Kast se hace un test voluntario de deteccción de drogas: “Un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”

El presidente chileno José Antonio Kast, de la derecha conservadora, se ha realizado este miércoles un test voluntario de detección de drogas, y mostró en vivo el procedimiento, efectuado en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el municipio de Las Condes, en el sector oriente de Santiago. La prueba, que consistió en una muestra de pelo, la pagó con sus recursos, pues no es obligatorio en su caso, con un costo de más de 300 mil pesos chilenos (unos 330 dólares). Anunció que dará a conocer sus resultados.

Kast ha señalado que el examen, antes asumir el 11 de marzo en el Gobierno, ya se lo ha realizado casi la totalidad de su Gabinete, además de los subsecretarios, los segundos a bordo en cada uno de los 24 ministerios, un hecho que está normado por ley para esos cargos. Manifestó que hay casos pendientes, como el de su jefe de Hacienda Jorge Quiroz y “dos o tres subsecretarios”, pero que pronto concretarán la prueba. “Todos tenían muy claro que cuando entraran a cada uno de sus cargos tenían que haberse hecho la muestra de pelo”, señaló.

La prueba se la ha hecho luego que el pasado lunes, tres parlamentarios socialistas, la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República, destinado a fiscalizar si las autoridades del Gobierno habían cumplido con la obligación de realizarse la prueba al asumir, de acuerdo con la ley vigente. Entre ellos ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios generales minisyeriales y jefes de servicio.

El mandatario anunció la modificación de un decreto que data de 2006, a fin de que en adelante el test sea estandarizado para todos los funcionarios públicos de rangos superiores. Será un examen de pelo “con una ventana de detección de 90 días desde que esto se realice” y su financiamiento estará garantizado. “Nosotros todo esto lo queremos ir perfeccionando porque está claro que, si planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”, señaló.

Y agregó que como Gobierno se va a garantizar la publicidad de los resultados pues “quien ejerce un cargo público, así como tiene que entregar su declaración de intereses y patrimonio, tendrá que entregar un certificado acreditado por un laboratorio reconocido por el Estado para dar a conocer si tiene o no dependencia de drogas”. “Aquellos que quieren ejercer el servicio público de cara a las personas, tienen que renunciar a ciertas normas de protección”, dijo.

Kast precisó que “es entendible” la situación de alguien que, por prescripción médica, consuma algún fármaco por razones de salud. Pero que en los otros casos van a establecer que, al menos en la página web de cada servicio, los resultados sean divulgados 10 días después de su entrega.

En paralelo, Kast ha informado que enviará un proyecto de ley al Congreso en el mismo sentido, que amplía la legislación vigente, para que las pruebas se extiendan a los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales (cores), a los directivos de los partidos políticos (con representación en el Congreso y que reciben financiamiento público para sus formaciones) y al presidente de la República.

En enero se aprobó una norma, que no incluye al mandatario, y Kast ha dicho que como Gobierno quieren que “quien ejerza el mando de la Nación tenga las mismas obligaciones que tiene un ministro, un subsecretario y cualquier funcionario público” y que “eso también sea público”.

“Esperamos que el Congreso nos apoye para que se incluya a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública (...) Si el presidente está dispuesto a hacerlo, ¿por qué no estaría un gobernador, un alcalde, los cores y los concejales?“, dijo Kast. Y, respecto de los parlamentarios, agregó que “si van a ejercer el mandato popular para legislar, al menos una vez al año, [que] cada senador y diputado esté dispuesto a hacerse el examen de pelo y que sea administrado y dirigido por la Contraloría”.

“La ciudadanía está esperando mucha mayor transparencia de sus representantes. Tenemos que recuperar la confianza en cada una de las instituciones y eso parte por la propia voluntad. Ojalá antes de que esto sea ley, todos los parlamentarios, todos los alcaldes, todos los gobernadores acepten que la ciudadanía está exigiendo estándares distintos”, señaló el mandatario.

“Hoy lo hice yo [el test]. Y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea y vayamos recuperando la credibilidad en el ejercicio de la función pública”, agregó.