El Tren de Aragua, el gran problema de Chile

Las calles de Chile tienen un antes y un después desde que empezaron a delinquir en su territorio bandas extranjeras de crimen organizado, en especial, el Tren de Aragua (TDA), cuyas redes se han expandido en 14 de sus 16 regiones, desde Arica, en el norte, a Los Lagos, en el sur. La megabanda ha operado tanto con su nombre original -en el caso de Tarapacá- como con franquicias y distintas células que le tributan económicamente a la organización: La Compañía, Los Gallegos, Los Piratas de Aragua, La Hermandad, Los Mapaches y Los Hermanos Cartier, entre otras. Su presencia ha influido en que los homicidios se volvieran más violentos -entre ellos dos múltiples- y surgieran nuevos delitos, como los sicariatos. También en los secuestros, en especial en 2022 cuando subieron un 68% respecto de 2021; se triplicaron las víctimas de trata de personas para explotación sexual y de tráfico de migrantes a partir 2023; irrumpieron las extorsiones y se han descubierto casas de torturas. En muchos de estos casos, las víctimas son extranjeras, la mayoría de Venezuela, del mismo origen que el TDA. Pese a su rápida expansión, Chile ha logrado detener a más 330 de sus integrantes. El último de ellos es Alfredo José Henríquez Pineda, el Gordo Ale, implicado en el crimen del disidente de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, quien ha quedado en prisión preventiva este lunes.

Las autoridades han dado varios golpes a la organización a partir de 2022, aunque es una banda que se rearticula. El más reciente fue a finales de junio y ha sido por primera vez a su maquinaria financiera: se detuvo a una red de lavado de activos que operaba en Santiago, Valparaíso y Los Lagos, y que logró sacar de país 13,5 millones de dólares.

El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. La organización fue fundada por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica, y Giovanny San Vicente, todos prófugos. La megabanda ha extendido también sus redes a Perú, Ecuador, Estados Unidos y Colombia. Hace un año, estos dos últimos países se aliaron para cercar al grupo e informaron de un programa de recompensa de 12 millones de dólares por la captura de sus tres líderes. Y, el pasado 14 de julio, Donald Trump anunció sanciones económicas en contra de los cabecillas.

En enero de este año, Ecuador declaró al Tren de Aragua como “grupo terrorista de crimen organizado”. En junio, Estados Unidos, Perú y Argentina solicitaron a sus socios de la Organización de Estados Americanos (OEA) que cataologue a la organización de la misma manera.

Las fiscalías de Chile y Colombia, donde hace un año fue detenido Salomón Fernández Torres, el líder del TDA en Bogotá, han trabajado de manera colaborativa, luego que varios de sus miembros hayan sido capturados tras huir del país sudamericano.

En Chile, entre los más de 330 miembros que han sido apresados, hay al menos tres que tienen vínculos directos con El Niño Guerrero. Eso refleja que para la banda se convirtió en un país de especial interés. Según explica Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional chilena, los cabecillas vieron en este país “un lugar con una buena proyección para sus operaciones, con una situación económica estable a nivel continental y, además, donde tenían poca competencia pues acá no había una criminalidad organizada como la que se podía identificar en países como Colombia, México o Brasil. Tampoco una alta tasa de homicidios ni de secuestros, lo que es una forma de identificar cuándo un país es más o menos peligroso en índice de criminalidad”.

Otro factor fue que la organización, detalla la abogada, siguió la trayectoria de la primera migración venezolana a Chile, “profesionales y personas de una buena situación económica, que llegaron a emprender. En Iquique, en las primeras extorsiones y secuestros fueron sus víctimas. Incluso, una de esas personas se tuvo que ir del país. Lo mismo hicieron Los Pulpos, que al llegar [desde Perú] extorsionaron a ciudadanos peruanos”.

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la extradición a Chile de cinco miembros del TDA. Entre ellos, Edgar Javier Benítez Rubio, el Fresa, uno de los 12 imputados por el secuestro con homicidio Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago, en febrero de 2024. El exteniente venezolano, refugiado político en Chile, era un activo disidente del régimen chavista y tras su asesinato, según el Ministerio Público, está la célula Los Piratas de Aragua, que rinde cuentas a Héctor Guerrero. Para el fiscal chileno Héctor Barros, tuvo un móvil político: “Detrás de este hecho el gobierno venezolano”, ha reiterado.

Tras el crimen de Ojeda, algunos de sus autores huyeron de Chile, pero hay 12 detenidos. Maickel Villegas Rodríguez fue extraditado en noviembre de 2024 desde Costa Rica; un mes después cayó, en Colombia, Carlos Gómez, Bobby; mientras que Luis Alfredo Carrillo Ortiz, Gocho, sindicado como uno de los que enterró a Ojeda bajo cemento y dentro de una maleta, fue detenido en febrero de este año, en el mismo país. Adrián Rafael Gámez Finol, el Turco, quien lideró la operación, está privado de libertad desde finales de 2024 en Estados Unidos: no solo se le requiere en Chile por este homicidio; también por los secuestros de una mujer de nacionalidad chilena en el municipio Estación Central, en la Región Metropolitana, y el de un ciudadano dominicano.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), dice a EL PAÍS que fue en el segundo semestre de 2021 cuando detectaron el primer indicio de un cambio brusco en la criminalidad, tras varios secuestros extorsivos, que fueron en aumento. “Eran víctimas y autores extranjeros, quienes habían ingresado al territorio nacional de manera irregular y clandestina. Eso nos hizo ver que enfrentábamos un fenómeno totalmente distinto, que no habíamos visto”.

