Los casos de tráfico de drogas de funcionarios del Ejército y la Fuerza Área marcan un hito en la crisis de seguridad de Chile

En dos semanas, dos casos de tráfico de drogas, cocaína y ketamina, detectados en Tarapacá, en el norte chileno, protagonizados por siete funcionarios del Ejército y cinco suboficiales de la Fuerza Aérea (Fach), en forma separada, han marcado un punto de inflexión en Chile, un país en el que este tipo de hechos no solían ocurrir (o no se sabía que sucedían) en el nicho de las Fuerzas Armadas, supeditadas al ministerio de Defensa. Son delitos propios de organizaciones criminales que el ministro de Seguridad Pública del Gobierno de Boric, Luis Cordero, ha catalogado como “la situación más grave que se ha enfrentado en el último tiempo” desde el punto de vista de la seguridad.

“Es grave la corrupción en toda institución asociada al combate a las organizaciones criminales, pero es especialmente sensible en las instituciones vinculadas a la Defensa nacional y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque después de ellas no hay nada más” ha dicho Cordero este martes a radio Cooperativa. Y agregó que la peligrosidad de estas organizaciones es que son estructuras “que operan dentro de un determinado lugar para una de las áreas más estratégicas del tráfico de drogas, que es la cadena logística (...) Al Ejecutivo le preocupa que estos dos hechos graves ocurren en la misma región, que es Tarapacá”.

La gravedad de la situación provocó que el presidente Gabriel Boric citara a una reunión la mañana de este martes en La Moneda a los comandantes de jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga; de la Fuerza Aérea, el general del Aire Hugo Rodríguez, de la Armada, el almirante Fernando Cabrera y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Aviación Leonardo Romanini. También participaron los ministros de Interior y de Defensa, Álvaro Elizalde y Adriana Delpiano, respectivamente, además de Cordero.

Los suboficiales del Ejército, que han sido dados de baja y formalizados por la Fiscalía de Tarapacá el 26 de junio, fueron denunciados por su propia institución al Departamento de drogas de Carabineros, del OS7, que los investigó previamente: trasladaban por tierra 192 kilos de cocaína provenientes de Bolivia en tres camionetas negras que simulaban ser parte de una comitiva. La droga provenía de Bolivia, y la transportaban desde Iquique, la capital de la región fronteriza, hasta la Región Metropolitana de Santiago. Cuando todavía no terminaba el impacto por ese hecho, este sábado estalló el caso de los miembros de la Fach, que también han sido dados de baja y fueron detectados por la misma institución: uno de ellos fue sorprendido portando cuatro kilos de ketamina en una maleta, en un avión institucional y dentro en una base en el norte. La ketanima es una sustancia de uso veterinario que es usada para elaborar tusi, llamada también como cocaína rosa.

El primer hecho involucra a siete funcionarios del Ejército y una mujer civil, esposa de uno de los exmilitares, quienes se encuentran detenidos en Colchane, en el límite con Bolivia. Fueron formalizados por tráfico de drogas y asociación ilícita por la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, quien ha señalado este martes a radio Futuro que ya han sido acreditados 10 viajes que el grupo realizó desde octubre de 2024 a junio de este año.

Steinert es la fiscal que recientemente logró las condenas a la primera cúpula del Tren de Aragua que empezó a operar en Chile aproximadamente en el año 2021: la megabanda venezolana fue detectada precisamente por primera vez en Tarapacá. Hoy distintas células se han extendido por varias regiones del país sudamericano.

Una maleta bajo rayos X

La droga hallada a los ahora exsuboficiales de la Fach fue detectada cuando iban a viajar desde Tarapacá hasta el Grupo 10 de la Fuerza Aérea en Santiago. En medio de los controles, un funcionario se percató que la maleta que llevaba otro no había sido revisada. Y, al pasarla por los rayos X, fueron encontradas dos botellas y un paquete que llamaron la atención.

El caso de la Fach desde un comienzo fue distinto, por lo que generó varias controversias que fueron tratadas en La Moneda en la reunión entre los comandantes de las Fuerzas Armadas y Boric. El sábado la Fuerza Aérea informó que los funcionarios fueron dados de baja y detenidos al intentar trasladar una “sustancia ilícita”. No entregó detalles de qué tipo de sustancia se trataba, y anunció que activó todos sus protocolos internos y que dio aviso a la Fiscalía de Aviación. Trinidad Steinert pidió los antecedentes, argumentando que se trataba de delitos comunes que afectan la salud pública de personas civiles, por lo que se iniciará una contienda de competencia para que el Ministerio Público indague el tráfico de drogas y no la justicia militar, lo que zanjará la Corte de Apelaciones de Iquique.

Tras ello es que Boric citó a los altos jefes uniformados a La Moneda y allí instruyó a la Fach a entregar todos los antecedentes a la Fiscalía. Sin embargo, es una determinación que deben resolver los tribunales. Luego de la reunión, por la tarde, la Fuerza Aérea envió un segundo los antecedentes a indagatoria al Ministerio Público y, después de 48 horas, precisó que la sustancia que fue detectada era ketamina. La institución también rechazó “este tipo de conductas que se alejan de los valores y principios que deben guiar el comportamiento de los aviadores militares” y dijo que continuará colaborando activamente con los tribunales de Justicia competentes, a fin de esclarecer los hechos”.

Horas después, el comandante en jefe, Hugo Rodríguez, dijo: “Quiero que sepan que la Fuerza Aérea es una situación seria y encuentro que estos funcionarios cometieron una traición a la patria y, por tanto, pido que se haga justicia y que tengan el resultado que corresponda en el caso del delito del transporte de droga”.

“Que no nos pase” lo de “otros países”

La ministra de Defensa detalló en La Moneda las medidas que tomarán después de que se detectaran los casos de tráfico de drogas. Entre ellas, mayores controles para que “esto realmente no permee” y “no nos pase lo que le ha pasado a otros países. Queremos realmente que esto se detenga y que se castigue en forma ejemplar a las personas que han traicionado su juramento de defender a Chile, porque eso es lo que ha pasado cuando se han metido en los temas de drogas”.

Delpiano informó que habrá mayores los controles internos y aumento en la inteligencia y contrainteligencia, además del incremento en el número de oficiales que están en la zona norte del país. “Hay que pensar que durante mucho tiempo los militares estaban solos en sus cuarteles y ahora están en contacto permanente con la ciudadanía, lo que favorece muchas veces la conversación, los vínculos que se pueden establecer para un ilícito como el que hemos señalado”, dijo.

También anunció que habrá rotación de los funcionarios que trabajan en las zonas fronterizas, como es el caso de Arica, Colchane e Iquique. Y Elizalde, ministro del Interior, dijo que Boric instruyó a las Fuerzas Armdas elaborar un plan “con una serie de medidas adicionales de carácter preventivo” a la señaladas por Delpiano.

“Los hechos conocidos son graves y ameritan una respuesta enérgica por parte del Estado de Chile. Y la señal que queremos dar es que no van a quedar en la impunidad. Aquellos que se han apartado del juramento institucional, a quienes han traicionado a sus instituciones y al país, tienen que responder ante la justicia”, señaló Elizalde.

Hasta ahora, solo en el caso de los involucrados del Ejército se sabe que el origen de la cocaína es Bolivia, pero no de qué zona de ese país proviene. Y está en investigación a qué organización criminal era enviada a Santiago. En la causa de la Fach, en tanto, no se conoce ni dónde de venía ni a quiénes sería entregada la ketamina.