Una testigo defiende que la Generalitat tenía datos para enviar el Es alert tres horas antes

La jefa de Meteorología de la televisión pública valenciana À Punt defendió el pasado 15 de abril ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que la Generalitat Valenciana disponía de información suficiente para haber enviado el Es alert - la alerta masiva a móviles para informar a la población de la magnitud de la tragedia- tres horas antes de su remisión. Así lo indicó ante la instructora la meteoróloga Victoria Roselló, según la transcripción de su declaración como testigo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Roselló explicó que existían datos para haber remitido el aviso a los teléfonos a las 17.00 horas y no a las 20.11, cuando finalmente se mandó. Para entonces, la situación era extrema y ya habían muerto la mayoría de los desaparecidos. La aseveración no es baladí. La instructora sostiene que, si el Es Alert se hubiera activado antes, se habrían salvado vidas.

A preguntas de una letrada, la meteoróloga explicó que el Cecopi –el órgano de la Generalitat que gestionó al crisis- se podía haber convocado a las 12.30 horas del día de la desgracia, el 29 de octubre de 2024, y no a las 17.00, cuando ya se había desbordado el barranco del Poyo a la altura de municipios como Chiva y Cheste. “Un Cecopi a las 17.00, cuando ya había victimas, no tiene ningún sentido. El Cecopi se supone que tiene herramientas para advertir a la población y para eso tiene que estar operativo antes de que empiece todo, no cuando ya está en marcha. Es incomprensible, de verdad”, alegó Roselló.

En su intervención ante la jueza, la meteoróloga reconoció la “frustración” de que las autoridades no reaccionaran a tiempo ante la desgracia y aseguró que el desbordamiento del barranco del Poyo, la rambla que desató la inundación al sepultar municipios como Paiporta o Catarroja, donde murieron 55 y 25 personas, respectivamente, se vislumbró a partir de las 17.20 horas, nada más arrancar el Cecopi.

La jueza de Catarroja ha rechazado las comparecencias como testigos de quienes fueran titulares durante la tragedia de las consejerías de Educación y Agricultura, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, respectivamente, según un auto notificado este miércoles a las partes. La magistrada, que descarta así una petición de la acusación popular que ejerce Compromís, argumenta que las funciones de coordinación de la desgracia no recayeron en estos exdirigentes. Y recuerda que tampoco participaron en la reunión del Cecopi, el órgano que coordinó la desgracia y desde donde se envió el Es Alert.

Los exconsejeros de Agricultura y Educación, relata la instructora, no figuraron entre los 22 asistentes de organismos estatales, autonómicos y locales que participaron en el cónclave de crisis. “No podrían, en consecuencia, recaer sobre dichos extremos”, explica la jueza.

Por otra parte, la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, estima que la decisión de la jueza de “no facilitarle” su declaración vulnera su derecho de defensa, según un recurdo de apelación que ha presentado la exdirigente y al que ha tenido acceso este diario.