“El nuevo fenómeno nos desafió a crear nuevas estrategias investigativas de abordaje junto al Ministerio Público, que empezaron a dar resultados positivos y se lograron desbaratar a facciones del Tren de Aragua”, agrega.

La mayoría de las víctimas extranjeras también estaban vinculados a delitos. “Lo que hacía el Tren de Aragua era ejercer su poder delictual sobre ellos y obligarlos a que les tributaran recursos de su actividad criminal y, el que no lo hacía, era secuestrado o extorsionado y obligado a pagar. O, en algunos casos, era asesinado”, señala el policía. Y agrega que una característica de sus miembros es que, cuando al ser detenidos, han preguntado: “¿Por qué nos detienen si entre nosotros arreglamos los problemas de esta forma?“.

La excepción en esos casos son el secuestro en noviembre de 2023 del empresario chileno Rudy Basualto, quien fue liberado tras el pago a sus captores (han sido condenados hace dos semanas ocho miembros de Los Piratas), y el crimen de Ronald Ojeda. “El del exteniente Ojeda es el caso más emblematico, en el sentido que una facción de la organización criminal, que ya venía realizando secuestros extorsivos, de un rato a otro fue capaz de realizar una operación así: con una planificación extra, vestidos como policías y con un fin totalmente distinto, que no era lucrar”, puntualiza Barrientos. Y agrega que, algunos miembros -huyeron de Chile solo algunos-, después sigueron cometiendo otros secuestros.

Larry Changa, Estrella, Petare y Satanás

Chile intenta poner un cerco ante la agudización y reconfiguración de la criminalidad organizada. En noviembre de 2023, la Fiscalía Nacional empujó la creación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), para abordar de manera interdisciplinaria la crisis de seguridad y el nuevo escenario.

Asimismo, a diferencia de otros países de la región, ha abordado al Tren de Aragua, judicialmente, no desde la flagrancia (las detenciones caso a caso), sino que con “investigaciones de largo aliento y uso de técnicas especiales de investigación”, explica Tania Gajardo.

Las primeras señales públicas de la presencia del Tren de Aragua en Chile fueron entre 2020 y 2021, en la región de Valparaíso, ubicada a 120 kilómetros de Santiago, y en extremo el norte del país, cuando se abrieron indagatorias en Tarapacá y luego Arica por Los Gallegos. Al comienzo, para Chile era una organización tan desconocida, que el equipo de Raúl Arancibia, el primer fiscal que indagó a la megabanda en Tarapacá -hoy retirado y reemplazado por Trinindad Steinert- tuvo que buscar en Google para saber de qué se trataba.

De eso han pasado casi cinco años y entre los detenidos hay uno que parte de la cúpula de Guerrero. Es el caso Laury Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, cofundador del TDA en Tocorón, y también buscado por Venezuela. Huyó de Santiago en 2022 y la Corte Suprema de Colombia aprobó hace tres semanas su extradición a Chile, tras ser requerido por la fiscalía de Tarapacá. Es el primer miembro de la organización que llegó a Chile, enviado por el Niño Guerrero, en 2018. Entró de manera regular, vivió en forma discreta y montó dos restaurantes, uno de ellos el Arepa Express, en el centro de Santiago. Pero traficaba ketamina por la frontera norte, en Colchane.

La luz verde a la extradición de Álvarez es, en cierto sentido, el cierre de un ciclo, solo si se considera que fue el primer integrante del TDA que se instaló en Chile. Aunque esta es una banda en la que cada vez que hay una baja de uno de sus altos miembros, es reemplazado.

En un año, entre 2024 y 2025, la justicia chilena ha dictado cuatro condenas a la megabanda. La primera, el hito, fue en julio de 2024, en Puerto Montt, en la región de Los Lagos, a unos 1.040 kilómetros de Santiago, cuando cuatro de sus miembros fueron sentenciados a 99 años de cárcel -en suma- por trata de personas para explotación sexual (12 víctimas extranjeras), lavado de activos y asociación criminal. En la segunda, a finales de julio, la Corte Suprema confirmó las penas a más de 650 años de cárcel, en total, para 34 integrantes de la violenta facción Los Gallegos, que operaban en Arica y desarticuló el equipo del fiscal Mario Carrera. La tercera ha sido emblemática: hace un mes fue condenada, en total a 300 años de privación de libertad, la cúpula del TDA en Chile, que operaba desde Tarapacá: son 12 personas que corresponden al primer grupo que llegó a Chile (el mismo de Larry Changa). La indagatoria, que encabezó Trinidad Steinert, involucra a otro importante jefe con contacto directo con Héctor Guerrero: Carlos González Vaca, alias Estrella, ademas de Harol Rangel, alias Harold Petare, y a Hernán Landaeta Garlotti, Satanás. Landaeta, quien hace un año lideró una inédita revuelta en la cárcel de alta seguridad de Santiago, era mucho más que el sicario de la ‘primera generación’ del TDA, pues junto a su pareja, Karialiex González y su tía Luisa Moreno, montaron además una cruel organización en Iquique, en Tarapacá, de explotación sexual de mujeres migrantes.

