El reclutamiento infantil en Colombia tiene el rostro de los indígenas del Cauca

“Nosotros somos inocentes”, gritaban los habitantes del municipio de Buenos Aires, Cauca, luego de nueve horas de combates entre las disidencias del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) y el Ejército Nacional el pasado martes. El grupo ilegal usó menores de edad en su ataque a la estación de policía, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Pocos días antes, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, había alertado en un informe que la niñez y la juventud caucanas son las principales víctimas del reclutamiento forzado en toda Colombia. En tres años, la organización ha registrado 750 casos; en 2024, el 67% de los casos del país ocurrieron en ese departamento del suroccidente, uno de los más convulsos en un país afectado por distintos grupos ilegales.

Ocho años tenía la niña más joven que Yiner Quiguantar ha rescatado de las manos de un grupo ilegal. Sucedió en el norte del Cauca en 2022. La menor es una de las decenas de infantes y adolescentes que Quiguantar, como líder de la juntanza de jóvenes de la minga del suroccidente, ha conseguido arrebatarle a la guerra. Él, que creció en ese complejo contexto, marcado por el conflicto armado y la violencia contra las organizaciones indígenas, encaminó su liderazgo en recuperar a las infancias que habían sido obligadas a participar en la guerra. No ha sido fácil. “Crecer siendo líder aquí es un reto. Todos los días buscamos mantenernos vivos, no únicamente en términos de la vida física, sino de la vida espiritual”, cuenta.

De acuerdo con el documento No parimos hijos para la guerra, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, la suma de diferentes tipos de violencias ha convertido a los niños indígenas en los principales objetivos de estas estructuras ilegales. “Hay violencias directas alrededor de la presencia de los actores armados, hay vulneración de derechos de los menores, hay distintas formas de violencia intrafamiliar o de discriminación de género, entre otras”, comenta Eduin Capaz Lectamo, coordinador del programa Defensa de la Vida y Derechos humanos.

Quiguantar explica que a esas violencias se suma una característica que resulta atractiva para los ilegales: la formación política y el conocimiento del territorio de los jóvenes que hacen parte de las guardias indígenas y, en particular, de las del pueblo nasa, pues desde pequeños se les explica la importancia de su fuerza espiritual, cultural, y de la protección de su entorno. Esa cualidad ha sido convertida por los delincuentes en estereotipos que, aunque estigmatizan, les sirven para alimentar la romantización de su participación en la guerra. “Estereotipos como que los caucanos son guerreros, que están hechos para la guerra, o que están dispuestos hasta a dar la vida, han empeorado estos escenarios de violencias culturales”, agrega Capaz.

La situación se ha exacerbado hasta el punto que, en muchas comunidades, el reclutamiento es paisaje y se culpa a las víctimas, pasando por alto el entramado de vulneraciones que los llevan a caer en esas redes. O, por el contrario, quienes se atreven a oponerse, arriesgan su vida. Uno de los casos que lo ejemplifica es el asesinato de la mayora indígena Carmelina Yule, en 2024. Todo un cúmulo de hechos que ha impactado profundamente el tejido social de estos pueblos del suroccidente colombiano, como lo denuncia Capaz. “Poco a poco, se está destruyendo nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra organización. Están destruyendo el pensamiento y el arraigo territorial”, se lamenta.

El estudio del CRIC alerta de que en diferentes puntos del departamento los ilegales han establecido “centros de entrenamiento” donde se recluye inicialmente a los niños, niñas y adolescentes. En otros casos, tras una primera etapa de preparación, los menores son enviados a otras regiones del país para evitar que salgan de sus filas. Los dos líderes subrayan que el subregistro de este fenómeno puede ser vasto, y es probable que más de 1.000 niños, niñas y adolescentes indígenas del Cauca hayan engrosado las crecientes filas de las disidencias de las extintas FARC o de otros grupos desde 2022.

La reconfiguración

Al igual que el conflicto se ha ido reconfigurando en los últimos años en Colombia, lo han hecho las estrategias de las estructuras delincuenciales para incorporar a niños y jóvenes. Además de atacar las escuelas o espacios comunitarios para forzarlos, han encontrado en las redes sociales un espacio de propaganda y una herramienta para atraerlos con mentiras. La organización Vivamos Humanos lo documentó en su reciente investigación El algoritmo en el conflicto armado. En el informe, de nuevo, el Cauca está a la cabeza de los reportes de reclutamiento.

Encontrar ese tipo de propaganda es fácil. Basta con añadir palabras clave en el buscador de TikTok, y poco a poco el algoritmo va arrojando perfiles de quienes parecen ser combatientes y publican contenidos que idealizan las armas, la guerra y la narco-estética. También es fácil identificar los muy jóvenes rostros tras los uniformes. “En territorios donde las comunidades advierten la falta de alternativas y la ausencia de una presencia institucional efectiva, estos contenidos funcionan como espejos que normalizan la guerra”, se lee. El documento también señala que el grupo que más promueve este delito es la disidencia autodenominada Estado Mayor Central, la sombrilla que lidera alias Iván Mordisco, que a sangre y fuego ha buscado hacer del Cauca su fortín.

A contracorriente

La lucha del CRIC, de Quiguantar, y de otros liderazgos indígenas contra el reclutamiento de menores ha conseguido salvaguardar muchas vidas en silencio y, casi siempre, en soledad. Los mecanismos estatales para esta lucha siguen siendo ineficientes y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado que el reclutamiento solo aumenta. El joven líder, de hecho, habla con EL PAÍS tras un ataque que sufrió, en compañía de un mayor indígena. No repara en el incidente, pues dice que es plenamente consciente de que su lucha implica hacerse a muchos enemigos. “El contexto del departamento nos impulsa a seguirnos organizando, a seguir defendiendo la vida y trabajando en comunidad”, señala.

De hecho, coincide con Capaz en que ya es momento de hablar alto y denunciar. Pero la voluntad no basta. El ataque de Buenos Aires revela el camino que falta por andar. Desde la juntanza de jóvenes de la minga del suroccidente sostienen que es clave empezar a dar pasos neurálgicos para atacar este fenómeno, como lo puede ser una interlocución directa con el Comisionado para la Paz, Otty Patiño; buscan plantearle las estrategias que ellos, desde su territorio, han construido y lamentan que ante el fracaso de algunos procesos de negociación de la paz total, como el de Mordisco, resulte imposible avanzar en acuerdos para prevenir el reclutamiento. Vivamos Humanos identificó que, en al menos seis mesas de diálogo, se hizo referencia a la protección de la niñez como un asunto a solucionar pronto; sin embargo, muchas de ellas no continúan.

Quiguantar plantea que no solo es necesario avanzar en la seguridad, sino en la prevención. Pone su vida como ejemplo, donde el arte ha sido su salvación, y ha visto que lo ha sido para otros jóvenes que ha recuperado. Insiste en que urge ofrecer alternativas a las ilusiones de dinero y poder que han venido fomentando los grupos ilegales. Al igual que los habitantes de Buenos Aires, sostiene que los niños y juventudes caucanas son inocentes, pero siguen siendo la punta de lanza del conflicto armado en Colombia.