Florida debate nuevas leyes para apretar el cerco contra los migrantes

Florida se dispone a cerrar aún más el cerco contra los migrantes en situación irregular con un paquete de nuevas leyes que incluiría desde una presunción de culpabilidad de facto en accidentes de tránsito hasta sanciones penales para empresas que los contraten, además de restricciones al acceso a servicios financieros, licencias y al envío de remesas al extranjero. La legislatura estatal comienza su sesión anual a partir de este martes y ya tiene sobre la mesa varias propuestas de leyes contra los migrantes respaldadas por el republicano Ron DeSantis, cuyo Gobierno se ha colocado a la vanguardia nacional en la ofensiva antiinmigrante impulsada por el presidente Donald Trump.

Entre las iniciativas destaca el proyecto de ley SB 1380, que establece una “presunción de culpabilidad” en accidentes de tránsito que involucren a conductores no autorizados provenientes de otros Estados, salvo que la otra parte estuviera conduciendo bajo los efectos del alcohol o drogas. La medida obligaría además a las autoridades a verificar el estatus migratorio de las personas implicadas en un accidente y limitaría los beneficios y acuerdos de indemnización que pueden pagar las aseguradoras a los conductores indocumentados.

Otro apartado del mismo proyecto busca imponer fuertes multas a empresas que contraten a migrantes indocumentados. Florida ya exige desde hace dos años que las compañías con más de 25 empleados utilicen el sistema E-Verify para comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores. La nueva propuesta de ley establecería penas más severas, incluyendo la revocación por un año de la licencia y multas de hasta 10.000 dólares para los negocios que violen la medida por primera vez, hasta cinco años y 100.000 dólares en una segunda instancia, y la pérdida permanente de la licencia y penalidades de hasta un cuarto de millón de dólares en caso de reincidencia.

Las empresas que contraten más de 50 empleados en situación migratoria irregular incurrirían en un crimen que podría ser penado con cárcel y la pérdida completa de la licencia del negocio, según el texto.

El proyecto, de 34 páginas, también establece restricciones para el envío de remesas a otros países desde Florida, uno de los mayores enclaves migratorios de América Latina. Los negocios de envío de remesas tendrían que verificar el estatus migratorio de quienes envían dinero, y podrían perder su licencia si incumplen la norma.

En el ámbito financiero, los bancos y otras instituciones tendrían prohibido otorgar préstamos hipotecarios o asistencia para la compra de vivienda a personas en situación migratoria irregular. Estas quedarían además excluidas del programa estatal para compradores por primera vez, que permite comprar vivienda con un pago inicial más bajo y obtener préstamos con mejores tasas de interés.

Bajo el liderazgo de DeSantis, Florida se ha convertido en una especie de laboratorio para poner a prueba los límites legales de la agenda migratoria de Trump. El Estado ha levantado centros de detención de inmigrantes administrados por la División Estatal de Emergencias —como el infame Alligator Alcatraz, en los Everglades— y ha presionado a los gobiernos municipales para firmar acuerdos 287(g) con las autoridades federales para arrestar migrantes, entre otras iniciativas.

El año pasado, Florida aprobó una ley que buscaba impedir la entrada al estado de personas en situación migratoria irregular. La legislación fue impugnada en los tribunales por organizaciones civiles y de derechos humanos, argumentando que vulneraba derechos constitucionales y que la ley estatal no puede estar por encima de las leyes migratorias federales. La jueza federal del Distrito, Kathleen Williams, les dio la razón y prohibió a Florida aplicar la ley.

El Estado apeló la decisión e incluso solicitó al Tribunal Supremo levantar la prohibición, sin éxito, mientras los demandantes argumentaron que Florida ya colabora ampliamente con las autoridades federales y no puede “hacer cumplir su propio sistema de inmigración”.

Otra iniciativa que se discutirá en esta sesión de la legislatura estatal es la SB 1052, que pretende impedir que los migrantes indocumentados accedan a universidades públicas o participen en programas estatales de educación para adultos financiados por el Estado, incluidas las clases de inglés como segundo idioma. La propuesta ampliaría una ley aprobada el año pasado que eliminó el beneficio de la matrícula estatal para estudiantes indocumentados.

Para convertirse en ley en Florida, un proyecto debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado durante el periodo de sesiones de 60 días, pasando por votación en cada cámara. Tras el cierre de la sesión, el gobernador tiene que promulgarlo como ley.