La destitución de Noem no impide que el Departamento de Seguridad Nacional encadene tres semanas de bloqueo presupuestario

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se está quedando sin recursos tras encadenar 21 días con un bloqueo presupuestario que le impide gastar más. La incapacidad de los republicanos y demócratas en el Congreso en aprobar una ley de asignación de gasto para el departamento está provocando que miles de funcionarios se estén quedando sin cobrar toda su nómina. La situación empieza a ser preocupante porque de este departamento dependen los servicios secretos, la Guardia Costera, la agencia de servicios de emergencia (FEMA) y Seguridad de Transportes (TSA), entre otras.

El cierre presupuestario continúa pese a que Kristi Noem fue destituida este jueves como secretaria de Seguridad Nacional por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Noem no pudo resistir la presión tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses (Renée Good y Alex Pretti) a principios de enero en Minneapolis por disparos de la policía migratoria que están bajo su supervisión.

Desde entonces, los demócratas han exigido cambios para poner límites y controlar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, dos de las agencias más criticadas por las tácticas violentas y despiadadas de sus agentes, con redadas indiscriminadas contra inmigrantes sin documentación y detenciones sin órdenes judiciales, incluso de niños.

Pero los republicanos se resisten a aprobar estos cambios, que incluyen limitaciones para entrar en propiedad privada sin orden judicial y la prohibición de hacer controles cerca de lugares sensibles, como colegios, hospitales y otros centros públicos.

Los republicanos querían aprovechar la salida de Noem, acusada de una gestión irregular en el departamento, con un gasto desproporcionado en publicidad para mejorar su imagen y reputación, como una concesión. Pero los demócratas han marcado sus líneas rojas y exigen la reforma del ICE y la Patrulla Fronteriza.

“Este es un problema de política, no de personal”, declaró el jueves a la prensa el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer. “La situación es grave. Nadie puede solucionar esto hasta que el presidente transforme la agencia por completo, ponga fin a la violencia y controle el ICE”.

Su colega en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, insistió en que el despido de Noem “no es suficiente”. “Necesitamos un cambio de política, y este tiene que ser audaz, drástico, transformador y significativo”, sentenció.

El jueves se celebró la última votación en el Capitolio para tratar de desbloquear la situación, pero los senadores demócratas no se doblegaron por las presiones y mantuvieron su postura. La aprobación de las leyes de asignación debe contar con una mayoría cualificada del 60% de los votos, con lo que la minoría demócrata tiene capacidad de vetarla. La ley de asignación pasó un par de horas más tarde el filtro de la Cámara de Representantes, donde cuatro demócratas votaron para terminar con el bloqueo de Seguridad Nacional. Pero el veto permanece en el Senado, que tiene la última palabra.

La muerte de Good, el 7 de enero, y Pretti, el 24 de enero, en Minneapolis (Minnesota) mientras protestaban pacíficamente en sendas manifestaciones contra las políticas represivas de Trump contra los migrantes, provocó una ola de indignación por todo el país. Los demócratas rompieron las negociaciones presupuestarias, que tenían encarriladas, y pidieron cambios para controlar las agencias migratorias.

Exigían que los agentes migratorios usen cámaras corporales, uniformes y un código de conducta similar al de otros cuerpos policiales. Los republicanos han aceptado algunos de los cambios, como las cámaras, pero se resisten a las exigencias más importantes, como las órdenes judiciales para acceder a las propiedades privadas.

La Casa Blanca está participando en las negociaciones. Los intercambios de propuestas entre los demócratas y la Administración Trump han sido intensos, pero sin avances porque los republicanos siguen resistiéndose a una reforma en profundidad del ICE.

“La Casa Blanca y los republicanos han estado dispuestos a valorar las reformas y los cambios que los demócratas han solicitado, pero ahora mismo nunca es suficiente”, lamentó el líder republicano del Senado, John Thune. “Creo que la razón por la que nunca es suficiente es porque simplemente no quieren un acuerdo”, deslizó para tratar de responsabilizar a los demócratas.

