Chile tuvo preso dos años y medio a uno de los cabecillas del Tren de Aragua, sin saber que era él

Junior Misael Castillo Betancourt, apodado Junior enano y de 42 años, estuvo recluido en la cárcel de Valparaíso, una ciudad ubicada a unos 120 kilómetros de Santiago, desde febrero de 2023. Hasta hace unos días estuvo allí sin levantar sospechas de que era uno de 10 los líderes de la banda criminal el Tren de Aragua, nacida en la cárcel de Tocorón, a unos 139 kilómetros de distancia de Caracas, en Venezuela. En los registros policiales y judiciales de Chile aparecía como Junior Daniel Castillo Betancur —un nombre falso que él mismo proporcionó—, junto con modificar su fecha de nacimiento y cambiar dos dígitos del número de su documento de identidad. Con esta información incluso fue condenado, en julio de 2024, a cuatro años de presidio por microtráfico de drogas en el Parque Italia, en el barrio El Almendral de Valparaíso, y también se encontraba formalizado por un segundo delito asociado a la comercialización de sustancias ilícitas.

Este lunes fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Santiago, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) detectara el 23 de julio, a raíz de otra indagatoria, que es parte de la cúpula del Tren de Aragua, la banda liderada por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, operativa en ocho países de Latinoamérica, incluyendo a Chile, y con presencia en Estados Unidos.

La verdadera identidad de Castillo se conoció cuando los policías cotejaron sus huellas dactilares -a través de una petición de información que realizaron a una agregada en Colombia-, con los registros de la oficina central de Interpol en Caracas, donde se había emanado una alerta roja en su contra tras haberse fugado de la cárcel de Tocorón. En Venezuela es buscado por extorsión agravada, terrorismo, financiamiento al terrorismo, y por homicidio, delitos no solo establecidos a Castillo Betancourt, sino también a los 17 cabecillas del Tren de Aragua. En este país cuenta con una orden de extradición, aunque de momento Venezuela no ha realizado una petición formal a Chile.

Este martes, en un punto de prensa, el ministro de Seguridad del Gobierno a Gabriel Boric, Luis Cordero, dijo sobre el caso de Castillo Betancourt que al Ejecutivo “le gustaría que esto [la identificación] se hubiese detectado con anterioridad”. También señaló que están en desarrollo otras acciones en el mismo sentido respecto de personas que ”son sujetos de interés similares”. “No hay ningún país de América Latina como Chile que hubiese investigado con más detención, más acuciosidad y más dedicación a una organización criminal como el Tren de Aragua”, agregó.

Chile enfrenta varios problemas para identificar a personas que han cometido delitos y que han ingresado por pasos irregulares. Un hecho que, hace una semana, admitió el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, ante la comisión de seguridad del Senado: dijo a los parlamentarios que existe “un problema basal” respecto de cómo identificar a los extranjeros que no han sido enrolados: “Tenemos personas que viven en Chile, que se desplazan en Chile, [que] en algunos casos cometen delitos pero no sabemos quiénes son”.

Cerna acudió el Parlamento tras el escándalo en Chile por la inexplicable liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, que asesinó al prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como el Rey de Meiggs, el 19 de junio. El sujeto dio a las autoridades un nombre falso, el de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, y después de estar un día arrestado salió de la cárcel Santiago l, en el barrio del Centro de Justicia, perdiéndose su rastro. La Fiscalía chilena investiga si hubo un error o no en su liberación.

De Tocorón a Chile

Cuando Junior Castillo huyó de Tocorón, hace tres años, se escondió en Chile, adonde ingresó de forma clandestina por su extensa frontera que limita con Bolivia, Perú y Argentina. Cayó detenido durante una fiscalización policial por cargar con unos 630 gramos de marihuana cuando conducía una camioneta, que tenía alterados los números de la placa y del chasis, en la región de Valparaíso, en febrero de 2023, indica una nota de El Mercurio. En ese momento, los policías también hallaron en su celular un video en que exhibía un arsenal de armas de fuego de distintos calibres, drogas y un bolso lleno de dólares.

Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, dijo que, en general, consideran que Chile, en los requerimientos de asistencia internacional con Venezuela, suele enfrentarse a “un problema de oportunidad y de calidad de la información”. Precisó que, en una rueda de prensa, que este caso fue resuelto por “la iniciativa de la Policía de Investigaciones de Chile, la que finalmente logró cruzar [información] con Interpol”.

Los lazos diplomáticos entre Chile y Venezuela se resquebrajaron completamente después de que el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric reconoció que hubo un fraude electoral en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, cometido por el régimen de Nicolás Maduro para perpetuar al sucesor del expresidente Hugo Chávez en el poder. Los embajadores de ambos países fueron retirados: primero se fue Arévalo Méndez, el embajador chavista en Santiago, hace un año; y unos cuatro meses después, en enero, Boric ordenó el fin de la misión diplomática del socialista Jaime Gazmuri en Caracas.

La decisión no solo afectó a los más de 720.000 migrantes venezolanos que residen en Chile al quedar sin una sede consular, sino que también profundizó la ausencia de cooperación policial entre ambos países. La periodista venezolana Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua y ganadora el premio Rey de España 2025, asegura que Junior Castillo, según información a la que ha tenido acceso, tiene dos expedientes en los que aparece solicitado por autoridades venezolanas, uno de 2022 y otro de 2023. “En algunos casos, Venezuela ha tenido relaciones intermitentes con países latinoamericanos, como Chile. Esto ha limitado el intercambio de información policial, lo que –junto con la ausencia de cooperación– ha facilitado a estos delincuentes establecerse y operar en estas naciones. Muchos ingresan con identidades falsas e, incluso, con las verdaderas, sin que sea posible constatar sus antecedentes para las autoridades policiales de los países receptores”, dijo en una conversación telefónica a este medio.

Castillo tenía un perfil reservado en Venezuela. Residió en el estado de Carabobo, en el centro-norte del país caribeño, y trabajó en una empresa llamada Agentes aduanales HRM hasta 2015, localizada en la ciudad de Valencia. Estuvo detenido en la cárcel de Tocorón, la génesis del Tren de Aragua, donde fue conocido con uno de los Papas, seudónimo que se le dio a varios de los integrantes de la plana mayor de la organización criminal, como Josué Ángel Santana Peña, apodado Santanita, Jorge Eli Moreno Chávez, conocido como Viejo Tito Bisay, y otros más, según un documento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano de marzo de 2024.

El imputado no es el único alto jerarca de la megabanda trasnacional que se encuentra encarcelado en Chile. En julio, la justicia chilena condenó a Carlos Leandro González Vaca, alias Estrella, y al sicario Hernán Landaeta Garlotti, apodado Satanás, a presidio perpetuo por delitos como secuestro y homicidio. Junto a ellos fueron sentenciados a prisión otras 10 personas que estaban a su mando.

Sin embargo, otros han estado en el país sudamericano sin poder ser detectados a tiempo, como es el caso del cofundador del Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, que estuvo en Chile desde 2018 y hasta 2022, donde gestionó una importante célula criminal llamada La Compañía. Administró negocios con apariencia legal, como un local de comida rápida y una panadería en Santiago. Imputado por tráfico de drogas y otros crímenes, Álvarez fue capturado en Colombia hace un año. Tenía una orden de captura internacional emitida en septiembre de 2023 por el tribunal de garantía de Pozo Almonte, un municipio ubicado en el extremo norte chileno, a unos 1.400 kilómetros de la capital chilena.