Los migrantes irregulares en Chile tras la elección de Kast: “Es difícil estar tranquilos sabiendo que podemos ser expulsados”

María F., una dominicana de 48 años, vive el triunfo de José Antonio Kast, de la extrema derecha, en las elecciones del 14 de diciembre como una sentencia sobre su permanencia en Chile. Su estatus migratorio irregular la coloca entre quienes podrían verse afectados por el nuevo giro político del país. El republicano asumirá el Gobierno el 11 de marzo con la promesa de expulsar a unos 336.000 extranjeros indocumentados. “Yo empecé a prepararme para irme desde que escuché que este señor iba a ser presidente. En cualquier momento me voy. No solo por él, sino porque se han puesto muy malas las cosas acá”, dice esta comerciante informal.

El programa presentado durante la campaña del fundador del Partido Republicano propone un endurecimiento inédito de las normas de ingreso y permanencia. Entre otras medidas, contempla no realizar regularizaciones masivas; restringir a los indocumentados el acceso a beneficios sociales en salud, vivienda y educación; sanciones económicas para sus empleadores; y la construcción de muros, vallas, zanjas y cercos perimetrales electrificados en la frontera para evitar ingresos clandestinos. Estas propuestas encontraron eco en una parte del electorado. Jorge González, de 64 años, considera que el fenómeno migratorio es uno de los principales problemas del país, una percepción que, según las encuestas, ha ido en aumento en los últimos años.

González asocia la llegada de la población extranjera —en especial la que carece de autorización de residencia— con el aumento de la delincuencia, pese a la ausencia de estudios que respalden esa relación. También vincula a los inmigrantes con el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia en más de una decena de países y que comenzó a operar en Chile en 2020. Por esa razón votó por Kast, aunque reconoce que habría preferido una opción aún más dura, como la del diputado Johannes Kaiser, fundador del Partido Libertario, que quedó cuarto en la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre. “Queremos mano firme contra la delincuencia, para que el país vuelva a ser como antes”, afirma.

Días antes de que Kast derrotara por 16 puntos de ventaja a la candidata de izquierda Jeannette Jara —un resultado anticipado por los sondeos— en los comicios del 14 de diciembre, decenas de personas quedaron varadas en la región de Arica, en el extremo norte, tras la militarización de la frontera con Perú ordenada por el Gobierno de José Jerí.

El presidente electo ha mantenido conversaciones con varios mandatarios de América Latina —entre ellos los de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Argentina— para coordinar un eventual corredor humanitario destinado a la devolución de quienes se encuentran sin autorización de residencia en Chile. Sin embargo, una proporción significativa de ese grupo procede de Venezuela, lo que complica la viabilidad del plan debido a que las relaciones diplomáticas con Caracas están rotas desde agosto de 2024, después de que el presidente Gabriel Boric cuestionó la reelección de Nicolás Maduro, quien todavía no presenta actas que acrediten su victoria.

Kast apuesta por un cambio político en ese país en los próximos meses. De no producirse, y mientras el régimen chavista siga sin aceptar vuelos de retorno, el futuro mandatario sostiene que se habilitarán centros de refugio “hasta que el Gobierno respectivo envíe un avión para llevar a sus compatriotas de regreso”.

La relación entre ambas naciones se volvió a tensar esta semana. Maduro lanzó duras advertencias al presidente electo en un programa de televisión: “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano”. Kast respondió que las declaraciones del dirigente chavista le resultan “sin cuidado” y lo calificó de “narcodictador”.

Robersy Vargas, de 32 años, originaria del estado de Carabobo, en la zona central de Venezuela, descarta regresar a su país. De ahí salió en 2019 rumbo a Lima y un año después llegó a Chile. “Millones nos fuimos por la escasez, la miseria y el hambre. Eso no ha cambiado. Nos sentimos acorralados, sin saber a dónde ir”, dice esta vendedora de frutas, que explica que su situación se debe a la imposibilidad de regularizarse tras perder su documento de identidad y por el cierre del consulado en Santiago.

Vargas no hace las maletas porque no tiene adónde ir con sus dos hijas, de ocho y 16 años, y además porque mantiene la esperanza de que en Chile no se replique el modelo antiinmigración de Donald Trump en Estados Unidos. En la misma situación están Víctor Aular, que emigró con su familia en 2021; y Franklin López, un repartidor de comida rápida de 33 años, que espera señales de los primeros meses de la Administración de Kast para decidir si se regresa a Caracas para sacar su pasaporte y de ahí volar a Europa. “Es difícil estar tranquilos sabiendo que podemos ser expulsados. Conozco a muchos que, como yo, están preocupados”, explica López.

Evelyn Cáceres, una geóloga de 34 años que hoy trabaja en un restaurante, cree que el vínculo familiar con su bebé chileno puede evitar una eventual expulsión. Sobre el triunfo de Kast, admite, no obstante, que tenía más miedo a que ganara Jara por la cercanía de la formación en la que milita, el Partido Comunista, con el régimen de Maduro. “Nadie quiere irse de su país, pero quedarse era imposible y lo sigue siendo”, relata Cáceres, quien actualmente está en proceso de regularización.

Sin embargo, Kast ha anunciado que estudiará cambios legales para que los hijos nacidos en Chile de padres sin residencia obtengan la nacionalidad de sus progenitores y no la del país de nacimiento. Incluso ha planteado que, si las familias se niegan a abandonar el territorio con sus hijos chilenos, el Estado podría asumir el cuidado de los menores. Estas propuestas chocan con la postura del cardenal Fernando Chomalí, que ha insistido en la necesidad de “regular adecuadamente la migración”.

Según cifras oficiales, quienes se encuentran sin autorización de residencia son un 17,7% de los casi 1,9 millones de migrantes en el país. Luz Estela Carabalí, una colombiana de 50 años, no está dentro del grupo que quisiera deportar el republicano. Es auxiliar de enfermería y llegó en 2013, cuando los migrantes equivalían a un 2,1% de la población total en Chile (hoy rozan el 10%). “Yo entré legal a Chile y estoy legal, siempre he estado trabajando. Pero me pongo en los zapatos de los otros, de los que no tienen documentos y si fuera ellos me preguntaría: ¿Qué hago aquí? Porque no se puede conseguir un empleo, no se puede hacer nada. Los colombianos pueden pasar trabajo y se devuelven a su país, pero los venezolanos y los haitianos no. Es muy difícil para todos (…) Kast no podrá sacar a todos los inmigrantes irregulares, eso es un delirio”, dice.

Opina, no obstante, que si el presidente electo continúa con su discurso hostil contra los indocumentados puede empeorar la convivencia ciudadana. “No es bueno meter a todos en un mismo saco. Hay extranjeros buenos y malos, como también hay chilenos buenos y malos”, agrega. Y lo dice por experiencia: “En la calle me han gritado cosas horribles, porque apenas algunos ven a un inmigrante negro y creen que nos están regalando una casa. Pero, realmente, uno debe trabajar muy duro para ganarse todo”.

Para Jesús Alcántara, un peruano que se dedica a asesorías migratorias, uno de los problemas está en el vencimiento de visados de residencia temporal por no contar con toda la documentación requerida. “He visto muchos casos así, lo que se debe a la falta de información. Y, últimamente, tengo muchas consultas de personas que están asustadas. Pero yo les digo que existe la Constitución de Chile y los derechos humanos. Por más que él [Kast] quiera cambiar la ley o cruzar la línea de los derechos humanos, habrá otras personas que ayudarán a que no sea así”, explica.