Sociedades médicas piden que España imite al Reino Unido y prohíba comprar tabaco a los nacidos a partir de 2009
Sanidad ve bien la medida, pero estima que es pronto para aplicarla en el país. La norma británica es menos restrictiva con vapeadores y cigarrillos electrónicos

La aprobación en el Reino Unido de una ley que prohibirá la venta de productos con tabaco a los nacidos a partir del 1 de enero de 2009 con el objetivo de crear una primera generación libre de la adicción a los cigarrillos ha sido recibida con entusiasmo por decenas de sociedades médicas y otras organizaciones que llevan años luchando contra los estragos del tabaquismo, responsable de unas 60.000 muertes al año en España.
La medida prevé que todos los jóvenes que cumplan 18 años ya no puedan adquirir ninguna forma de tabaco —hasta esa edad se lo impide el hecho de ser menores—, lo que con el paso de los años debe acabar erradicando el consumo de estos productos. Nueva Zelanda aprobó en 2022 una ley similar, pero la extrema derecha frenó poco después la iniciativa. Esto convierte al Reino Unido en el único país del mundo en apostar por esta vía de prevención de la salud, aunque la ley es mucho menos restrictiva con los vapeadores y otros dispositivos, que también contienen nicotina, que podrán seguir siendo comprados por quienes lleguen a la mayoría de edad.
“Es un hito en la historia de la salud pública y un movimiento que deberían seguir otros gobiernos, entre ellos el de España. El tabaco es altamente adictivo y causa una elevada mortalidad. Por eso no puede venderse a los menores de 18 años. Extender de forma escalonada la prohibición a nuevos grupos de edad, lo que llamamos la abolición progresiva, es un gran paso en la buena dirección”, afirma Raquel Fernández, presidenta de Nofumadores.org.
Esta entidad ciudadana publicó en 2022, junto a 62 sociedades científicas y civiles, la Declaración ENDGAME del Tabaco en España 2030 en línea con lo ahora aprobado en el Parlamento de Westminster. “Vemos esta medida con envidia porque España se está quedando atrás en la lucha contra el tabaquismo. Desde hace una década no hay casi avances a nivel legislativo”, lamenta por su parte Noa Rey, presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).
Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, admite este “retraso legislativo” lo que hace que este no sea “el momento adecuado” para plantear una medida de este tipo en España, aunque “no puede descartarse en un futuro”. En su opinión, “los países que sí las plantean tienen unas prevalencias más bajas” de consumo de tabaco y España debería aplicar antes otras medidas para alcanzar niveles similares.
Según los últimos datos disponibles sobre adicciones de Sanidad, correspondientes a 2024, el 25,8% de los españoles de entre 15 y 64 años fuma diariamente. El dato es el menor de la serie histórica, pero está lejos del 15% que, aproximadamente, registran la mayoría de países del norte de Europa, entre ellos Reino Unido.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de septiembre el anteproyecto de reforma de la ley del tabaco, que contiene algunas de las medidas pendientes sugeridas por Gullón. Entre ellas, la más destacada es la prohibición de fumar en terrazas. También equipara a los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional y veta por primera vez el consumo de estos productos por menores (no solo la venta). La iniciativa legislativa está ahora pendiente de su trámite parlamentario.
Estas medidas, sin embargo, se quedan cortas para los actores que luchan contra el tabaquismo. “Podemos entender que, como dice Sanidad, sea necesario tomar otras decisiones antes que una prohibición como la de Reino Unido. Lo que no entendemos es por qué no se han tomado ya”, dice Noa Rey. Una de ellas es el “empaquetado neutro, algo que se ha caído del anteproyecto de ley de Sanidad y que sabemos que funciona porque impide a la industria publicitar sus productos”, añade. Otra, el aumento de precios: “No puede ser que seamos el estanco de Europa al ser tan baratos”.
Asensio López, coordinador del Programa de actividades preventivas y promoción de la salud de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), destaca este tipo de actuaciones centradas en los más jóvenes. “Es habitual que seamos tolerantes con el consumo de tabaco, porque forma parte de lo que se ha hecho toda la vida. Pero se trata de uno de los productos que más adicción crea y que luego más difícil es abandonar. Lo vemos en las consultas y por ello es fundamental limitar el acceso de los jóvenes que todavía no han iniciado su consumo”, afirma.
