Un informe del ICE revela la violación de 60 normas tras la apertura del mayor centro de detención del país en Texas

Las construcciones y aperturas apresuradas de nuevos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están causando una ola de irregularidades que tienen a miles de inmigrantes, niños y adultos, como principales afectados. Un informe interno de la agencia federal, al que ha tenido acceso The Washington Post, apunta que solo en Camp East Montana ―ubicado en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas― se han cometido 60 infracciones en los primeros 50 días de funcionamiento del centro inaugurado el mes pasado. De los casi 59.000 detenidos que había en 187 instalaciones del ICE para inicios de septiembre, más de 1.400 se encuentran en Camp East Montana.

Las inspecciones en el lugar revelan la falta de supervisión y de tratamientos adecuados para atender las afecciones médicas de los detenidos. También la ausencia de procedimientos básicos para garantizar la seguridad de los guardias y los arrestados. El centro alberga a migrantes “de todos los niveles de seguridad”, pero la investigación indica que la instalación no cuenta con buenas políticas y prácticas para mantener a los ocupantes a salvo del peligro.

“Te tiran al piso en una colchoneta de 5 cm, sin almohada, con 20 reclusos más, y permaneces encerrado las 24 horas. La noche era una locura. Desde que me detuvieron, solo he dormido cuatro horas porque los presos se quedan gritando. No soportaba más la cárcel”, declaró Ricardo Quintana, un inmigrante peruano de 59 años que, tras permanecer 24 días en el centro, solicitó su deportación. El hacinamiento y la falta de comida (solo le suministraban dulces y papas fritas), así como la ausencia de acompañamiento legal, fueron las causas que lo llevaron tomar la decisión.

Con un presupuesto de 1.200 millones de dólares, la construcción de Camp East Montana está en manos de la empresa privada Acquisition Logistics LLC, pero sigue inacabada. Dos enormes carpas blancas, ambas con el tamaño de un campo de fútbol, están divididas en pequeños módulos sin techo propio, en los que los extranjeros comen, se duchan, duermen y van al baño. Durante las primeras semanas, algunos inodoros y lavabos no funcionaban.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes consideran que estas condiciones hostiles obedecen a una estrategia del Gobierno: que los detenidos soliciten su deportación. El contrato de Camp East Montana dice que el mismo está diseñado para recluir a extranjeros por un período máximo de dos semanas, pero representantes legales han denunciado que algunos migrantes superaron ese tiempo. En general, la agencia federal está violando los estatutos internos que establecen los períodos de reclusión. La norma de las 12 horas, que fue el antiguo límite de permanencia de los arrestados en salas de espera del ICE mientras eran llevados a centros de detención o deportados; fue ampliada a 72 horas, pero tampoco se está cumpliendo.

Otra de las anomalías que señala el informe es que durante semanas los detenidos no pudieron contactar a sus abogados o presentar denuncias, una situación que incumple las reglas internas de la agencia federal, que establecen que los centros de detención deben proporcionar información de contacto y horarios del personal del ICE para que los recluidos se informen sobre sus casos. “Una de las peores cosas de la detención migratoria es simplemente no entender por qué estás allí, cuánto tiempo vas a quedarte en ese lugar, qué puedes hacer para avanzar en tu caso”, afirmó a The Washington Post, Denise Gilman, codirectora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. El rastreador web, que permite ubicar dónde se encuentra un inmigrante detenido, tampoco reflejó durante días los nombres o números de identificación de los inmigrantes detenidos en Fort Bliss.

En medio de las reacciones que ha provocado el informe, La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra el centro, acusando a funcionarios de agresión sexual y abuso físico en contra de cuatro detenidas. El ICE no ha contestado aún a estas acusaciones.

Agua embotellada por 1,21 dólares

Los problemas en el centro de detención Dilley (Texas), creado para la reclusión de familias migrantes, y reabierto el pasado mes de marzo, no paran de multiplicarse. Los abogados de Children’s Rights conversaron con los detenidos y denunciaron que el agua de la instalación está causando malestares estomacales, y el jabón, erupciones cutáneas. Como consecuencia, las familias se ven obligadas a comprar agua embotellada por 1,21 dólares en la tienda del centro. “Nunca había oído hasta ahora que los niños tuvieran que comprar agua”, reclamó a AP, Leecia Welch, subdirectora jurídica de la organización.

Un niño con dolor de estómago también tuvo que esperar seis horas la llegada de una enfermera y no fue trasladado al hospital con una apendicitis hasta que vomitó. Todas estas denuncias forman parte de un informe levantado por Children’s Rights para hacer frente a la demanda con la Administración Trump pretende poner fin al Acuerdo Flores que, entre otras cosas, limita el tiempo que los niños migrantes pueden estar detenidos.

En este sentido, el ICE informó que el número de infantes bajo custodia durante más de 72 horas disminuyó de seis a cinco días en los últimos dos meses, pero representantes legales desmienten al Gobierno y afirman que algunos niños siguen detenidos durante semanas o meses sin justificación.