El fin del ‘Texas Dream’: los jóvenes indocumentados no tendrán acceso a ayudas universitarias

Los estudiantes indocumentados ya no tendrán acceso a precios reducidos en la matrícula de las universidades públicas de Texas, como tienen los estudiantes que residen legalmente en el Estado. Un juez federal ha derogado una ley que favoreció a los jóvenes extranjeros durante más de 20 años, tras una demanda presentada el miércoles por el Departamento de Justicia.

Conocida como Texas Dream Act, la ley había sido aprobada en 2001 por el gobernador republicano Rick Perry, y fue la primera de ese tipo en el país. Permitía que los estudiantes sin estatus migratorio legal aplicaran a ayudas financieras, siempre que demostraran haber vivido en Texas durante al menos tres años y estuvieran graduados en una escuela secundaria local. La norma incluía que los estadounidenses procedentes de otros Estados pagaran matrículas más altas para estudiar en estos centros, lo que al juez de distrito Reed O’Connor, quien firmó la sentencia, le parece inconstitucional. “Las disposiciones impugnadas, en su aplicación a los extranjeros que no se encuentran legalmente en los Estados Unidos, violan la Cláusula de Supremacía y son inconstitucionales e inválidas”, señaló el Tribunal.

Según el fiscal general del Estado, Ken Paxton, la medida “otorgaba beneficios a inmigrantes indocumentados que no estaban disponibles para los ciudadanos estadounidenses”, y por lo tanto había presentado la moción para revocarla, conjuntamente con la Administración Trump. “La Ley de Educación de Texas permite específicamente que un extranjero que no se encuentre legalmente en Estados Unidos califique para la matrícula estatal con base en su residencia dentro del Estado, mientras que niega explícitamente las tarifas de matrícula basadas en la residencia a los ciudadanos estadounidenses que no son residentes de Texas”, subrayó Paxton.

En su cuenta de la red social X, el fiscal general aseguró que “abolir esta disposición discriminatoria y antiestadounidense es una gran victoria para Texas”, en un mensaje que fue secundado por varios grupos conservadores que llevaban años intentado eliminarla.

“En conformidad con la ley federal, las escuelas no pueden proporcionar beneficios a los extranjeros ilegales que no proporcionan a los ciudadanos de Estados Unidos”, había dicho al respecto la secretaria de Justicia, Pam Bondi. El Departamento de Justicia también anunció que “luchará incansablemente para reivindicar la ley federal y asegurar que los ciudadanos de Estados Unidos no sean tratados como ciudadanos de segunda clase en ninguna parte del país”.

La nueva medida complica el sueño de miles de estudiantes universitarios del Estado, y de otros tantos que aspiraban a inscribirse los próximos cursos. “Es bastante injusto, incluso violento, negar la educación a las personas. Alguien que, en vez de estar en la calle robando, está en la biblioteca estudiando para hacer una carrera, no debería ser perjudicado por no tener estatus (migratorio)”, dijo a EL PAÍS un venezolano indocumentado que vive en el norte de Texas y aspiraba a estudiar la carrera de medicina. “Mis padres trabajan mucho y yo también, y apenas nos alcanza el dinero, así que ahora mi sueño de graduarme y aportarle a este país está todavía más lejos”, añade el migrante de 20 años.

United We Dream, la organización liderada por jóvenes migrantes más grande del país, emitió un comunicado donde califica la derogación como “profundamente impopular y destructiva”. “Esta decisión tendrá consecuencias catastróficas en todo el Estado, desde el debilitamiento de la fuerza laboral y la economía estatal hasta la privación de una vía asequible a la educación superior para miles de estudiantes tejanos”, explica el documento, que calcula el costo de la nueva medida en unos 460 millones de dólares al año en salarios perdidos.

“Privar a los estudiantes de su libertad de aprender simplemente por su estatus migratorio no solo es moralmente incorrecto, sino que significa que los estudiantes que actualmente están matriculados, estudiando arduamente, asistiendo a clases y contribuyendo significativamente a la vida universitaria, se verán obligados a abandonar las aulas de las que han formado parte durante años, lo que resultará en asientos vacíos, futuros perturbados y un Estado que se lo niega a quienes lo impulsan”, añade United We Dream.

Según datos de 2022, más de 57.000 indocumentados estudian en las universidades públicas texanas, lo cual representa aproximadamente un 8% de la matrícula total de estas.