Tania Gajardo señala que con el Tren de Aragua hubo un cambio sustancial en el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, “tanto por las personas que ellos han traído obligadas, engañadas y amedrentadas, como porque le empezaron a cobrar multas a mujeres que ya estaban en Chile”.

Precisamente, este jueves, también han sido declarados culpables ocho miembros del Tren de Aragua que operaban en Concepción, en la región del Biobío, a unos 500 kilómetros de Santiago, por explotación sexual de mujeres provenientes de Venezuela y Colombia: estaba encerradas y bajo amenazas.

La hebra que arrancó con Los Hermanos Cartier

En 2021, mientras el Tren de Aragua era indagado en el extremo norte chileno, en la región de Los Lagos, la policía empezó a observar una situación nueva, en especial, en la ciudad de Puerto Montt: un inédito aumento de mujeres extranjeras que ejercían la prostitución en una zona en que no era habitual. “Tenían un perfil muy claro: eran jóvenes, la mayoría venezolanas, con ingreso al país irregular”, señala el subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Puerto Montt.

Ese fue el indicio para que la PDI y la Fiscalía comenzaran a investigar un red, que fue desarticulada en 2022 y, en 2024, se convirtió en la primera condena en Chile al TDA por trata de personas con fines de explotación sexual: las mujeres eran víctimas de amenazas y de violencia extrema. En este caso, en Los Lagos, detalla Castro, no operaba una facción, sino “una ‘franquicia’ del Tren de Aragua. Es decir, era ”una organización compuesta por ciudadanos venezolanos que pagaba ‘el derecho’ para usar el nombre Tren de Aragua”.

Dos años después, en julio de 2024, la brigada que dirige Castro desbarató a Los Hermanos Cartier, un brazo operativo del Tren de Aragua en Los Lagos: sus integrantes, una veintena, entre ellos un exmiembro de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y un excarabinero chileno, fueron imputados por la Fiscalía, que lidera Carmen Gloria Wittwer, por robos, amenazas, tráfico de drogas, infracción a la ley de armas y asociación ilícita. Su líder, Gabriel Arturo Acosta Escalante, el Pure Cartier, ha sido detenido en mayo pasado en Antioquia, Colombia: se le imputa homicidio, homicidio frustrado, extorsiones, lavado de activos, robos con intimidación, robos frustrados y secuestros, entre 2022 y 2025, y se ha pedido su extradición.

El caso de Acosta es clave por dos aspectos: primero, porque Pure no es un alias, sino un rango alto dentro del Tren de Aragua, lo que grafica los tentáculos de la megabanda y su interés en Chile. Segundo, porque su identificación sirve para comprender cómo funciona la nueva criminalidad organizada, pues el Pure Cartier dirigía todas las operaciones de esa facción del TDA desde el extranjero, sin haber pisado Chile, y con un grupo bajo su mando en Los Lagos.

La detención de la facción Los Hermanos Cartier sirvió de base para el último gran golpe del Tren de Aragua, del 24 de junio, cuando se desarticuló una red de lavado de activos que sacó de Chile más de 13,5 millones de dólares, producto el pago de tributos criminales o ‘vacunas’, en la jerga el TDA, por tráfico de migrantes y de drogas, explotación sexual, extorsiones y secuestros.

Fue un operativo en que se detuvo a 52 personas en Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, 45 de ellas extranjeras en situación regular que prestaron sus cuentas bancarias. El mecanismo era sofisticado, y logró evadir a los sistemas chilenos, públicos y privados, que debieron alertar por operaciones sospechosas: su utilizaron sociedades de papel, testaferros y, entre otras fórmulas, criptomonedas.

El hilo que arrancó con esta operación tuvo que ver, cuenta el subprefecto Castro, con una característica que se observó en Los Hermanos Cartier. “Nos dimos cuenta que el Tren de Aragua funciona distinto a otros delincuentes. Un traficante de drogas chileno, por ejemplo, tributa dinero para él y lo primero que hace es adquirir un vehículo, una casa o joyas. Pero en este caso, no incrementaban el patrimonio. Por lo tanto, no nos calzaba que no tuvieran una buena vida”.

Así, detectaron que Los Hermanos Cartier realizaban movimientos en cuentas bancarias a los 50 testaferros que han sido identificados, pero también con otras facciones del Tren de Aragua en Chile, entre ellas, Los Piratas y la primera cúpula, que lideraba Carlos González Vacca, Estrella.