Álvaro Elizalde y la sanción de EE UU: “Chile nunca tomaría decisiones que comprometan la seguridad nacional o de la región”

En el ministerio del Interior, el corazón político de La Moneda, liderado por el socialista Álvaro Elizalde (Talca, 56 años), nunca los días son tranquilos. Y lo eran menos todavía cuando la seguridad pública era parte de sus tareas, hasta que empezó a funcionar, en abril de 2025, durante el Gobierno de Gabriel Boric, una cartera específica para esa área, que enfrenta una inédita criminalidad organizada, que irrumpió entre 2020 y 2021 y se agudizó en este periodo. Pero, sin esa responsabilidad, Interior tiene un sinnúmero de labores, entre ellas, la coordinación del traspaso del mando, el 11 de marzo, a la Administración del republicano José Antonio Kast. Y el monitoreo de las emergencias y las catástrofes, pues bajo su supervisión está el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que este jueves enfrentó una tragedia, cuando la explosión de un camión con gas en Renca, en Santiago, dejó nueve muertos y 15 heridos. Se suman los incendios forestales de mediados de enero en la zona centro sur, y las lluvias, en pleno verano, que afectaron a Maipú: cayeron 50 milímetros de agua en solo 45 minutos. Este viernes se sumó una contingencia políica, luego que Estados Unidos acusó al Ejecutivo de Boric de “socavar la seguridad regional” y revocó la visa a tres funcionarios, entre ellos a un compañero de Gabinete de Elizalde, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y a su familia.

La inédita sanción, informada por el Departamento de Estado mientras Boric estaba en una gira en Isla de Pascua —no hubo una comunicación diplomática—, tiene como trasfondo una propuesta, que está en estudio y no ha sido aprobada, de dos empresas chinas de construir un cable de fibra óptica submarino para conectar la Región de Valparaíso con Hong Kong. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se trasladó a La Moneda, y tras una reunión con Elizalde, el canciller anunció que Chile envió una nota de protesta a Estados Unidos y se catalogó la imputación de la Administración de Trump como “absolutamente falsa”. Por la noche, hubo una segunda cita en el palacio presidencial, tras el aterrizaje de Boric a Santiago con van Klaveren y Elizalde.

Pregunta. ¿Qué le parece la sanción de Estados Unidos ante un proyecto que no está aprobado? ¿Cómo se explica la acusación de “socavar la seguridad”?

Respuesta. Tal como señaló el canciller, rechazamos la decisión adoptada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de revocar las visas oficiales a tres funcionarios, una medida unilateral que consideramos injusta, inexplicable y basada en imputaciones falsas. Nuestro país jamás adoptaría decisiones que pongan en riesgo la seguridad nacional ni la estabilidad de la región. Esta sanción, que según lo señalado por el embajador [de EE UU en Chile] Brando Judd, estaría vinculada a la evaluación de un proyecto de cable submarino transoceánico —que aún no ha sido aprobado—, vulnera nuestra soberanía y desconoce que el único proyecto actualmente en ejecución es uno en el que participa Google.

P. ¿Ha sido una reacción exagerada de Estados Unidos?

R. Es una medida injusta que contraviene el principio de respeto mutuo en las relaciones internacionales. En Chile, los proyectos estratégicos y de infraestructura se desarrollan sobre la base del Estado de Derecho, el respeto irrestricto a la institucionalidad vigente, la libre competencia y el principio de neutralidad tecnológica, garantizando condiciones objetivas y transparentes para todos los actores, sin discriminaciones arbitrarias y en el marco de relaciones abiertas con todos los países y socios comerciales.

P. ¿Sorprendió esa determinación del Departamento de Estado o el Gobierno ya tenía señales?

R. El propio canciller van Klaveren así lo reconoció en el punto de prensa [el viernes en La Moneda]. De todas formas, existen antecedentes recientes que dan cuenta de estas prácticas. Cabe recordar lo ocurrido en Costa Rica, cuando el Gobierno de Estados Unidos revocó la visa a 14 personas, entre ellas el expresidente Óscar Arias —Premio Nobel de la Paz—, por cuestionar la exclusión de Huawei de los contratos para el desarrollo de la red 5G en ese país, en una medida que también generó cuestionamientos por su impacto diplomático y político.

P. ¿Qué lectura le da a este hecho, tomando en cuenta que este Gobierno va de salida?

R. Tal como he indicado, Chile nunca tomaría decisiones que comprometan la seguridad nacional o de la región. Sugerir lo contrario constituye una imputación grave que desconoce la trayectoria institucional y democrática que nuestro país ha construido por décadas en el ámbito internacional. Aprovecho de expresar mi solidaridad con el ministro Juan Carlos Muñoz, cuya trayectoria y compromiso con el servicio público hacen que esta medida resulte particularmente injusta.

