El último día del ‘rey del barrio Meiggs’, la víctima mortal del sicario venezolano que estuvo unas horas en prisión y salió en libertad en Chile

José Felipe Reyes Ossa, de 43 años, murió hace casi un mes en la calle tras recibir tres disparos a plena luz del día cuando salía de un edificio en el municipio de Ñuñoa, en el sector oriente de Santiago. El empresario era conocido como el Rey del barrio Meiggs, una popular zona comercial ubicada en el centro de la capital chilena, donde abunda la compraventa ilegal. Un par de semanas después del asesinato, Carabineros detuvo a tres ciudadanos venezolanos, imputados por los delitos de homicidio calificado, robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas. La tesis de la policía y la Fiscalía es que se trató de un crimen por encargo. Uno de los sicarios, Osmar Alexander Ferrer Ramírez, vinculado al Tren de Aragua, fue formalizado y enviado a prisión preventiva la semana pasada, pero al día siguiente la justicia chilena lo liberó. Se investiga se habría tratado de un error administrativo, y hoy Ferrer Ramírez se encuentra en calidad de prófugo.

El 19 de junio los tres presuntos involucrados en el asesinato de Reyes sabían la hora en que la víctima se trasladaría desde la Región de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de la capital, hasta la calle Quirihue, en Ñuñoa. Conocían el vehículo en que se desplazaría y llevaban consigo una fotografía del empresario. Una vez que llegó a su destino, los atacantes lo esperaron durante unas dos horas en un coche, hasta el mediodía del soleado jueves de invierno. Cuando Reyes salió del edificio residencial, junto a un amigo, uno de los delincuentes le robó el teléfono móvil y la billetera al acompañante de la víctima, quien logró huir con dirección al oeste. Mientras tanto, el Rey del barrio Meiggs, un hombre grande, vestido con una chaqueta azul y celeste y pantalones deportivos, salió corriendo hacia el este, siendo perseguido por otro de los asaltantes, que iba armado.

Tras correr unos metros más allá sin gritar por ayuda, el empresario, que llevaba consigo 300.000 pesos chilenos (unos 300 dólares), se tropezó y cayó al suelo, por lo que lograron alcanzarlo. El vehículo conducido por el tercer involucrado en el crimen se acercó hasta donde estaba su compañero y la víctima. Según las investigaciones, la intención era secuestrarlo, pero la resistencia y el volumen de la víctima frustró el plan, por lo que arrastraron a la víctima y, una vez hincado, le dispararon tres veces con armamento de alto calibre: un impacto en el cuello causó su muerte inmediata en plena calle. Según la Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la persona que encargó el delito era cercano a Reyes -aún no identificado- y conocía sus horarios, movimientos y dónde vivía. Esa información se la habría transmitido a un intermediario, quien habría sido el que contrató a los tres venezolanos para ejecutar el sicariato.

Tras cometer el crimen, los delincuentes no se llevaron el dinero que portaba la víctima, y se fueron a almorzar a un sector de Estación Central conocido como la pequeña Caracas, por la cantidad de inmigrantes venezolanos que viven ahí. La Fiscalía informó que los agresores pertenecían a una célula vinculada al Tren de Aragua y que el homicidio se ejecutó como un “ajuste de cuentas”, no por robo. El responsable intelectual, motivado por un conflicto personal, acordó pagar 30 millones de pesos (unos 30.000 dólares), pero los involucrados en el crimen solo recibieron unos cuatro millones y medio de pesos (cerca de 4.500 dólares) al día siguiente de la ejecución. Constantemente comunicados con su cercanos para saber si las policías estaban buscando el coche en el que se movilizaban, huyeron a la sureña ciudad de Osorno, donde permanecieron 15 días. Una vez que regresaron a Santiago, los detuvieron.

El 9 de julio, la jueza Irene Rodríguez dejó en prisión preventiva en el penal Santiago a los tres involucrados por considerarlos un “peligro para la sociedad”. ”Con estas personas libres, tenemos que persignarnos”, apuntó. Sin embargo, al día siguiente, uno de los imputados, Ferrer, fue puesto en libertad presuntamente por una orden de la misma jueza. El Poder Judicial señaló que el día de la formalización de Ferrer hubo tres resoluciones emitidas por el 8° Juzgado de garantía con pocos minutos de diferencia. En la primera, se decretaba la prisión preventiva; en la segunda, se dejaba sin efecto para corregir problemas en la identificación del imputado; y en la tercera, el tribunal emitió una nueva orden de ingreso a prisión “con los antecedentes correctos”. Por esto es que se está intentando dilucidar: si se trató de errores administrativos o no.