Los vínculos personales con EE UU de Juan Carlos Muñoz, el ministro de Boric sancionado por Trump

Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, es uno de los tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric que fueron sancionados, este viernes, por el Departamento de Estados de Estados Unidos. Se les revocó sus visas y se les acusó de “socavar la seguridad regional” tras evaluar una propuesta, impulsada por dos empresas chinas, de construir un cable de fibra óptica submarino para conectar la región de Valparaíso, a unos 130 kilómetros de Santiago, con Hong Kong. “Me quedé asombrado”, dijo a T13, para explicar cómo tomó la medida.

Estaba de vacaciones cuando, la mañana del viernes, recibió un correo electrónico con la notificación de la sanción, una medida adoptada por la Administración de Donald Trump y que, de acuerdo con el mensaje enviado a Muñoz, sería “inapelable”.

El ministro contó que leyó varias veces la notificación antes de informar a la Cancillería y a la Presidencia de la República, que luego se enterarían de manera oficial por una declaración pública del Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, que acusaba a los tres funcionarios chilenos de “haber dirigido, autorizado o financiado actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional en el Hemisferio Occidental”. “Estas personas y sus familiares directos quedarán, en términos generales, inelegibles para ingresar a Estados Unidos y cualquier visa estadounidense que posean ha sido revocada", señala el texto oficial.

La medida, por la que Chile envió una nota de protesta a EE UU, no solo afecta a Muñoz, quien es independiente. También al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, militante del Partido Comunista (PC) y su jefe de gabinete Guillermo Petersen.

Muñoz dijo que le parecía una sanción “desmedida”, “dolorosa” y “lamentable”, sobre todo por sus lazos e historia con Estados Unidos. El ingeniero civil industrial estudió un doctorado en la Universidad de Berkeley en California, entre 1998 y el 2002, donde es miembro de la Academia de Antiguos Alumnos Distinguidos desde enero de 2024. Pero también tres de sus cinco hijos nacieron en ese país y, además, estuvo un año sabático en Boston. “Personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios. Primero en California, cuatro años y medio, luego en Boston un año como parte de un año sabático. Por tanto, esto duele más especialmente porque es un país al cual le tenemos mucho afecto, donde hemos sido tratados como familia con mucho cariño”, contó.

La hija mayor de Muñoz, que nació en Estados Unidos, estudia un postgrado en Economía en EE UU, según contó Emol. El ministro ha señalado que su familia no ha recibido una notificación como la que le llegó a él el viernes. De momento, la revocación de las visas dejaría al ministro sin posibilidad de visitar a su hija, aunque indicó que si él quisiera entrar al país norteamericano tendría volver a solicitar una visa.

El ministro se refirió a los dichos del secretario de Estado de EE UU: “Lo que también transmitió el señor Rubio fue que ésta era una sanción importante y que afectaba no solamente a mí, sino que también a algunos de los familiares, lo que es especialmente doloroso en una circunstancia como esta, en que uno está trabajando con la convicción de estar haciendo las cosas bien, por lo mejor del país y no espera que haya una sanción como esta”.

Muñoz, que asumió como ministro en 2022, cuando arrancó el Gobierno de Boric, es el único que habría recibido una notificación formal de la revocación de su visado, lo que fue confirmado por el canciller chileno Alberto van Klaveren, el viernes en una rueda de prensa, en la que no identificó explícitamente a los otros dos funcionarios. Este lunes, Muñoz dijo que, posiblemente, estos no habrían sido avisados porque sus visas estaban sin vigencia al momento de adoptarse la medida por parte de Estados Unidos.

El cable, el decreto y la Contraloría

Sobre la propuesta de construir un cable de fibra óptica submarino entre Chile y China, Muñoz afirmó que cuando llegó a sus manos, como otros proyectos vinculados a las telecomunicaciones, lo comenzaron a analizar. En una entrevista a La Tercera, el sábado, el ministro relató que sostuvo en enero una reunión con el embajador de EE UU en Chile, Brandon Judd, antes de que revocaran su visado, en la que el diplomático habría manifestado la posibilidad de “tomar sanciones contra las personas que habían participado [del proyecto], por muy técnica que haya sido [su incursión]”. Y aseguró, que previo a las restricciones, su cartera estaba en “un proceso de recabar información, en el sentido de ver si estos antecedentes que teníamos a la vista socavaban la seguridad nacional de Chile y Estados Unidos”.

Por la tarde, Muñoz dijo a TVN, la televisión pública, que como Gobierno tomaron en “forma muy seria” las alertas que envió la embajada de EE UU, lo que implicó que recabaran información adicional. Explicó que en el proyecto se avanzó y que el decreto que permitía dar curso a la propuesta, incluso, estuvo “listo para ser enviado a la Contraloría” —el organismo que debe chequear todos los actos administrativos del Estado—, pero que consideraron que, tras los antecedentes que le entregó la embajada, “valía la pena volver atrás y empezar a hacer un análisis mucho más profundo de algunas dimensiones del proyecto que escapaban” a las funciones propias de su ministerio.

“Este un proceso en el que cual hay mucha información que es confidencial y que uno no puede, simplemente, entregar”, agregó.

Judd dijo, este lunes, que su país tiene el derecho de elegir a quién le otorga un visado. “Es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa. Como hemos demostrado en otras partes y ahora aquí, vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional, lo que no debería ser sorpresa para nadie”, agregó en una rueda de prensa.

En un discurso similar al del Gobierno de Chile, el ministro afirmó que esta situación le parecía “injustificada, arbitraria y que, evidentemente, atenta contra la soberanía de nuestro país”.