Este experto pone el foco en dispositivos como los cigarrillos electrónicos y vapeadores: “Tenemos que abordar este problema porque estamos viendo un aumento de su uso y esto creará una nueva oleada de adictos que, en unos años, sufrirán un repunte de enfermedades relacionadas con la nicotina”.
Para Noa Rey, estos “dispositivos son la puerta de entrada al consumo de tabaco y la última encuesta Estudes [del Plan nacional sobre Drogas] revela que la mitad de adolescentes de 14 a 18 años los han probado en el último año”.
Hospitalizaciones y muertes
En el Reino Unido, según la última encuesta de ASH (el acrónimo inglés del grupo Acción contra el Tabaco y por la Salud), el 7% de los menores de entre 11 y 17 años vapean con regularidad, frente a un porcentaje que oscila entre el 3% y el 5% que comienza a fumar cigarrillos. La nueva norma, que tiene el nombre de Ley de Tabaco y Vapeo y obtendrá refrendo real la semana que viene, cuenta con un apoyo bastante amplio entre la sociedad británica.
Por su parte, la industria tabaquera, que intentó convencer a los legisladores británicos para que impusieran límites menos severos, ya ha tirado la toalla y dedica sus esfuerzos al negocio del vapeo, los cigarrillos electrónicos y también al tabaco de mascar.
Salvo una minoría extrema, como el partido de ultraderecha Reform UK, del populista Nigel Farage, que ha prometido revertir la ley si alguna vez llega al Gobierno (como ocurrió en Nueva Zelanda), son pocos lo que se atreven a criticar una ley que pretende poner freno a cifras devastadoras como las 400.000 hospitalizaciones y 64.000 muertes anuales relacionadas con el tabaco.
“En el último medio siglo, el tabaco se ha cobrado millones de vidas por todo el Reino Unido, y ha dejado tras de sí un legado de dolor y pérdidas que podría haberse evitado. Acabar con esta lacra sería un legado permanente para las generaciones venideras, y las familias podrán a partir de ahora sentirse seguras de que sus hijos e hijas crecerán libres de los daños del tabaco”, ha celebrado Hazel Cheeseman, la directora ejecutiva de ASH.
La nueva ley otorga al Gobierno poderes y capacidades para regular y limitar el consumo del vapeo, los cigarrillos electrónicos y otros productos compuestos de nicotina. Podrán imponer una normativa más estricta respecto a la venta de sabores atractivos que buscan enganchar a los jóvenes y al diseño de un empaquetado llamativo.
Se prohibirá el vapeo en el interior de vehículos donde haya menores, en parques infantiles o en los exteriores de hospitales y colegios, para ampliar así el número de zonas libres de humo. Sin embargo, el vapeo seguirá permitido en terrazas de bares, espacios públicos al aire libre y entornos abiertos privados.
Si algo tienen la industria tabaquera y sus aliados es una capacidad inagotable de producir argumentos en una discusión que nunca dan por vencida. La posibilidad de que el Gobierno restrinja la oferta de sabores del vapeo puede derivar, afirman, en la vuelta a los viejos hábitos de algunos consumidores.
“Si las medidas son muy restrictivas, sobre todo en lo que se refiere a los sabores o a la facilidad para adquirir el producto, la consecuencia indeseada puede ser que los exfumadores [que hoy vapean] regresen al cigarrillo tradicional, o aumenten los mercados no regulados”, ha advertido Richard Begg, portavoz de la empresa distribuidora de vapeadores y cigarrillos electrónicos, VPZ.
La nueva ley contempla la prohibición de cualquier tipo de promoción o publicidad de los productos con nicotina dirigida a los menores, y maneja elevadas sanciones económicas, de hasta 3.000 euros, para los comerciantes que los vendan a menores de 18 años.


























































