Las disidencias usan las escuelas como trinchera y herramienta de propaganda

El miedo y la zozobra mantienen a más de mil estudiantes del sur del Huila, en la región andina de Colombia, sin asistir a clases. Los pobladores del municipio de Guadalupe se negaron a carnetizarse, como les ordenó la estructura Ismael Ruiz, afiliada a las disidencias de las extintas FARC al mando de alias Iván Mordisco. Los criminales tomaron retaliaciones, luego de que la población se negara a portar un documento de identificación expedido por el grupo delincuencial, el cual piden como requisito para movilizarse por ciertos territorios. “Si no se carnetizan todos, pues no va a haber clase en ninguno de este corregimiento donde se prohibieron las clases”, dice un mensaje de voz que enviaron a través de Whatsapp y que generó temor en las veredas La Planta y Cachimbal. Según declaraciones del alcalde Alberto Toledo al medio regional La Nación, no hay certeza sobre cuánto tiempo durará la amenaza. “Son más de 1.200 o 1.300 personas que están afectadas. (...) Es primera vez que a ellos les hicieron una cosa de estas”, señaló.

No es un hecho aislado. Solo en la última semana, se supo que hombres del llamado frente “Franco Benavides” ingresaron a una escuela en el departamento de Nariño, en el sur del país, para hacer propaganda con los niños. En el departamento vecino del Cauca, según un video difundido por Caracol Radio, miembros del mismo grupo ilegal se resguardaron en las instalaciones de un colegio. Todas estas situaciones han puesto de nuevo la lupa en la incapacidad estatal para proteger los entornos educativos, pese a que Colombia firmó hace algunos años un compromiso internacional llamado Escuelas Seguras, en el que el Estado se comprometía a construir y seguir un plan de acción para proteger a la niñez.

En 2025 varias oenegés expertas advirtieron que el país es el que sufre más ataques a colegios en toda América y solo lo superan Congo, Ucrania y Gaza. Aun así, frente a los casos recientes, el Gobierno solo reaccionó, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, por lo ocurrido en Nariño. La oficina recordó, en un comunicado de prensa, que “los entornos escolares son bienes protegidos por el DIH (Derecho Internacional Humanitario) y, por tanto, su ingreso constituye una grave infracción inadmisible”.

Tras los hechos de la última semana, la organización Save the Children prendió las alarmas y señala que es urgente que el Gobierno atienda el recrudecimiento de la guerra que se ensaña con la niñez. “Hacemos un llamado urgente a todos los actores armados y a las mesas de negociación, presentes y futuras, a garantizar la desvinculación de niñas, niños y adolescentes y a no vincularlos nunca más. Ningún proceso de diálogo que pretenda construir paz puede eludir esta condición: la protección integral de la niñez debe ser innegociable”. Además, la oenegé internacional insiste en la necesidad de que el Estado cumpla con lo firmado y contemplado en el mencionado plan de declaración de Escuelas Seguras. “La protección de la niñez debe posicionarse con mayor fuerza en espacios multilaterales, elevando estándares y aprendizajes sobre escuelas seguras, participación infantil y monitoreo de violaciones graves”.

Las amenazas a los entornos escolares cobran aún más relevancia ante el preocupante aumento de casos por reclutamiento forzado, que, justamente, se ha ensañado en el suroccidente del país. De acuerdo con Naciones Unidas, en Colombia el reclutamiento se cuadruplicó en los últimos cinco años. En promedio, solo en 2024, un menor de edad fue reclutado cada 20 horas. Por ahora, los niños y niñas colombianos siguen esperando un compromiso estatal real con su seguridad y su derecho a educarse.