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SICARIOS
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Sicariato en Chile

La todavía inexplicable liberación de uno de los homicidas de Felipe Reyes, el ‘Rey de Meiggs’, deja al descubierto varias falencias en el sistema

Wilson Verdugo
Ana María Sanhueza

[Esta pieza es una versión de uno de los envíos de la newsletter semanal de Chile, que se envía todos los jueves. Si quiere suscribirse, puede hacerlo a través de este enlace].

Muy buen viernes, queridos lectores:‌

Comienzo con una mala noticia, que está en desarrollo: en Chile hay sicariato. Lo estamos observando en estos días con el caso de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el Rey del Meiggs, asesinado a tiros el 19 de junio a la salida del edificio donde vivía en Ñuñoa. Poco más de un mes después ha sido detenido y formalizado el empresario gastronómico chileno Wilson Verdugo Díaz, dueño de dos locales del restaurante La Vaquita Sabrosa y tres carnicerías: le adeudaba dinero a Reyes, quien era un prestamista informal, y es sindicado por la Fiscalía como el presunto autor intelectual del homicidio.

Mientras el caso avanza, la tormenta que desató la inexplicable liberación, el 10 de julio, de uno los tres sicarios de nacionalidad venezolana que habrían actuado pagados por Verdugo, está lejos de amainar. Hemos sabido después que la identificación con la que lo buscó la PDI en los primeros días, la de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, no era tal, sino que su nombre es Alberto Carlos Mejía Hernández. Y de eso nos enteramos después de que a Mejía se le perdió el rastro: se tapó con un yeso el tatuaaje de su mano derecha que lleva la palabra Zeus y cruzó la frontera por Arica.

Su liberación, un día después de su formalización, ha dejado al descubierto varias falencias en Chile, pese a sus avances para enfrentar la crisis de seguridad, agudizada por los nuevos delitos: asesinatos por encargo, secuestros extorsivos y homicidios cada vez más violentos. Este martes, un hombre y su hija de siete años fueron acribillados con 70 tiros en La Granja, un caso por el que se indaga un ajuste de cuentas por tráfico de drogas.

Las falencias quedaron expuestas en la sesión de las comisiones de Seguridad Pública y de Constitución del Senado del martes, en la que se trató el caso de la identificación errónea de Mejías. Uno de los invitados a exponer fue Eduardo Cerna, director de la PDI, quien dijo a los parlamentarios que en Chile existe “un problema basal” respecto de cómo identificar a los extranjeros que no han sido enrolados: “Tenemos personas que viven en Chile, que se desplazan en Chile, [que] en algunos casos cometen delitos pero no sabemos quiénes son”.

Cerna dijo que la cooperación internacional entre las policías, para los casos que requieren identificación y que han delinquido, ha funcionado. Pero que con Venezuela, que cerró su consulado hace un año, no tienen como contrarrestar los datos, cuando los detenidos entregan un nombre, como lo hizo Mejía. Aunque, agregó, “sí tenemos sus huellas y sus rostros, que nos permite el día de mañana, si tenemos un NN, crear esa foto, cargarla al sistema y verificar si esa persona ha estado enrolada anteriormente”.

Con la frase de Cerna recordé una entrevista al fiscal nacional Ángel Valencia que publicamos hace mucho tiempo atrás, en febrero de 2024, en la que ya abordaba ese problema basal del que habló Cerna: dijo cuando ocurrió el crimen del cabo Daniel Palma, en abril de 2023, “sinceramos en el Ministerio Público de que estábamos investigando fantasmas en muchos casos”. Fue cuando el fiscal dictaminó una controvertida medida: el criterio Valencia.

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Sobre la firma

Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.
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