“Lo perdimos todo”: las deudas ahogan a las familias de inmigrantes detenidos

Cuando llegó a Estados Unidos en abril del año pasado, Ariel Figueredo López, un cubano de 35 años, se fue a vivir con su hermano, Ameed, y su familia, en Lincoln, Nebraska. Figueredo llegó a través del programa CBP One, con un permiso temporal para vivir y trabajar legalmente en el país. Dispuesto a salir adelante, consiguió un puesto con una empresa itinerante de paneles solares, y se fue a Atlanta, Georgia, donde conoció a su novia, Eliani Rusindo, una cubana del centro de la isla que también había llegado hacía poco.

Cuando terminó el trabajo en Georgia, la pareja se mudó a Florida. Ahí dieron el pago inicial de 1.500 dólares para un KIA Sedona del 2018, y sacaron sus primeras tarjetas de crédito, de los bancos Capital One y Chase. La empresa le ofreció otra oportunidad en Osceola, Arkansas, y allá se fueron, con lo poco que tenían en el maletero del auto, a compartir un alquiler de 2.200 dólares por una casa de tres cuartos con otras dos familias. Los días que no trabajaba en los paneles, Figueredo repartía comida con el servicio de Doordash. Con eso, cubría los gastos de ambos. Poco a poco compraron un juego de dormitorio, un televisor y útiles para el hogar con la esperanza de mudarse a Nebraska, cerca de la familia de Figueredo.

Sin embargo, ese sueño acabó truncado el día en que la policía de Osceola lo multó por conducir a exceso de velocidad, unos 11 kilómetros por hora por encima del límite. Cuando Figueredo trató de pagar la multa en línea, se dio cuenta de que tenía el nombre equivocado. Al cabo de un mes, decidió ir a la policía a averiguar qué hacer. En ese mismo instante, fue detenido. “Le dijeron que no salía en el sistema, que el nombre estaba mal. Ahí lo detuvieron y le dijeron que lo iban a deportar a Cuba”, cuenta su pareja.

Desde entonces, hace más de cinco meses, Figueredo se encuentra en un centro de detención en Luisiana. Los cargos por la multa de tránsito ya no existen en su registro, pero las autoridades no lo dejan salir bajo fianza ni bajo custodia de la familia. Su caso es solo uno de cientos de miles de inmigrantes que han sido detenidos en todo el país en los últimos meses como parte de la cruzada antiinmigrante del Gobierno de Donald Trump, que incluye deportaciones masivas y exprés, incluso por infracciones menores, y detenciones prolongadas sin cargos graves o antecedentes. Las consecuencias de la agenda de la Administración del republicano son, aparte de humanas, económicas y sociales. La política está provocando pérdidas materiales para los familiares de los inmigrantes afectados, que no solo deben lidiar con el arresto de un ser querido del que dependían económicamente, sino que también corren el riesgo de perder bienes tan significativos como sus hogares y endeudarse.

Si bien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no confisca bienes, según dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico a este periódico, Nayna Gupta, directora de políticas del American Immigration Council, una organización no partidista que defiende los derechos de los inmigrantes, explicó que la ley de inmigración federal “no ofrece a las personas deportadas nada explícito en cuanto a protecciones para sus ahorros o pertenencias personales”.

“En general, una deportación no afecta los derechos de propiedad habituales que una persona tiene en Estados Unidos, y los derechos de propiedad también se aplican a los no ciudadanos. En otras palabras, una orden de expulsión por sí sola no somete a alguien a la confiscación de bienes”, señaló la experta. “Sin embargo, si la expulsión está vinculada a una condena penal, existe la posibilidad de que haya una incautación penal de bienes”, agregó.

El miedo a acabar detenido o, en el peor de los casos, deportado, ha impulsado a muchos inmigrantes a idear estrategias para resguardar sus bienes, a la vez que están retirando los ahorros de sus cuentas de banco, designando representantes legales y elaborando listas con contactos de emergencia, cuentan familiares de varios detenidos, abogados de inmigración y grupos de defensa de los inmigrantes.

Familias como la de Figueredo se han visto de repente sin su principal sustento, naufragando entre cuantiosos gastos imprevistos, y han perdido todo lo que habían logrado adquirir con gran esfuerzo para abrirse camino como recién llegados en el nuevo país. Ameed Figueredo y su esposa, Bárbara Delgado, pagaron 2.500 dólares de anticipo a un abogado de inmigración para defender a su hermano, y ahora abonan 500 dólares mensuales.

