El Paso, en el centro de la tormenta por las muertes en los centros de detención de migrantes

Este artículo fue publicado conjuntamente con Puente News Collaborative, un medio informativo bilingüe sin ánimo de lucro dedicado a la cobertura de alta calidad de la frontera entre Estados Unidos y México, y KTEP Public Radio.

El Paso, que en su día fue un punto álgido en el acalorado debate sobre los altos flujos migratorios, es ahora un centro de detenciones y deportaciones, con más instalaciones a gran escala proyectadas mientras la Administración de Donald Trump busca intensificar las deportaciones masivas.

Esta semana, el médico forense del condado de la ciudad texana dictaminó que la muerte el 3 de enero de Geraldo Lunas Campos, un migrante cubano de 55 años que se encontraba en el complejo de carpas de Camp East Montana, fue un homicidio. Un hallazgo explosivo que sin duda intensificará los llamamientos para que se cierre lo que se ha convertido en el centro de detención de migrantes más grande del país.

En total, solo en las últimas seis semanas, tres hombres han muerto en el centro privado de 1.200 millones de dólares situado en la base militar de Fort Bliss. La población media diaria a finales de noviembre era de casi 2.800 personas y es probable que ahora sea mayor, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a una solicitud sobre el número actual de personas detenidas en el campamento. Migrantes detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en todo el país son recluidos en Camp East Montana a la espera de su deportación.

Las conclusiones del forense arrojan luz sobre las cuestiones más amplias de supervisión de estos centros, y vuelven a centrar la atención en El Paso. “Los testigos afirman que el personal mató al detenido; el DHS debe preservar todas las pruebas, lo que incluye detener sus esfuerzos por deportar a los testigos”, afirmó la representante demócrata por El Paso, Verónica Escobar. “Reitero mi petición de que se cierre Camp East Montana y se rescinda el contrato con la empresa que lo gestiona”. El Gobierno federal ha negado sistemáticamente las acusaciones de abusos y afirma que el ICE se compromete a garantizar que todas las personas detenidas residan en un “entorno seguro y humano”.

Campo de pruebas

El Paso ha servido durante mucho tiempo como campo de pruebas para todo tipo de tecnologías, desde la biometría de reconocimiento facial hasta los drones o los lectores de matrículas, tácticas que ahora se ven en todo el país, desde Los Ángeles hasta Chicago o Minneapolis. La región de El Paso, que no es ajena a la larga historia de deportaciones de Estados Unidos, también fue sede de otros controvertidos campamentos de carpas. En 2018 y 2019, un campamento de migrantes para niños en Tornillo llegó a albergar a más de 2.500 personas.

Pero el teatro político —como los lugareños se refieren a los caprichos de Washington— ha vuelto a la ciudad fronteriza. Hasta hace poco, las redadas migratorias eran poco frecuentes. Sin embargo, en los últimos días, varios videos en las redes sociales muestran a agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos deteniendo a trabajadores en obras de construcción, lo que ha puesto en alerta a una localidad con más del 80% de población hispana.

Se han producido explosiones controladas cerca del monte Cristo Rey, con su imponente y emblemática escultura de Jesucristo en la cruz, mientras la Administración Trump prepara los cimientos para un nuevo muro de 1,3 millas. Además, ahora se planea construir un nuevo centro de detención en el condado de El Paso, con fondos del paquete de impuestos y gastos de Trump, que incluye unos 45.000 millones de dólares para los centros de detención del ICE y decenas de miles de millones más para reforzar la aplicación de la ley migratoria.

“Lo que estamos viendo con el sistema en este momento no tiene precedentes”, afirmó Aaron Reichlin-Melnick, abogado y miembro senior del American Immigration Council, en un reciente seminario web sobre detenciones. “Se está expandiendo más rápidamente. No hay ningún sentido de humanidad básica hacia las personas que pasan por el sistema, y se están descartando las normas básicas subyacentes del debido proceso”. Reichlin-Melnick calificó el hallazgo del médico forense del condado de El Paso como probablemente el primer homicidio bajo custodia del ICE.

Muertes recientes

Las organizaciones de derechos humanos y los abogados en contacto con las personas que se encuentran en el centro de El Paso llevan meses dando la voz de alarma y documentando casos de negligencia médica, condiciones insalubres, falta de alimentos y abusos en las instalaciones. “El informe de los médicos forenses que afirma que la muerte de Geraldo fue un homicidio desmiente por completo la afirmación del Gobierno de que se trató de un suicidio”, afirma Charlotte Weiss, abogada del Texas Civil Rights Project con sede en El Paso. Weiss visita regularmente a las personas detenidas en Camp East Montana y afirma que ella y otros compañeros han documentado casos de “uso excesivo de la fuerza”. El alcalde de El Paso, Renard Johnson, pidió una “investigación independiente” sobre la muerte de Lunas Campos.

El DHS sostiene que Lunas Campos intentó quitarse la vida y se volvió violento con los guardias del centro. “El personal de seguridad intervino inmediatamente para salvarle la vida”, afirmaron en un comunicado. Asimismo, los funcionarios del ICE se apresuraron a citar los antecedentes penales de Lunas Campos, que había sido condenado por conducir en estado de embriaguez, posesión ilegal de armas, hurto menor y otros delitos, según la agencia.

