Petro contempla aumentar el salario mínimo si el Banco de la República sube las tasas de interés

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes su intención de aumentar el salario mínimo en el país si el Banco de la República sube las tasas de interés. La posibilidad fue develada durante un consejo de ministros en el que el mandatario dijo: “Si la junta [del Banco de la República] sigue en esa tontería en que va, pues subimos otra vez el salario”. El presidente sustentó su idea en el hecho de que, según la Constitución, el salario mínimo debe ser “vital y móvil” y en su intención de “proteger la economía” del aumento de tasas que en su concepto tiene un efecto contrario. Esa posición no es compartida por la mayoría de los codirectores del banco central, que han aumentado la tasa de interés en los últimos meses ante un crecimiento del costo de vida, constante en lo que va de 2026 y que actualmente está en 5,56%.

La postura de Petro vuelve a poner los ojos de la opinión pública sobre las decisiones económicas del Gobierno en plena campaña electoral. El anuncio en diciembre pasado del aumento en un 23% del salario mínimo, hasta llegar a los dos millones de pesos, fue el tema de conversación con el que se cerró el año en el país. Se trataba del mayor aumento en casi 30 años —el salario mínimo no subía más del 20% desde 1997, cuando la inflación era de más del 17%— y, a la vez, suscitó varias preocupaciones de parte del empresariado y de los bancos. Fenalco calculó que los costos laborales para 2026 serían de tres millones de pesos mensuales por trabajador, mientras que la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) opinó que el alza generaba “grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana, especialmente sobre la inflación”. Por su parte, Bancolombia previó una inflación del 5% al terminar 2026, una cifra que se ubica fuera del rango de meta. El presidente defendió su decisión: “El salario o el ingreso vital familiar no es individual, porque los trabajadores y trabajadoras en general no viven solos”.

El anuncio del presidente de este martes, hecho en tono de advertencia, aumenta la tensión entre el Gobierno y el Emisor, una entidad independiente del Ejecutivo en cuya junta directiva participa, con la presencia en ella del ministro de Hacienda. Las diferencias entre el jefe del Estado y el Banco de la República vienen desde los inicios de su mandato, cuando Petro empezó a insistir en la necesidad de disminuir las tasas de interés. “Las alzas de la tasa de interés ponen en riesgo toda la economía productiva”, decía el mandatario ya en 2023. El banco, no obstante, optó por una postura rígida en los últimos meses con la intención de mantener a raya la inflación: desde abril, mantuvo la tasa de interés en 9,25%, pero la aumentó en enero pasado hasta el 10,25% para volver a elevarla en marzo al 11,25% actual.

Esa decisión de aumentar el precio del dinero llevó a una ruptura entre el Gobierno y el Banco de la República. Ese día, 31 de marzo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, participaba de la reunión en que los siete miembros de la junta del Banco definían la tasa de interés. Ante la decisión inminente de aumentarla, Ávila se retiró del encuentro, dio a conocer el alza casi una hora antes de la rueda de prensa oficial del banco central y anunció el divorcio. “Decidimos retirarnos de la junta del Banco de la República y establecer una distancia significativa entre el Ejecutivo y el órgano. [...] No podemos ser artífices de una política monetaria que solo responde a representantes del sector financiero”, dijo el ministro.

Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha respondido a los señalamientos y, de hecho, esta misma semana declinó participar en un foro sobre política monetaria organizado por el Gobierno. En la carta en la que rechazó la invitación, Villar criticó de paso al ministro Ávila: “En sus intervenciones públicas, usted ha ido más allá y nos ha acusado, a mí y a varios de mis colegas, de adoptar decisiones encaminadas a beneficiar a los banqueros. Se trata de una acusación infundada y abiertamente contraria a la verdad”, afirmó. Dijo, además, que esas acusaciones dificultan un diálogo fluido que permita cumplir los mandatos que la Constitución asignó al Banco de la República.