El hoyo negro de Camp East Montana: tres muertes en 44 días en el mayor centro de detención de migrantes de Estados Unidos

Camp East Montana, el mayor centro de detención de migrantes de Estados Unidos cuando está a capacidad llena, se ha vuelto el foco de una crisis humanitaria. Esta semana se ha conocido que un tercer detenido ha muerto en apenas 44 días en el complejo de carpas erigidas rápidamente, y operado por una firma privada sin experiencia previa, en el desierto que rodea la base militar de Fort Bliss, a las afueras de El Paso, en la frontera de Texas con México. El deceso, ocurrido la semana pasada, se suma a otros dos anteriores que han provocado denuncias por negligencia médica, maltratos, uso excesivo de la fuerza por parte del personal y, en un caso, sospechas de homicidio.

La víctima más reciente fue identificada como Víctor Manuel Díaz, un nicaragüense de 36 años. Según informó el Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado, Díaz fue encontrado inconsciente en su habitación y declarado muerto a las 4.09 pm del pasado miércoles. Las autoridades han declarado que se trató de un suicidio, aunque la causa oficial del fallecimiento permanece bajo investigación. Díaz había sido detenido recientemente en Minneapolis durante el macrooperativo migratorio que ha sacudido la ciudad desde inicios de enero antes de ser trasladado a Texas.

La muerte de Díaz se suma a dos previas que han puesto el foco una vez más sobre las graves condiciones en Camp East Montana, que alberga a más de 2.900 personas, aunque tiene una capacidad supuestamente para 5.000, según los últimos reportes. En diciembre pasado, Francisco Gaspar-Andrés, guatemalteco de 48 años, perdió la vida en el Hospital Providence East de El Paso. Las autoridades señalaron que la causa de la muerte aún estaba por determinarse de manera concluyente, aunque los médicos la atribuyeron inicialmente a “una insuficiencia hepática y renal natural”.

Por otra parte, Geraldo Lunas Campos, cubano de 55 años y padre de cuatro hijos, falleció el pasado 3 de enero. Las circunstancias del hecho han sido disputadas entre la versión oficial, que cambió con el paso de los días, y los testimonios de los testigos y el reporte inicial de la autopsia. El ICE primero declaró que Lunas Campos había experimentado “angustia médica” mientras se encontraba en aislamiento, después de que “se comportara de forma disruptiva mientras esperaba en la fila para recibir medicamentos y se negara a regresar a su dormitorio asignado”. Asimismo, aseguró que el personal médico inició medidas de salvamento, pero que el inmigrante fue declarado muerto por los servicios médicos de emergencia. Pero después de que se hicieran públicas las primeras denuncias por homicidio, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Lunas Campos había intentado suicidarse y que el personal del centro intentó detenerlo.

Los testimonios de otros detenidos cuentan una historia distinta. Un testigo declaró a la agencia AP y al Washington Post que Lunas Campos murió después de ser esposado, derribado por los guardias y sometido a una llave de estrangulamiento hasta que perdió el conocimiento. Sus últimas palabras fueron: “No puedo respirar”, aseguró Santos Jesús Flores a los medios de comunicación nacionales. Además, la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso informó a la familia de Lunas Campos que un informe preliminar de autopsia clasificaba la muerte como homicidio, resultado de asfixia por compresión del pecho y el cuello.

Llamados al cierre urgente de Camp East Montana

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) ha realizado un llamado para el cierre inmediato de Camp East Montana, el cual describen como “un enorme campamento de tiendas de campaña en la base militar de Fort Bliss”. Haddy Gassama, asesor principal de políticas de la organización, calificó los decesos como “prevenibles”, al tiempo que manifestó que ilustran “un patrón más amplio de violencia y abuso sin control”.

De acuerdo con la ACLU, las 32 muertes en custodia del ICE durante 2025 marcaron el año más mortífero para la agencia en casi dos décadas. Gassama agregó que estos sucesos, junto con la continua escalada de violencia provocada por la presencia de agentes federales en las calles, dibujan un panorama sombrío de lo que sucede “cuando una agencia gubernamental tiene un presupuesto astronómico y ninguna rendición de cuentas”.

En diciembre, la ACLU y otros grupos de derechos humanos enviaron una carta al ICE exigiendo el fin de la detención migratoria en Camp East Montana. En la misiva, describieron un patrón de abusos que incluye golpizas y abuso sexual por parte de oficiales contra inmigrantes detenidos. También mencionaron la existencia de coerción mediante amenazas para forzar deportaciones a terceros países, negligencia médica, hambre e insuficiencia de alimentos, y negación de acceso a abogados.

Savannah Kumar, abogada de la ACLU en Texas y responsable del trabajo legal de la organización en Camp East Montana, afirma que las condiciones en el centro de detención constituyen una violación grave de la ley y de las propias normas de ICE. “Seres humanos están muriendo, siendo golpeados y privados de medicamentos necesarios, todo mientras permanecen enjaulados en uno de los centros de detención migratoria más grandes del mundo”, asegura Kumar a este diario.

La abogada añade que la ACLU y sus socios habían exigido suspender inmediatamente las deportaciones a terceros países desde Fort Bliss, tras documentar el uso de abusos físicos y amenazas coercitivas por parte de agentes gubernamentales para expulsar a migrantes no mexicanos hacia México. De acuerdo con Kumar, la organización ha demandado una investigación exhaustiva sobre estas prácticas y cuestiona por qué el Gobierno continúa operando una instalación donde, en menos de dos meses, han muerto tres personas bajo custodia.

Mientras tanto, el comunicado del ICE sobre la muerte de Víctor Manuel Díaz, asegura que la agencia “se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”. Según el documento, los detenidos deben recibir evaluaciones médicas, dentales y de salud mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención. Además, se les debe garantizar una evaluación de salud completa durante las dos primeras semanas de su ingreso, así como el acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas. “En ningún momento durante la detención se niega la atención de emergencia a un extranjero indocumentado detenido”, agrega el comunicado. Las tres muertes en condiciones inciertas ponen en duda las aseveraciones del Gobierno.