P. ¿Qué señal envía Estados Unidos si es un proyecto que solo está “en estudio”, como dijo el canciller? ¿Ve una señal hacia Chile solamente o es una advertencia internacional para no vincularse con China?

R. Esta medida no solo se refiere a Chile, como lo indican casos similares respecto a otros países. Sin embargo, es fundamental recordar que las decisiones en nuestro país se toman sobre la base de la legalidad, la transparencia y la autonomía, respetando la institucionalidad vigente y las normas internacionales.

P. El excanciller Ignacio Walker ha dicho que lo que ha hecho Estados Unidos es enviar “una advertencia” a la próxima Administración de Kast. ¿Coincide?

R. Sin ánimo de especular, el caso de Costa Rica da cuenta de que no se trata de una decisión aislada, sino de una política de carácter más general. Chile valora y trabaja activamente por mantener las mejores relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos, reconociendo la relevancia estratégica de relaciones diplomáticas, en este caso, que datan de hace más de 200 años. Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía nacional y con la promoción de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la cooperación genuina entre iguales.

P. ¿Pudo afectar en esta determinación que Chile enviara ayuda humanitaria a Cuba? El presidente Boric tildó en bloqueo de “criminal”.

R. No. Se trata de hechos completamente distintos. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el 5 de febrero que la Administración Trump enviaría ayuda humanitaria a Cuba a través de la Iglesia Católica y Cáritas. Por tanto, no tendría sentido una acción respecto de Chile, por hacer lo mismo, esto es, enviar ayuda al pueblo de Cuba.

Kast y el ‘Gobierno de emergencia’

P. ¿Qué país le entrega este Gobierno a la Administración de Kast?

R. Un país que está en mejores condiciones que hace cuatro años en prácticamente todos sus indicadores.

P. ¿Y cómo se explica entonces que la izquierda tuviera una derrota tan grande frente a la extrema derecha?

R. Si bien los indicadores son mejores que hace cuatro años, en seguridad todavía estamos por debajo de lo que fueron los indicadores históricos y, obviamente, que eso genera insatisfacción en la sociedad. Y por eso hemos dicho que hay que perseverar en los esfuerzos que se han hecho. Nosotros trabajamos bajo el liderazgo del presidente Boric y la exministra Tohá [su antecesora en Interior] por modernizar la institucionalidad en materia de seguridad, que se expresó en la aprobación de más de 80 leyes y en la creación del ministerio de Seguridad y eso ha tenido resultados. Las cifras indican que, de 2022 a la fecha, las tasas de homicidio han disminuido.

P. ¿La derrota la atribuye solo por la delincuencia?

R. Sobre las razones del resultado hay que tener a la vista distintos factores. Uno, es un fenómeno que afecta a gran parte de las democracias occidentales, que es el surgimiento de posiciones de extrema derecha que cuentan con importante nivel de apoyo, y proponen soluciones supuestamente fáciles ante problemas complejos que, al momento de implementarse, no dan resultados. Lo segundo, es un cambio en el padrón electoral. Y, tercero, que los resultados de la gestión no necesariamente son valorados de manera inmediata, pero no tengo duda que la perspectiva del tiempo dará cuenta de los logros.

P. En lo que dice, todos tienen responsabilidad, menos la izquierda chilena como proyecto político.

R. Ese es un diálogo que tendremos que tener los sectores progresistas a contar del 11 de marzo.

P. ¿Qué le parece el concepto de Kast de “Gobierno de emergencia”?

R. En Chile tenemos una memoria selectiva y por eso tendemos a creer que todo el tiempo pasado fue mejor, aunque a veces sí lo fue. Y eso hace que, en ocasiones, perdamos la perspectiva de lo que acontecía en el mandato anterior. Había era una enorme conflictividad [tras el estallido social de 2019] y una situación económica muy compleja en materia inflacionaria. Y lo que hizo el presidente Boric es estabilizar el país en la convivencia democrática y en el funcionamiento de las instituciones. También, en materia económica y en seguridad pública. E impulsó reformas transformadoras como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma de pensiones.

P. Pero, ¿qué opina del “Gobierno de emergencia”?

R. Me parece que el Gobierno de emergencia es una forma de justificar medidas excepcionales. Y, por tanto, de llevar adelante medidas de corte autoritario, por un lado, o de desprotección social, por otro. Veamos lo que está pasando en el país allende Los Andes con la reforma [laboral] que se está discutiendo.

P. ¿Cree que Chile puede tomar un camino como el de Argentina?

R. El cuadro es completamente distinto. Chile tiene fortaleza macroeconómica y institucional y, desde que se recuperó la democracia, hemos establecido como un consenso básico que el crecimiento tiene que estar asociado al respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores, solo por presentar algunos ejemplos. Pero el concepto de Gobierno de emergencia es una forma de justificar medidas excepcionales que puedan implicar desprotección social, retroceso en materia de derechos y, eventualmente. también precariedad laboral.