En abril, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes que habían llegado a través de CBP One, como lo hizo Figueredo. El cubano tiene una audiencia para su solicitud de asilo en agosto. Su familia asegura que, de ser regresado a Cuba, iría de seguro a prisión por su activismo contra el régimen.

Su novia tuvo que regresar a Florida, donde se alojó con unos parientes en Tampa. Se llevó el KIA con lo que cabía adentro, y durante los dos primeros meses que Figueredo estuvo detenido, siguió pagando la mensualidad de 436 dólares, y los 150 del seguro, pero luego no pudo permitírselo más. Esta semana una grúa del concesionario se lo llevó remolcado. “Queríamos comprar una casa, hacer una familia, muchas cosas. Pero, al final, lo perdimos todo. Las cosas que teníamos, que habíamos ido comprando poco a poco. Hasta la ropa”, dijo Rusindo.

Figueredo le dio el pin de su tarjeta de Doordash para que sacara el dinero que había en la cuenta. También pudo retirar el de la cuenta de Chase gracias a que se quedó con un teléfono que tenía la información. Las tarjetas de crédito no pudo recuperarlas. “Él tenía buen crédito”, pero se arruinó, lamentó Rusindo.

Planes de contingencia

Enrique llegó a Estados Unidos con su familia en 2021. Recibió un documento conocido como I-220A, que le permite seguir en el país mientras su caso de inmigración está pendiente. El cubano de 40 años, que pidió no revelar su apellido, no ha sido detenido, pero sabe que le podría pasar cualquier día porque, cuatro años después, todavía no ha podido ajustar su estatus migratorio. Por ello, ha preparado poderes notariales para él, su esposa y su hijo, y designó como agente a un amigo cercano para disponer de sus bienes en caso de que sea arrestado. Cada poder notarial le costó casi 200 dólares. También sacó todo el dinero del banco y dejó solo lo indispensable para pagar las cuentas.

“Uno no duerme con las preocupaciones, con este miedo, que no lo puedo controlar, que se escapa de la mano, porque no soy yo solamente, es mi familia. Mañana mismo, ni que Dios lo quiera, te cogen en un retén, te meten en un hueco y nadie se entera dónde estás y lo pierdes todo, se te acabó tu vida”, comenta Enrique.

Como él, comunidades enteras se están preparando con planes de contingencia, dijo un portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC), que ha estado proporcionando “planes de preparación familiar para minimizar el daño” en caso de que alguien sea detenido y esté en riesgo de deportación. Se trata de un paquete informativo que explica los derechos constitucionales de los inmigrantes y tiene una plantilla para contactos de emergencia, como consulados, empleadores y abogados, y una lista de documentos a tener a mano. La organización realiza talleres comunitarios para distribuirlos.

La situación no solo impacta a los inmigrantes que entraron recientemente. Algunos que llevan mucho tiempo en Estados Unidos, donde tienen sus hijos estadounidenses, casas propias, o son dueños de negocios, también están siendo detenidos para ser deportados. Tal es el caso de una mujer que fue arrestada en febrero cuando asistió a una entrevista para su residencia en las oficinas de Inmigración en Oakland Park, al norte de Miami. La mujer, natural de Haití, llegó tarde a una cita de inmigración en 2007 y le fue emitida una orden de deportación, explicó su abogado, Frandley Julien, que no era su letrado en ese entonces. Julien apeló la orden, consiguió reabrir el caso, y dice que su cliente tiene “una ruta clara para obtener la residencia”.

Pero desde febrero, la mujer de 50 años está detenida en Luisiana. Ella y su esposo trabajan en servicios de limpieza desde hace décadas, y lograron reunir dinero para comprar dos casas, una donde viven y otra que alquilan. Mientras está detenida, su familia enfrenta dificultades económicas, con un solo ingreso, y temen perder las propiedades.

“Este es realmente un caso de una historia de vida hermosa, de una persona respetuosa de la ley, que ha trabajado por poco más del salario mínimo y aun así logró comprar dos casas. Uno pensaría que el Gobierno valoraría eso”, dijo Julien, que asegura que el día que su cliente llegó tarde a la corte, hubo un accidente en la autopista. “A cualquiera le puede pasar. Nunca debió haber sido una prioridad para inmigración”, agregó el abogado. A su juicio, las autoridades están “destruyendo comunidades”. Ahora dice que va a presentar una solicitud de habeas corpus para que liberen a su cliente. Y se lamenta: “Esto no tiene sentido”.