Las trabas que enfrentará el primer proyecto de ley migratorio de Kast

En las cuatro semanas que José Antonio Kast lleva como presidente electo de Chile sus mayores esfuerzos se han centrado en avanzar en el plan de control migratorio que busca instalar una vez que asuma el poder el 11 de marzo. Durante toda la campaña repitió que cerraría los pasos irregulares en la frontera y explusaría a los cerca de 337.000 migrantes sin papeles que viven en el país sudamericano. Además de reunirse personalmente con los presidentes de Argentina, Ecuador y Perú para coordinar un corredor humanitario que permita la devolución los extranjeros indocumentados, particularmente venezolanos, ha anunciado que en los primeros 90 días de su mandato buscará que el Congreso tipifique nuevamente como delito el ingreso irregular a Chile, lo que desde 2022 se considera una falta administrativa. Los expertos críticos en la materia ven poco eficaz la medida ya que implicaría un trabajo descomunal para la Fiscalía y los tribunales, a los que ya se les critica por la lentitud, además de requerir espacios para retener a los infractores de la ley, en un sistema carcelario que ya opera al 142% por sobre su capacidad.

En 2018 vivían en Chile poco más de 10.000 migrantes irregulares y se han ido duplicado año a año hasta alcanzar los 336.984 en 2023, según el último informe publicado por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El 75% son venezolanos. La normativa actual establece su expulsión, impide que regularicen su situación migratoria y prohíbe el reingreso por un mínimo de tres años. A mediados del año pasado, el Gobierno de Gabriel Boric informó que durante su mandato se habían ejecutado 1.504 expulsiones administrativas, una cifra que, pese a lo reducida, supera a la lograda durante la Administración anterior, de Sebastián Piñera (1.327).

Para ponerle freno a esta situación, Kast lleva meses “invitando” a los migrantes en situación irregular a que abandonen Chile voluntariamente y soliciten los visados correspondientes para volver a ingresar. Si no se van, ha advertido que una vez que aterrice en La Moneda, su Gobierno los buscará y expulsará, y “nunca más van a entrar a suelo chileno”. Desde que ganó las presidenciales, ha dicho que en los tres primeros meses de mandato buscará un acuerdo en el Congreso “para que si alguien cruza la frontera, no vaya a autodenunciarse”, sino que la falta se tipifique como delito y arriesguen una condena de presidio menor en su grado mínimo —entre 61 y 540 días—. “Vamos a ser muy duros para quienes los alojen, transporten, vendan productos para comercializar. Vamos a fiscalizar a quienes los contraten”, ha señalado.

Un proyecto de ley similar lleva años en el Congreso sin ver la luz verde y ya ha habido voces, además de las del oficialismo de Boric, que se han mostrado en contra. El exministro de Relaciones Exteriores de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, hoy independiente, ha calificado de “brutalmente serio y preocupante” lo propuesto por Kast. “Que esas 300.000-400.000 personas que están ilegales pasan a ser delincuentes y, por lo tanto, se les puede procesar y meter a la cárcel, es mucho más que lo que está haciendo Donald Trump” en Estados Unidos. Su postura, al igual que la de la Iglesia Católica, en voz de su cardenal Fernando Chomalí, es regularizar a los sin papeles. El republicano siempre se ha mostrado en contra de aquella postura.

El ingreso irregular era un delito en Chile hasta 2022 con unos resultados muy bajos. Entre el 2018 y el 2022 se registraron tres condenas por ingreso fraudulento y 40 por ingreso clandestino. Además, un informe del Centro de Políticas Migratorias concluye que tipificar como delito el ingreso irregular vulnera el principio de no criminalización de la migración y dificulta el acceso al asilo de personas que requieren protección internacional.

El jefe de campaña de Kast y futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, consultado en el programa Tolerancia 0 sobre si la Fiscalía tiene la capacidad de afrontar un desafío tan mayúsculo como penalizar el ingreso irregular de migrantes, respondió escuetamente que “hay que mejorar un par de leyes. Se requiere capacidad, que habrá que hacerla”.

Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, se pregunta qué va a pasar con la persecución de otros delitos si se penaliza el ingreso irregular en un escenario donde el Ministerio Público tiene recursos limitados, donde los tribunales ya presentan demoras en las revisión de los casos, con la cantidad de defensores penales públicos existentes -los detenidos deberán tener derecho a un abogado gratuito-, y el hacinamiento carcelario. “Hay que asumir que, aparte del efecto simbólico, la gente va a seguir viniendo porque las causas tienen que ver con otros fenómenos, y ahí lo que pase en Venezuela es clave”, apunta. Además, apunta que la detención no va a ser por un tiempo corto: “Si detienes a una persona de nacionalidad venezolana, por ejemplo, que ingresó por un paso no habilitado, tiene que coordinarse con Venezuela para que la reciba. Mientras esa coordinación no ocurra, la privación de libertad de una persona cuya única falta fue el ingreso irregular, constituirá una carga económica para Chile, en desmedro del uso de esos recursos para amenazas más graves, incluyendo los costos de centros de internación que se han propuesto”, plantea.

Sobre la propuesta de un corredor humanitario que está impulsado Kast, Hilliger señala que son útiles en contextos de guerra cuando hay centenares de personas en la frontera que quieren volver a su país y que tienes que resguardar que se trasladen de forma segura. “Sería mucho mejor hablar de retornos asistidos, pero eso va a ser un número bajo, porque hoy está la incertidumbre de qué va a pasar en Venezuela, entonces, ¿quién va a tomar esta invitación a salir? Muy poca gente. Hay que darle incentivo a la gente. Tal vez permitirles que se vayan sin prohibirles el ingreso en el futuro. Pero la ley hoy dice que si ingresó irregular, no puede volver a entrar”, plantea.

Juan Pablo Ramacciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, es de la idea de seguir fortaleciendo el control fronterizo; que el sistema de expulsiones administrativas funcione de manera eficiente y ajustado a las obligaciones de derechos humanos; reforzar recursos para fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten a extranjeros sin cumplir con la ley chilena; y colaborar con los demás países de la región para prevenir la migración irregular, establecer vías de migración regular y atacar el crimen organizado.

El plan Escudo Fronterizo de Kast “se hace cargo de la crisis de seguridad por medio de la crisis inmigración” dijo el exgeneral del Ejército Cristián Vial, uno de sus coautores, cuando lo presentó a fines de octubre. Las acciones incluyen dotación de tecnología, inteligencia, construcción de obstáculos físicos (zanjas y cercos) y el despliegue de las Fuerzas Armadas. Prevén que los flujos de ingresos irregulares bajen un 40% en los primeros tres meses de Gobierno y un 80% a los seis meses. La caída de delitos asociados como tráfico de personas de droga y contrabando la estiman en un 50% en medio año.