Florida vuelve a intentar por la vía administrativa restringir el acceso de los inmigrantes a la educación superior tras el rechazo del legislativo

Una nueva regla del Departamento de Educación de Florida busca impedir que estudiantes sin estatus legal se matriculen en instituciones públicas de educación superior, al exigir prueba de ciudadanía o residencia. La medida aplicaría a los centros de dos años del Sistema de Colegios Estatales (FCS). La iniciativa marca un nuevo intento del Gobierno de Florida por restringir el acceso de estudiantes inmigrantes a la educación superior pública, esta vez por la vía administrativa, después de que propuestas similares fracasaran en la legislatura estatal, que concluyó su sesión ordinaria el mes pasado.

El FCS de Florida es una red de 28 instituciones públicas que ofrecen educación superior y formación técnica a precios asequibles. A diferencia de las 12 universidades estatales —como la Universidad Internacional de la Florida (FIU)— estos colleges ofrecen principalmente carreras de dos años conocidas como Associate Degrees y certificados.

Florida se ha colocado a la vanguardia de la agenda antiinmigrante del Gobierno de Donald Trump, que ha prometido la mayor operación de deportación de la historia. El Estado ha construido centros de detención de inmigrantes con nombres siniestros e impulsado políticas migratorias restrictivas, en línea con la agenda de la Casa Blanca.

Grupos proinmigrantes de Florida calificaron la nueva regla educativa como “discriminatoria” y parte de una tendencia más amplia para restringir el acceso de estudiantes inmigrantes a la educación, con las universidades actuando como “filtros migratorios”. “Esto ya fue rechazado contundentemente en la legislatura y ahora la Administración de [el gobernador Ron] DeSantis se intenta imponer por la vía administrativa. Me parece totalmente tramposo, pero también cruel y destructivo para los estudiantes”, dice Thomas Kennedy, de la Florida Immigrant Coalition (FLIC).

En Florida, los estudiantes que no son residentes carecen de acceso a ayuda pública y deben pagar matrícula como extranjeros, lo que puede costarles dos o tres veces más que a los residentes, explica Kennedy. “Estamos robándole la oportunidad a chicos que lo único que quieren hacer es capacitarse, profesionalizarse, integrarse al mercado laboral, que necesita mano de obra. Me parece algo realmente destructivo y sin sentido”, agrega.

Yareliz Méndez-Zamora, del American Friends Service Committee, señala que la política “castiga a los estudiantes por circunstancias que no eligieron”. “Son estudiantes de Florida. Crecieron aquí, estudiaron aquí, y ahora el Estado está tratando de cerrarles las puertas”, afirma.

En términos financieros, Norín Dollard, del Florida Policy Institute, advirtió que el impacto también alcanzaría a las propias instituciones. “El costo de estas propuestas, tanto para el bienestar de las familias como para los presupuestos universitarios, sería elevado”, dice.

Los grupos estiman que las universidades perderían decenas de millones de dólares en ingresos por matrícula, en especial instituciones con alta población inmigrante.

El Departamento de Educación de Florida remitió una solicitud de comentarios a un post en X del director de comunicaciones del gobernador Ron DeSantis, Alex Lanfranconi: “Florida sigue liderando el país en la lucha contra la inmigración ilegal. Nuestros colleges pronto negarán la admisión a quienes no puedan demostrar que se encuentran legalmente en el país”.

La regla está todavía en proceso de discusión, y se ha programado una audiencia pública el 14 de mayo a las 9:00 a.m. en el campus Wolfson del MDC, en el downtown de Miami, para que el público exprese sus comentarios.

El Estado ya había dado pasos en esa dirección el año pasado, cuando eliminó el acceso a matrícula estatal (in-state tuition) para estudiantes en situación migratoria irregular, incluyendo a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Se estima que la medida afectó a unos 6.500 estudiantes, para quienes los costos pasaron de poco más de 6.000 dólares al año a más de 30.000.

Los estudiantes en situación migratoria irregular representan aproximadamente el 2% del total en educación superior en EE UU, según el Higher Ed Immigration Portal. Casi un cuarto de los residentes de Florida —unos 5 millones— son inmigrantes, una de las poblaciones más altas del país. El FCS, una de las principales vías de acceso a la educación superior en el país, tiene unos 640,000 estudiantes. Solo en el Miami Dade College hay entre 100.000 y 120.000 estudiantes cada año.

Durante la sesión legislativa pasada, legisladores republicanos presentaron varias propuestas para restringir el acceso de inmigrantes a la educación superior pública. El proyecto SB 1052 proponía limitar las matrículas en las universidades públicas únicamente a ciudadanos estadounidenses o a quienes estuvieran legalmente en el país. Otra propuesta restringía el acceso a programas de educación para adultos, como clases de inglés o preparación para el examen de equivalencia de secundaria (GED). Otro proyecto planteaba imponer un tope a la cantidad de estudiantes internacionales. Los esfuerzos no prosperaron antes del cierre de la sesión el 13 de marzo.

Otros Estados —Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Arizona y Oklahoma— han impuesto sus propias restricciones a estudiantes en situación migratoria irregular para matricularse en universidades públicas.

El año pasado, Texas eliminó una ley que permitía a estudiantes sin estatus legal pagar las mismas tarifas que los residentes del Estado. Después de que la legislatura estatal no logró aprobar una propuesta que buscaba eliminar ese beneficio, el Gobierno de Donald Trump demandó al Estado. El Gobierno de Texas, dirigido por el republicano Greg Abbott, no defendió la ley, sino que, por el contrario, pidió a un juez declararla inconstitucional.

María Sánchez, una cubana de 24 años que aspira a estudiar en el Miami Dade College (MDC), dice que la medida representa “otra dificultad” para los inmigrantes que buscan convertirse en profesionales. Sánchez lleva cinco años viviendo en Miami, pero aún no ha logrado regularizar su estatus migratorio. A su juicio, las autoridades “se están aprovechando de una minoría para cobrar más”.

“Algunos llevamos aquí muchos años y seguimos esperando ajustar nuestro estatus. Deberían tener en cuenta que, aunque no tengamos residencia o ciudadanía, podemos demostrar que vivimos en el Estado”, afirma. “Deberían existir excepciones para que el acceso sea más flexible y accesible, especialmente tratándose de una institución pública”, añade.