Sin licencia, sin sustento: el golpe económico de Texas a miles de camioneros inmigrantes

Juan Espinoza pasó casi ocho años reconstruyendo su vida en Estados Unidos. Cuando llegó a Austin, supo que había dejado en Caracas al gerente que fue por 20 años y que debía trabajar en cualquier oficio que le permitiera mantener a su familia. Ese oficio fue el de conductor de camiones. En febrero de 2020 obtuvo legalmente su licencia de conducir comercial en Texas.

Dos meses después, compró su primer camión. Con él, se dedicó a trasladar materiales a obras en construcción y así logró ahorrar el pago inicial para su casa y para comprar un carro. En 2025, su negocio propio seguía creciendo y decidió adquirir un segundo camión. En diciembre, también ganó su caso de asilo; seguían las buenas noticias: “Me sentía tranquilo y seguro (...) Yo vi un mundo de oportunidades en este negocio. Mi sueño era tener una flota de camiones”, cuenta por teléfono.

Pero cuando el venezolano de 49 años fue al Departamento de Vehículos de Texas (DMV) para actualizar su estatus migratorio en la licencia de conducir, supo que su permiso de manejo había sido degradado por una nueva norma estatal. Así, sorpresivamente y sin que le llegara una notificación del Estado, se enteró hace unos meses de que ya no podía manejar sus camiones.

“Ha sido una situación muy difícil. Con todos los compromisos económicos que tengo, todo se me vino abajo”, dice este venezolano.

En consonancia con una regla emitida por el Gobierno federal —tras una serie de accidentes de tránsito en los que estaban involucrados conductores extranjeros, algunos con licencias comerciales falsificadas en México—, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) suspendió el 29 de septiembre de 2025 la emisión de licencias de conducir comerciales para no ciudadanos con estatus como refugio y asilo, así como para beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, que protege a quienes llegaron con sus padres inmigrantes cuando apenas eran menores) y otros permisos humanitarios. Solo en Texas son más de 6.400 asilados, refugiados y beneficiarios de DACA afectados, según cifras del DPS.

La regla se ha replicado en más Estados del país, bajo el argumento de mantener las carreteras y vías seguras. Documentos de una demanda nacional presentada en febrero en Washington D.C. estiman que aproximadamente 200.000 personas con permiso de permanencia en todo el país perderán sus empleos como resultado de la regla y reclaman que el Gobierno federal no ha probado con datos que los conductores a quienes les han suspendido sus licencias comerciales han estado involucrados en más accidentes de tránsito.

“El dinero no rinde”

Cuando su licencia de conducir comercial fue degradada por su estatus como asilado, Juan Espinoza tuvo que destinar el dinero con el que pagaba la hipoteca de su casa para la contratación de un segundo chofer, una tarea más difícil tras la entrada en vigor de la regla: son menos y los disponibles pueden ser más costosos. Sus ingresos se redujeron además por la inflación, el aumento en los precios del combustible y la caída en el valor de las cargas que transporta hacia zonas en construcción. Siente que con la medida, el gobierno estatal lo dejó prácticamente desempleado pese a ser dueño de su negocio. “Apenas cubre para que los camiones salgan a trabajar”, dijo.

Para pagar la hipoteca, Espinoza y su esposa decidieron alquilar por semanas tres habitaciones de su casa a otros trabajadores, además de hacer horas como conductores de Uber y repartidores de comida por aplicaciones: “No es mucho lo que se cobra pero ayuda”.

La familia asegura que viven en una “restricción económica completa”: no gastan en distracción, ni en vacaciones o en comidas en restaurantes; solo en el mercado y en el pago de los servicios. “Nos hemos apretado el cinturón”.

La suspensión de licencias comerciales en Texas se concretó después de una orden adicional de “tolerancia cero” dada por el gobernador Greg Abbott al DPS para exigir que cualquier camionero que circulara por el Estado fuera “capaz de comunicarse en inglés”, algo que ya era requerido desde que presentaban las pruebas para obtener las licencias.

Se consultó al DPS de Texas, a la oficina del gobernador y a dos congresistas estatales sobre la suspensión de estas licencias, pero no hubo respuesta.

La regla afectó a conductores de camiones de materiales de construcción, como Espinoza, pero también a choferes de buses escolares que requieren licencia comercial, como la salvadoreña Rina Flores.

A esta solicitante de asilo le tomó siete meses prepararse para el examen de manejo y luego para el que le permitía transportar a pasajeros en autobuses escolares. Le tocó estudiar las normas de tránsito y practicar, pero también se propuso mejorar su inglés. Dijo que aprobar ambos exámenes en 2023 le hizo sentir “orgullo” como inmigrante y representó “un soporte digno”, una “mayor estabilidad económica” para su familia.

En su trabajo en un distrito escolar de Houston, Flores tenía un buen salario, seguro de vida, un fondo de retiro y la posibilidad de optar a préstamos, como el que usó para comprar su carro. Contó que usaba sus ingresos para construir un futuro para sus dos hijas, de siete y 10 años, pero sobre todo para la mayor, que fue diagnosticada con autismo.

Cuando DPS degradó su licencia de conducir comercial en enero de 2026, perdió su trabajo en el distrito escolar. “Me tocó renunciar a algo por lo que luché”.

Ahora, trabajando como gerente de un edificio, gana la mitad del salario, perdió su seguro médico, no pudo volver a aportar a su fondo de retiro y ya no puede ahorrar dinero para sus hijas. “Cheque que gano, cheque que sirve para pagar ‘biles’, deudas y tarjeta de crédito”, dice.

Además de la degradación de las licencias comerciales para ciertos inmigrantes, los republicanos en Texas han empujado medidas que limitan la capacidad de los no ciudadanos, por ejemplo, para registrar o comprar un auto y optar por ayudas estatales para estudiar en universidades.

Alaín Cisneros, vocero de la organización de apoyo a inmigrantes en Houston, FIEL, asegura que están llevando a personas con documentos y permisos de trabajo “al borde económico”. Agrega que, con esas normativas, el Gobierno de Texas “está irrespetando el estado de derecho”.

Cisneros —igual que han reclamado algunos congresistas demócratas del Estado— cree que reglas como la que degradó las licencias de conducir comerciales de miles de inmigrantes debieron ser decididas en el Congreso para que se generaran guías estatales y se evaluaran los posibles efectos para la economía.

El otro daño: el psicológico

Desde diciembre, Espinoza no duerme bien. Se levanta y entra en sus cuentas de banco para pensar en cómo cubrir cada gasto cotidiano. Cuenta que uno de sus ojos y uno de sus cachetes le tiemblan de forma recurrente. Son síntomas que ya sintió en 2024, cuando el estrés le paralizó la mitad del rostro. “¿Qué es delito acá? ¿Trabajar?”, cuestiona. “Yo venía con muchas ilusiones y de repente me dieron en el ala y me fui a pique”.

El venezolano espera que esta degradación a su licencia de conducir comercial sea temporal y que un día le digan que la medida quedó sin efecto. Dice que cuando pasa por una de las comunidades que se construyeron con materiales que él trasladó, se siente contento por haber sido parte de ese desarrollo.

Rina Flores también tiene la esperanza de que revoquen la regla. Cuenta que era feliz transportando a los niños a sus colegios: “Era un trabajo muy lindo porque veía a los niños crecer y ayudaba a que los padres fueran tranquilos a sus trabajos mientras uno recogía a sus hijos y los llevaba seguros a la escuela”.