Thune ha asegurado que el cierre pone en peligro la organización del Mundial de Fútbol que se celebra este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Y ha advertido del riesgo para el tráfico aéreo cuando muchos controladores empiezan a causar baja porque no están cobrando o no perciben su salario íntegro. “Menos de la mitad de los estadounidenses que trabajan para la agencia de ciberseguridad y seguridad de infraestructura están en sus puestos”, declaró. “El resto ha sido suspendido temporalmente, y la agencia ha tenido que cancelar las comprobaciones de vulnerabilidad en ciertas infraestructuras. Cabría pensar que esto podría generar cierta preocupación entre los demócratas, especialmente dado el actual panorama de amenazas, pero aparentemente no es así”.

Opciones para financiar algunas agencias del DHS

Mientras tanto, los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado han intentado buscar resquicios para dotar fondos a las agencias afectadas como Seguridad en el Transporte, Guardia Costera o la agencia de emergencias.

“Los demócratas quieren que se pague a los agentes de la TSA y financiar la ayuda en caso de desastre, pero no votaremos para ayudar a los republicanos a gastar ni un centavo más permitiendo que Stephen Miller aterrorice las ciudades estadounidenses”, remarcó la senadora demócrata, Patty Murray.

Se da la circunstancia de que el bloqueo presupuestario de Seguridad Nacional no afecta al ICE ni a la Patrulla Fronteriza, las dos agencias que están bajo el escrutinio de los demócratas. La Administración Trump incluyó fondos adicionales para estas organizaciones en la Ley Grande y Hermosa que aprobó el verano pasado. La norma, que incluía rebajas de impuestos para las grandes empresas, también recogía aumentos presupuestarios adicionales por 95.000 y 65.000 millones, respectivamente, para el ICE y la Patrulla Fronteriza, parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“He pasado los últimos días con colegas con ideas afines analizando y defendiendo diversas opciones para superar el profundo partidismo y la paralizante división de ‘a mi manera o nada’ y lograr una solución bipartidista”, explicó el congresista demócrata Ed Case. “Por ejemplo, copatrociné un proyecto de ley para la financiación del DHS que financiaría a la mayoría de las agencias del DHS, excepto el ICE y CBP, para garantizar que otras no sean castigadas injustamente mientras centramos toda nuestra atención en la reforma de ICE y CBP”.

Mientras los partidos encaran la próxima votación, que no se producirá, al menos, hasta la próxima semana, lo que alargará el cierre hasta más de 24 días, las patronales de la industria de viajes y aviación instaron al Congreso a poner fin al bloqueo antes de que los trabajadores federales en los aeropuertos pierdan un cheque de pago completo. “Están acudiendo. Están haciendo su trabajo y no les pagan”, declaró Geoff Freeman, director ejecutivo de la Asociación de Viajes. “No solo es injusto, sino imprudente. No se puede gestionar una industria con un impacto económico de 3.000 millones de dólares en pagarés”, indicó.

“Vamos a ver bajas por enfermedad. Vamos a ver a personal de control que adora su trabajo, pero que se verá obligado a buscar otros”, dijo Todd Hauptli, director de la Asociación Americana de Ejecutivos de Aeropuertos. “La TSA hará todo lo posible para mantener las filas en movimiento, pero no va a sacrificar la seguridad. Y eso significa que la gente debe estar preparada, ya que las filas se alargarán”.

El anterior cierre gubernamental se desbloqueó cuando empezaron los problemas en los aeropuertos. La TSA tuvo que cancelar miles de vuelos y otros tantos sufrieron retrasos como consecuencia de las bajas de los controladores que no tenían dinero para pagar sus facturas y se vieron forzados a quedarse en casa o buscar nuevos empleos mientras duraba el cierre.