Los herederos de Pinochet deben restituir 16 millones de dólares al Estado de Chile por la sustracción de caudales públicos

La justicia chilena ha determinado este martes que los herederos de Augusto Pinochet, la cabeza del régimen militar que se extendió por 17 años (1973-1990) en el país sudamericano, deberán restituir 16 millones de dólares al Estado de Chile por el perjuicio provocado por el militar, el que fue determinado en la investigación del caso Riggs, en donde se indagó la sustracción de caudales públicos por parte del dictador. El Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en la capital de Chile, ha acogido una demanda por provecho del dolo ajeno presentada por el Consejo de Defensa del Estado, CDE, que ha solicitado que los fondos malversados por el dictador sean requeridos a sus sucesores, entre los que se cuentan a Lucía Hiriart, la fallecida viuda del excomandante en jefe del Ejército, y otras 15 personas.

El tribunal chileno ha fallado tras analizar una acción civil que fue presentada en 2018, un poco después que la Corte Suprema chilena cerrara la arista penal del caso Riggs. En una investigación que se extendió por 12 años, se determinó que 17,8 millones de dólares que eran parte de la fortuna del dictador tenían un origen ilícito. El máximo tribunal ordenó un decomiso de bienes por 1,6 millones de dólares, pero una parte importante del dinero no pudo ser requisado debido a la prescripción por el fallecimiento de Pinochet, que murió el 10 de diciembre de 2006 sin ser condenado. Ante esto, el CDE presentó una demanda de dolo ajeno para que los sucesores del autócrata asumieran la responsabilidad por los fondos sustraídos, ya que habrían sacado provecho de la defraudación.

Casi siete años después, el juzgado civil ha emitido un fallo de primera instancia, el que acoge la demanda del CDE y ha ordenado la restitución de los fondos por parte de los herederos. En la resolución, el tribunal explica que las acciones cometidas por el dictador han sido comprobadas por la investigación. “Pese a que no fue posible hacer efectiva la responsabilidad penal del señor Pinochet Ugarte por su fallecimiento, se encuentra acreditado que incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos, estimándose que sus ingresos sin justificación ascendieron al menos a 17.886.323,20 de dólares, cuyo origen se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile”, ha establecido el texto.

El juzgado ha detallado además que el monto solicitado a los sucesores corresponde a la cifra que no logró ser decomisada tras el cierre de la investigación en 2018. “Así las cosas, la cuantía del provecho susceptible de ser percibido por los demandados consiste en la parte del patrimonio de origen ilícito del causante que no fue objeto del comiso, monto que asciende a la suma total de 16.244.768,74 de dólares, de modo que la distribución del provecho entre la sucesión deberá hacerse a prorrata de sus derechos en la herencia”, ha explicado.

El fallo ha sido celebrado por el presidente del CDE, Raúl Letelier, que ha dicho que con esta decisión se avanza en la recuperación de los fondos públicos que fueron malversados por el militar. “Transcurridos siete años desde su presentación, la demanda por provecho del dolo ajeno que hoy acoge íntegramente la justicia forma parte de un conjunto de acciones materializadas por el Consejo de Defensa del Estado para reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos cometida por Pinochet y sus colaboradores”, ha dicho el abogado.

La determinación del tribunal —que puede ser apelada por los involucrados— suma un capítulo más en la trama corrupta en la que participó Pinochet, la que quedó al descubierto en 2004 cuando una subcomisión del Senado de Estados Unidos, que investigaba la financiación terrorista tras los ataques al Pentágono y al World Trade Center en 2001, descubrió el dinero en distintas cuentas inscritas con nombres falsos, como Daniel López o John Long, en el desaparecido Riggs Bank. La investigación siguió el origen de la fortuna del dictador, la que ascendía a 21 millones de dólares. El juez Manuel Valderrama cerró el sumario en 2013, sin procesar a ninguno de los familiares directos de Pinochet.

La orden de restitución de dineros hacia el fisco aparece en un momento complejo para la familia Pinochet, que mantiene una pugna por la herencia de ocho propiedades que pertenecían al dictador y a su esposa Lucía Hiriart, fallecida en 2021. Jacqueline Marie Pinochet Hiriart, la hija menor del matrimonio, ha presentado una querella por apropiación indebida y “maltrato habitual” en contra de su hermano, Marco Antonio. La demandante ha dicho que el querellado realizó “diversos actos de administración y disposición, sin la autorización de ninguno de los miembros de la comunidad hereditaria y respecto de la totalidad de los bienes que constituían la masa hereditaria”. También lo ha acusado de impedir la visita a la tumba de sus padres, que está ubicada en una finca familiar.