Jueces federales amenazan con multas al Gobierno de Trump por pertenencias perdidas de los detenidos del ICE

La Administración de Donald Trump enfrenta posibles multas por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Dos jueces federales en Minnesota evalúan sanciones contra el Gobierno federal después de que autoridades migratorias no devolvieran pertenencias personales a migrantes detenidos por el ICE y posteriormente liberados por orden judicial. Las audiencias llegan tras reclamos de abogados que afirman que el gobierno no cumplió con decisiones judiciales relacionadas con la devolución de documentos, dinero y otros objetos esenciales.

El fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, compareció esta semana ante los jueces federales John Tunheim y Jeffrey Bryan para responder por la pérdida de pertenencias de más de dos docenas de migrantes que estuvieron bajo custodia del ICE. Las audiencias forman parte de una serie de litigios relacionados con arrestos realizados durante la operación migratoria conocida como Operation Metro Surge.

Tunheim llevó a cabo una audiencia el jueves en Minneapolis en la que evaluó si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe recibir un plazo para devolver los objetos perdidos o compensar económicamente a las personas afectadas. El juez indicó que planea emitir una orden judicial que establecerá un plazo para resolver los casos pendientes y advirtió que, si el gobierno no cumple, podrían imponerse multas civiles diarias.

Mientras tanto, Bryan analiza por separado si Rosen puede ser declarado personalmente en desacato por el supuesto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la devolución de pertenencias en al menos 28 casos. Rosen defendió la actuación del Gobierno y negó que haya existido una desobediencia deliberada a las órdenes de los tribunales. Según explicó, los problemas se produjeron por errores administrativos en medio de un gran volumen de liberaciones ordenadas por los jueces. “Nadie ha desobedecido deliberadamente. Se han cometido errores, pero eso está muy lejos de constituir desacato al tribunal”, afirmó.

El fiscal sostuvo que el ICE tuvo que tomar decisiones difíciles para cumplir con los plazos judiciales mientras procesaba numerosas órdenes de liberación simultáneamente. En algunos casos, explicó, los detenidos fueron trasladados a centros de detención en Texas, lo que complicó la logística para devolver sus pertenencias cuando fueron liberados.

Según Rosen, en ciertas situaciones, las autoridades optaron por liberar a los migrantes dentro del plazo fijado por el tribunal incluso si sus pertenencias no estaban disponibles en ese momento. Añadió que espera que los problemas disminuyan ahora que la operación migratoria está reduciéndose y que existen suficientes camas en centros de detención en Minnesota para evitar traslados a otros Estados.

Sin embargo, abogados de los migrantes sostienen que la pérdida de pertenencias ha tenido consecuencias significativas para sus clientes, muchos de los cuales dependen de documentos y herramientas de trabajo para mantener su empleo y su vida cotidiana.

Uno de los casos discutidos en la audiencia involucra a un trabajador de construcción detenido el 5 de enero y trasladado posteriormente a El Paso, Texas, donde permaneció más de un mes bajo custodia, antes de ser liberado el 18 de febrero. Según su abogado, Joshua Rissman, cuando fue puesto en libertad, el hombre no recibió varias de sus pertenencias, incluyendo su permiso de trabajo, su tarjeta de seguridad social, alrededor de 100 dólares en efectivo y una pistola de clavos que utilizaba en su empleo como techador. “Es como si hubieran planeado arrestar inconstitucionalmente a mucha gente, pero no hubieran previsto tener que lidiar con sus derechos constitucionales”, dijo Rissman.

El abogado explicó en una declaración que posteriormente el ICE informó que la tarjeta de seguridad social había sido localizada, pero el dinero, la herramienta de trabajo y el permiso laboral siguen desaparecidos. Rosen indicó que el Gobierno rechaza que el detenido tuviera consigo el dinero y la pistola de clavos en el momento de su arresto, aunque aseguró que el DHS está dispuesto a compensarlo económicamente si los objetos no aparecen.

Otro caso examinado por el tribunal involucra a un hombre guatemalteco cuyas identificaciones desaparecieron durante su detención. Según Rosen, el ICE no ha podido localizar su identificación consular guatemalteca ni sus licencias de conducir de Guatemala y Minnesota. El abogado del hombre explicó que reemplazar esos documentos podría ser extremadamente complicado, ya que algunos solo pueden tramitarse en Guatemala o en oficinas consulares específicas en Estados Unidos. La pérdida de esos documentos ha afectado directamente su capacidad para desplazarse y atender necesidades familiares.

Otros casos mencionados en las audiencias incluyen solicitantes de asilo que denunciaron la pérdida de documentos o pertenencias mientras estaban bajo custodia del ICE. Algunos abogados afirmaron que fue necesaria la amenaza de sanciones judiciales para que el gobierno respondiera finalmente a las solicitudes relacionadas con los objetos desaparecidos.

El juez Tunheim indicó que su próxima orden judicial establecerá un plazo para resolver los reclamos pendientes, ya sea mediante la devolución de los objetos o compensaciones económicas. Dependiendo de la decisión final del tribunal, el Gobierno federal podría enfrentar multas diarias si no cumple con las órdenes judiciales.