Chile emite una nueva alerta con la verdadera identidad del sicario venezolano liberado

La historia del ciudadano venezolano imputado por el asesinato de un empresario chileno ha sumado un nuevo episodio. Este viernes, las autoridades han informado de la verdadera identidad del presunto sicario que participó del crimen contra José Felipe Reyes Ossa, acribillado el 19 de junio en el municipio de Ñuñoa, en el sector oriente de la capital del país sudamericano. El hombre, de 18 años, estaba siendo buscado hasta ahora como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, pero pronto se determinó que en realidad se llama Alberto Carlos Mejía Hernández. El Ministerio Público ha emitido una nueva alerta de búsqueda internacional del individuo.

La información se ha obtenido gracias a la recolección de sus huellas digitales y otros antecedentes, los que fueron compartidos a la Interpol, que ha determinado que Mejía Hernández ocupaba el nombre de Osmar Ferrer como un seudónimo. Al momento de ser detenido e ingresado al sistema judicial, Mejía fue registrado con su nombre falso. En la investigación también se ha establecido que el imputado nació en Venezuela en 2006; que tiene tez morena; que mide 1,74 metros; y que en su mano derecha tiene un tatuaje un diseño del rostro del dios Zeus.

La revelación de la verdadera identidad del presunto sicario ha provocado confusión, ya que a primera hora de la mañana del viernes Carabineros, la policía uniformada de Chile, había señalado que el nombre real del imputado era Carlos Alberto Mejía Hernández, con sus primeros dos nombres al revés. El dato fue corregido un par de horas después por la Fiscalía Nacional y por el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero. “Es Alberto Carlos. En la gráfica hubo un cambio, se ha corregido, pero su número de identidad corresponde al entregado ayer jueves por las autoridades venezolanas. Las policías acaban de corregir el orden de los nombres”, ha dicho Cordero en una rueda de prensa.

La confusa entrega de la verdadera identidad del presunto sicario se ha sumado a la cadena de errores que ha marcado este escándalo, que tiene en la mira al Poder Judicial y a Gendarmería, la institución encargada de administras las prisiones en Chile. Todo ha comenzado el pasado 9 de julio tras la formalización de los tres acusados del asesinato de Reyes Ossa, conocido como el Rey del barrio Meiggs, una popular zona comercial ubicada en el centro de la capital chilena, donde abunda la compraventa ilegal. Uno de ellos, inicialmente identificado como Osmar Ferrer, fue dejado en libertad al día siguiente de la comunicación de los cargos luego que se emitiera una orden del 8º Juzgado de Garantía de la capital chilena, el mismo tribunal que decretó su ingreso a la cárcel.

Mejía Hernández, quien ha sido vinculado al Tren de Aragua y se encuentra prófugo, fue excarcelado a través de una resolución firmada en forma electrónica por Irene Rodríguez, la misma jueza que lo dejó privado de libertad junto a los otros dos cómplices. Lo curioso es que la magistrada dijo ese día en la audiencia de formalización que los sujetos eran un “peligro para la seguridad de la sociedad”, que había riesgo de fuga y que “con estas personas libres, tenemos que persignarnos”.

La Fiscalía chilena abrió la noche del pasado lunes una investigación, que está a cargo del fiscal Marcos Pastén, por una eventual falsificación de la resolución judicial, lo que fue informado a través de una declaración pública que el organismo envió cerca de la medianoche. Durante esta semana la Policía de Investigaciones, PDI, ha realizado múltiples diligencias para dar con el paradero del imputado. La investigación ha incluido dos allanamientos a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), una entidad que administra los recursos humanos, físicos y financieros de los tribunales. A estas indagaciones se han agregado los sumarios administrativos aplicados por el propio Poder Judicial.