visados ni pasaportes en junio 2021. Al entrar, por caminos no habilitados, derivó en lo que hoy, asegura, le ha hecho sentirse al margen de la sociedad: no tener documentos legales.

“Todos los días quiero regresar a Venezuela, porque tengo un hijo de 12 años allá, al cuidado de mi mamá, y porque en Chile, estar sin papeles, es como remar y siempre estar en el mismo punto”, dijo. No quiere ser identificada con su nombre real porque teme represalias laborales (trabaja informalmente), como quedar desempleada mientras no se resuelve cuánto tiempo más transcurrirá para poder abandonar el país sudamericano.

El deseo que tiene Mariel, de salir voluntariamente de Chile, no es mayoritario entre los más de 336.000 migrantes en situación irregular –afirman quienes les ayudan con procesos legales–, pues muchos piden una regularización masiva que no ocurre desde 2021 y que, según el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast, tampoco sucederá en los siguientes cuatro años. La mayoría de estos inmigrantes, un 75%, son venezolanos, una población que se enfrenta a una crisis humanitaria compleja y que, en algunos casos, tiene dificultades para acceder a documentos oficiales en su país. Una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), conocida en marzo, mostró que solo un 35% de los venezolanos en América Latina tiene la intención de retornar a su país, pese a la salida de Nicolás Maduro del poder el 3 de enero tras una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

En Chile, Kast prometió, en su campaña presidencial, expulsar a los inmigrantes sin papeles y luego, cuando ya había ganado las elecciones el 14 de diciembre, les invitó a abandonar el país. También propuso a algunos gobiernos, como Ecuador, Perú y Argentina, participar en un corredor humanitario para devolver a extranjeros irregulares a sus países, pero el plan recibió, en enero, un portazo del entonces presidente peruano José Jerí.

Desde que fue electo presidente solo 2.180 venezolanos irregulares decidieron irse de manera voluntaria (entre 2022 y 2025, hubo 24.525), informó el Gobierno el jueves y tras realizar su primer vuelo de expulsión de 40 extranjeros (colombianos, bolivianos y ecuatorianos). Máximo Pavez, subsecretario del Interior, y Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, señalaron que evalúan “posibilidades de facilitar esa salida voluntaria”, una medida de la que se pudieran conocer detalles esta semana. Y el canciller Francisco Pérez Mackenna dijo a El Mercurio que iniciaron gestiones para retomar las relaciones consulares con Venezuela: “Esta es una prioridad para poner orden en materia migratoria”.

Mientras no se define un mecanismo de retorno voluntario desde la Administración de Kast, Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, explica que es peligroso incentivar las salidas por vías irregulares en el país, puesto al riesgo de alimentar el tráfico ilegal de migrantes. “Es muy mala alternativa para los migrantes porque se exponen a riesgos en el trayecto y pueden terminar pagando a grupos criminales. Eso no es bueno para el país, dado que amplía las oportunidades de los traficantes de migrantes”.

Algunas de las dificultades a las que se enfrentan las personas indocumentadas que quieren irse son los costos de los pasajes, multas por haber ingresado o estar en situación irregular y, además, deben pedir un permiso para su salida legal. Braulio Jatar, periodista y abogado que defiende a migrantes, expone como ejemplo el de dos hermanos de apellido Urdaneta, que querían volver a Caracas después de las muertes de sus padres en Santiago. “Vendieron todo lo que tenían para irse, pero uno de ellos estaba irregular y, a pesar de todas las gestiones, no hubo forma de que le dejaran irse [de manera legal]”, cuenta. Finalmente, el que estaba en esta situación se marchó por pasos no inhabilitados.

Ni en Venezuela, ni en Chile

Giovanni Soto, de 51 años, es de los que no quiere volver a Venezuela, pero sí quiere irse de Chile. Sueña con llegar a Brasil, donde considera que tendría mejores oportunidades y condiciones para tratarse una enfermedad crónica que ya le hizo perder su riñón derecho. Y lo intentó en marzo de 2023 y luego de comprar un pasaje aéreo (con ayuda de amigos), pero asegura que un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) del aeropuerto le impidió volar. “Quería viajar a Brasil, que tiene convenios con Venezuela, a través de Mercosur, y no debería haber tenido problemas por eso”, recordó.

Unos días antes se acercó a la PDI para consultar su situación y le dijeron que su caso era especial, por lo que le recomendaron viajar y que no tendría problemas. Pero cuando fue al aeropuerto un agente insistió que sin una visa temporaria y otros documentos en regla no podría salir. El hombre respalda su relato con los comprobantes del pasaje perdido y los informes médicos que acreditan su enfermedad. Pero también muestra una carta de empadronamiento y una autodenuncia en la PDI, documentos sacados en el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), que la Administración de izquierdas pidió a los extranjeros indocumentados empadronarse y autodenunciarse, pero a los que no regularizó.

Soto es administrador, con estudios en ciencias forenses y locutor, pero nada de eso le ha servido para conseguir un empleo formal y por lo que ahora se sube al Metro de Santiago para cantar y que conseguir algo de dinero para su familia. “Si me hubieran dado la oportunidad de regularizarme, mi situación sería distinta, pero sin documentos todo es difícil. Sé que violamos una ley al entrar por pasos no habilitados, pero muchos migrantes somos perseguidos políticos o desplazados. Me da miedo regresar a Venezuela, pero tampoco quiero seguir en Chile”, dijo. Según Acnur, de los 1,6 millones de migrantes en el país austral, unos 661.300 tienen necesidad de protección internacional, una cifra que coincide con la estimación de venezolanos asentados en Chile.

Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante (SJM), señala que el procedimiento actual, en el que interviene la PDI y Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), para emitir una autorización que permita que quien esté irregular salga del país, requiere de documentación de identidad vigente, como pasaportes: “Hay grupos por nacionalidades que se enfrentan a ese desafío y hay que ver de qué manera puede haber un esfuerzo diplomático que trabajen con aerolíneas y permita solventar eso, si es que los países no están dando respuestas frente a esas necesidades porque no hay relaciones consulares”. Se refiere al régimen de Venezuela, que rompió relaciones diplomáticas con Chile en 2024 y retiró sus servicios consulares.

Rairi Parra, 47 años, quiere volver Zulia, occidente de Venezuela, para atender a su madre que está discapacitada por una fractura de fémur en diciembre, pero le gustaría regresar a Santiago para no separarse de su hijo mayor, de 19 años, que se pudo regularizar siendo menor de edad y ahora estudia en una universidad. Fue en enero cuando intentó salir por carretera, pero al llegar a Arica unos policías le pidieron bajarse del bus porque no tenía una visa o cédula chilena. Les mostró que estaba enrolada y empadronada, pero le impidieron continuar el viaje: “Quiero volver a ver a mi mamá. Quisiera regularizarme para estar en los dos países, quedarme tres meses allá y volver. Una salida voluntaria me impide volver hasta cinco años y yo ese tiempo sin ver a mis hijos y esposo, no puedo”.