Un tribunal invalida la ley de California que prohíbe que los agentes migratorios se cubran la cara y no lleven identificación
El Noveno Circuito respalda a la Administración Trump y sostiene que el Estado no puede imponer condiciones a operaciones federales
Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictó el miércoles una decisión unánime que impide a California aplicar dos medidas dirigidas a agentes federales de inmigración: la obligación de portar identificación visible y la prohibición de cubrirse el rostro durante operativos. El fallo responde a una demanda presentada por la Administración de Donald Trump y se apoya en el argumento de que un Estado no puede dictar cómo deben actuar funcionarios federales mientras cumplen sus funciones.
Las normas cuestionadas formaban parte de un paquete legislativo aprobado en 2025 por el gobernador Gavin Newsom. Por un lado, exigían que los agentes —incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— mostraran nombre o número de placa. Por otro, limitaban el uso de máscaras, salvo en circunstancias específicas como operaciones encubiertas o razones de salud. Ambas iniciativas surgieron tras críticas de legisladores demócratas a operativos de migración en los que agentes fuertemente armados actuaban sin identificarse.
El tribunal consideró que esas disposiciones invaden el ámbito del Gobierno federal. En la opinión redactada por el juez Mark J. Bennett se establece que “si una ley estatal regula directamente la conducta de Estados Unidos, es nula independientemente de si las actividades reguladas son esenciales para las funciones federales”. En otro tramo, los jueces señalan que la legislación californiana “intenta regular directamente a Estados Unidos en el desempeño de funciones gubernamentales”.
La resolución gira en torno a la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece la primacía de la ley federal sobre la estatal. A partir de ese principio, el panel concluyó que no era necesario examinar otros elementos del caso, como los argumentos sobre seguridad pública.
La Administración Trump había llevado el caso a los tribunales en noviembre, sosteniendo que las medidas exponían a los agentes a riesgos innecesarios. Según sus abogados, obligarlos a identificarse o impedirles cubrirse el rostro podía facilitar el acoso, el doxing y amenazas contra ellos y sus familias. Tras conocerse la decisión, el fiscal general interino, Todd Blanche, celebró el resultado y afirmó que el Departamento de Justicia mantiene un “apoyo total e inquebrantable” a los agentes que “arriesgan sus vidas todos los días para hacer cumplir las leyes migratorias”.
Otros funcionarios federales también calificaron la resolución como una victoria relevante. El primer asistente del fiscal federal en California, Bill Essayli, la describió como una “enorme victoria legal”.
Por su parte, los abogados de California argumentaron que las reglas eran de aplicación general y no estaban dirigidas exclusivamente al Gobierno federal. También insistieron en que la identificación visible reduce el riesgo de enfrentamientos o errores en el terreno. En un escrito presentado ante la corte, advirtieron que “esta confusión ha resultado en que agentes federales sean confundidos con criminales y viceversa, creando un riesgo serio de daño tanto para los oficiales como para el público”.
Los promotores de la llamada “No Vigilantes Act” (Ley anti-justicieros) sostenían que la presencia de agentes enmascarados, sin identificación clara, podía erosionar la confianza pública y dificultar la rendición de cuentas. También alertaban sobre la posibilidad de que personas ajenas a las fuerzas de seguridad se hicieran pasar por agentes.
El análisis del tribunal afirma que los Estados pueden imponer reglas aplicables a cualquier ciudadano, pero no intervenir en actividades propias del Gobierno federal, como la ejecución de operativos migratorios. La ley californiana, concluyó, “no regula conductas que cualquier ciudadano podría realizar”, sino que se dirige específicamente a agencias y oficiales de seguridad.
La decisión se suma a un bloqueo previo emitido en febrero por un juez federal, que ya había impedido la aplicación de la prohibición sobre el uso de máscaras. Con ambos fallos en vigor, las dos piezas principales de la legislación quedan sin efecto mientras continúa el proceso judicial.
Sin embargo, el litigio podría escalar en los próximos meses. California tiene la opción de solicitar una revisión ante el pleno del Noveno Circuito o acudir al Tribunal Supremo. Mientras tanto, legisladores estatales continúan explorando otras vías para limitar la actuación de los agentes federales, incluyendo propuestas para facilitar demandas por violaciones a derechos civiles o restringir su incorporación a agencias locales.