El Gobierno federal está tratando de deportar a dos detenidos —un salvadoreño y un cubano— citados en los medios de comunicación que afirman haber presenciado el altercado de Lunas Campos con el personal cuando murió. El día en que se hizo pública la autopsia, sin embargo, un juez federal concedió la solicitud de los abogados de suspender temporalmente su deportación. El magistrado fijó una audiencia para el 27 de enero con el fin de determinar si los hombres pueden prestar testimonio.

En otra muerte ocurrida en el campamento de tiendas de campaña de El Paso el 14 de enero, los funcionarios del ICE informaron que Víctor Manuel Díaz, de Nicaragua, murió por “presunto suicidio”. La causa oficial de su muerte sigue bajo investigación, según el ICE. El hombre había sido detenido en Minneapolis, donde se han producido protestas generalizadas desde que Renee Good, ciudadana estadounidense, fuera asesinada a tiros por un agente del ICE el 7 de enero.

Un tercer hombre, Francisco Gaspar Andrés, de Guatemala, murió en diciembre en un hospital de El Paso, donde fue trasladado por una grave enfermedad.

Expansión veloz

Bajo Trump, las detenciones de migrantes han alcanzado máximos históricos de 70.000 en unas 200 instalaciones, que se extienden desde el Estado de Washington hasta California, Texas y Georgia, según datos del ICE.

“Habrá más muertes, habrá más daños”, afirma Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso. “Esto no es una anomalía. A menos de que el ICE cambie de rumbo, haya más supervisión, más responsabilidad y más protección para las personas detenidas”.

El DHS confirmó los planes de ampliar los espacios de detención en todo el país y se opuso al uso de la palabra “almacenes” como descriptor. “No serán almacenes, sino centros de detención muy bien estructurados que cumplirán con nuestras normas habituales de detención”, afirma un portavoz del departamento en un comunicado enviado por correo electrónico. “No debería ser una novedad que el ICE vaya a realizar detenciones en Estados de todo Estados Unidos y esté trabajando activamente para ampliar el espacio de detención”. Un portavoz del ICE no quiso precisar los lugares exactos.

En el condado de Dallas, un posible centro de detención situado junto a una autopista podría albergar a casi 10.000 personas. La perspectiva ha movilizado también a los tejanos de la zona en contra del proyecto. The Washington Post informó en diciembre sobre un proyecto de licitación para renovar unos almacenes industriales con capacidad para albergar hasta 80.000 personas. Se cree que uno de ellos se encuentra en Hutchins, un suburbio de Dallas de unos 8.000 habitantes, según estimaciones de la Oficina del Censo.

“Estamos horrorizados por el hecho de que esto vaya a ocurrir en nuestro patio trasero”, dice el reverendo Eric Folkerth, un ministro metodista que lidera un grupo interreligioso que defiende a los migrantes y organiza vigilias frente a una oficina local del ICE en Dallas. “Estamos planeando la resistencia desde nuestras iglesias, y hemos hablado con otros funcionarios del condado que están igualmente preocupados”.

Folkerth dice que cree que el enorme centro de detención del ICE podría abrirse, basándose en las conversaciones que su grupo clerical ha mantenido con funcionarios del Gobierno y fuentes del sector privado. El lugar se encuentra ubicado entre una ruidosa autopista, un centro de distribución de Federal Express y hoteles de bajo precio. El almacén vacío, de color azul y blanco, parece tener la longitud de un gran centro comercial y anuncia su tamaño en un millón de pies cuadrados (unos 90.000 metros cuadrados).

Aumentan las protestas

Mientras tanto, se han producido múltiples protestas frente al campo de detención de Fort Bliss desde su apertura en agosto. En una vigilia celebrada recientemente por los hombres que murieron bajo custodia, Jeannie Norris dijo que era difícil ver a El Paso, una vez más, en el punto de mira. “Estoy muy conmocionada por lo que está sucediendo en nuestro país”, dice Norris. “Y está cerca de casa; hay un gran centro de detención justo en tu ciudad natal, que es una ciudad internacional, que siempre ha querido a los inmigrantes, y ahora los tratamos tan mal, es desgarrador”.

Rebecca Krasne, otra residente de El Paso, añade: “Tenemos que expresar nuestra condena por estos actos y nuestra total desconfianza en nuestro Gobierno, y unirnos y ser fuertes y poderosos en nuestra voz para intentar hacer lo que podamos para detener esta locura”.

Angela Kocherga es colaboradora habitual de Puente News Collaborative, directora de noticias y corresponsal de la emisora pública KTEP en El Paso. Colabora con Texas Newsroom y NPR. También copresenta Texas Standard, un programa de noticias que se emite los días laborables en todo el Estado. @AngelaKBorder

Dianne Solís es periodista freelance. Ha trabajado como redactora para The Dallas Morning News y The Wall Street Journal. Su trabajo se ha emitido en la radio pública KERA y en Texas Standard, y ha aparecido publicado en The Guardian y El País. @disolis