El asesinato de Yaidy Garnica enciende la alarma sobre la violencia contra venezolanos en Chile

En el Pasaje Acuario de Cerro Navia ya no viven venezolanos. La única familia migrante de esa nacionalidad que había en ese callejón ubicado en este barrio de la Región Metropolitana de Santiago de Chile se ha ido fuera de la ciudad. Son las hijas, con sus respectivas parejas, y las nietas de Yaidy Garnica Carvajalino, la mujer de 43 años que fue asesinada el 15 de junio de un tiro de escopeta en el pecho por Miguel Sergio Cordero Toledo, uno de sus vecinos, cuando celebraban el Día del Padre.

Con el entierro de Yaidy, la entrega de Cordero a las autoridades y la marcha de las hijas de la vivienda —informada a EL PAÍS por sus abogados— ha finalizado una relación de tensiones entre nuevos y viejos vecinos, entre extranjeros y locales, que ha puesto en carne viva las crecientes preocupaciones sobre la xenofobia y el racismo contra los venezolanos que en los últimos años integran las migraciones más numerosas en este país y otros de la región.

En los días posteriores al asesinato, Alexandra León Garnica y Ehilin Ortiz Garnica, las hijas mayores de Yaidy, han participado en concentraciones en rechazo a lo ocurrido en la Plaza de Armas con velas, pancartas y manifiestos contra la violencia hacia los migrantes. Junto con el duelo y la herida adicional de haber presenciado el asesinato de su madre, han hecho las gestiones para iniciar su defensa legal y también han lidiado con las versiones que han estigmatizado a su madre.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche muestran cómo varias personas golpean el portón de la casa de Yaidy, tras lo cual comienza una pelea de empujones y manotazos entre varias personas. Luego, un hombre entra con una escopeta, se mete entre el grupo de personas reunidas en la riña y finalmente apunta y acciona el arma contra la mujer.

La historia ha sido contada como una discusión por el alto volumen de la música que escuchaban y entró en la conversación en redes sociales como una especie de justificación que apela a una de las narrativas antivenezolanas que fomentan los discursos de odio. En agosto pasado se hizo viral un video de un grupo de venezolanos bailando y oyendo música en medio de la nevada en el Cajón de Maipo. Se trataba de la grabación de un videoclip, pero la escena corrió en las redes sociales con indignación como si se tratara de un choque cultural entre venezolanos y chilenos. En febrero, las tensiones se cebaron durante el festival de Viña del Mar por la presentación del comediante venezolano George Harris. En el caso de Yaidy también se mencionó su nacionalidad como insulto. “¡Vayan a escuchar música a su país, venezolanas culiás!”, fue uno de los reclamos que les hicieron la noche que la asesinaron, según contaron testigos a medios locales. También se ha señalado que la mujer tenía antecedentes penales, algo que luego desmintieron sus abogados.

Yaidy Garnica emigró en 2017 del Estado llanero de Portuguesa a Chile. Un año después, se llevó a sus hijas. En ese tiempo, se regularizó y tenía la residencia definitiva en Chile. En 2022, después de la pandemia, se mudó a Cerro Navia. Trabajaba en el área de despacho de una empresa fabricante de zapatos deportivos, reseñó el portal Crónicas de Chile.

El defensor Braulio Jatar, chileno-venezolano y socio del bufete que ha asumido la representación del caso, resalta que el crimen tiene antecedentes de conflictos en el vecindario con amenazas y señalamientos por ser venezolanos. “Ellos son los únicos venezolanos que viven en ese pasaje. Eso había generado una situación de desencuentros de distintas formas, ese desencuentro de no reconocer al otro”, comentó por teléfono a EL PAÍS. “Hubo una situación que llegó a alta tensión y se rebaja la gravedad cuando se dice que fue un problema por los unos parlantes”. Los episodios de violencia previos, sin embargo, no desembocaron en denuncias a las autoridades, asegura el abogado. Los abogados de las hijas de Yaidy han recopilado los videos de las cámaras de seguridad de esa noche y buscarán la máxima condena para el homicida.

Discursos de odio

Para los activistas, el asesinato de Yaidy es un crimen de odio. “Pasa en un contexto en el que se han intensificado los discursos de odio contra la migración y, sobre todo, contra la migración venezolana. Se ha promovido una narrativa que ha estigmatizado la migración venezolana a la que se le asocia con el crimen organizado, la delincuencia, el desempleo y con todos los problemas que vive el país. Eso ha calado hondo en la sociedad”, señala la psicóloga social Vanessa González, venezolana en Chile, y directora de Migrantas, una organización creada en 2022 para la defensa de las mujeres migrantes. “Si esos mensajes se distribuyen entre los medios masivos y las autoridades, quedan arraigados en la sociedad. Esos discursos de odio y el racismo hacen que ocurran estos hechos lamentables”.

González, que ha hecho de la migración su tema de estudio, asegura que lo ocurrido es “un indicador de máxima alarma”, sobre todo para las mujeres. “En Chile hay una violencia política hacia la comunidad migrantes”, dice González. “Recae con más fuerza en los cuerpos de las mujeres, de las diversidades y las personas afrodescendientes, porque está transversalizada con violencia de género y racista. Estos discursos de odio son los que se reproducen en la práctica con la violencia institucional, pues se sigue denegando derechos por no tener documentación al día”.

Las instituciones chilenas, asegura, no han creado políticas efectivas para la integración de los migrantes venezolanos, pese a que la sociedad civil ha denunciado con fuerza lo que ocurre. En noviembre pasado, Migrantas junto a otras organizaciones, acudió al Congreso para exponer sus objeciones a la reforma de la Ley de Migraciones, que el Ejecutivo pidió con urgencia. Para la activista, se está retrocediendo en derechos.

“La mayor proporción de personas migrantes en Chile son venezolanas (42% del total de extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística) y las políticas están basadas en la selectividad y en visas consulares que impiden que personas que ya están viviendo en el país regularicen su situación. Con esto, lo que se sigue promocionando es la irregularidad”, apunta González. “Hay más de 500.000 personas que podrían optar por la regularización, la mitad son mujeres y niñas, pero hay una tremenda falta de voluntad política para darles acceso a un documento que no los excluya de otros derechos”.