Una jueza bloquea temporalmente el intento de deportar desde Estados Unidos a niños de Guatemala y Honduras

Una jueza en Arizona ha bloqueado temporalmente los intentos de la Administración del presidente Donald Trump por deportar a sus países de origen a niños guatemaltecos y hondureños no acompañados. En un dictamen emitido este jueves en la ciudad de Tucson, la magistrada Rosemary Marquez prorrogó dos semanas más una orden cautelar de protección emitida el pasado 31 de agosto para prohibir al Gobierno la deportación de los menores.

Los abogados de los menores, que representan a un grupo de 57 niños guatemaltecos y doce hondureños, entre los tres y los 17 años, alegan que la expulsión violaría las leyes estadounidenses y pondría en peligro a menores vulnerables una vez que aterrizasen de vuelta en su patria.

En la vista, Márquez había expresado su preocupación por la posibilidad de que, una vez llegados a su país de origen, los niños encontraran que no se habían dado pasos suficientes para garantizar que alguien acudía a hacerse cargo de ellos.

Una magistrada federal, la jueza Sparkle Sooknanan, había ordenado en el último momento el pasado día 13 paralizar las operaciones de deportación, cuando al menos parte de los niños se encontraban ya a bordo de los aviones preparados para enviarles de regreso a su país de origen. Su medida cautelar tenía una vigencia de catorce días, mientras se examinaba el caso.

En la decisión de hace dos semanas, la magistrada había indicado que el veto a las expulsiones debe aplicarse en general a todos los niños guatemaltecos llegados a Estado Unidos sin sus padres o tutores y que se encuentren bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Sooknanan también había reclamado al Gobierno que aportara pruebas de que, como aseguraba, quiere devolver a los niños porque han sido reclamados por sus familiares desde Guatemala.

La fiscal Denise Ann Faulk, representante de la Administración Trump, enfatizó que las expulsiones se habían negociado en altos niveles diplomáticos y que los niños no tendrían que afrontar largas prohibiciones de regreso a Estados Unidos, como ocurre en otros casos. El Gobierno guatemalteco había expresado su disposición a recibir a los niños expulsados.

Los abogados de los menores habían rechazado durante todo el proceso que los menores estuvieran siendo reclamados desde Centroamérica y alegaban que, aunque fuera cierto, la Administración tendría que seguir un proceso legal al que no se ha adherido. Al expulsarlos, sostenían, no se les garantizaría el derecho constitucional a un juicio justo porque no tendrían oportunidad de pedir asilo o de que se vea su situación en un tribunal de inmigración. Muchos de ellos tienen pendientes casos en esos tribunales, apuntan los letrados.

Los niños no acompañados que llegan a Estados Unidos y son interceptados cerca de la frontera quedan bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y son trasladados a un albergue para menores o bien a una familia de acogida, en tanto un patrocinador que ya se encuentre en Estados Unidos, habitualmente un familiar, se hace cargo de ellos.

En este caso, los niños que el Gobierno intentaba deportar se encontraban acogidos en albergues, a la espera de pasar a la custodia de un patrocinador. La demanda, presentada por el Centro Nacional de Derecho Migratorio y el Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes, sostiene que la Administración los “está transfiriendo de manera ilegal a la custodia de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para mandarlos en aviones a Guatemala, donde pueden encarar abuso, persecución, tortura o negligencia”.

Los casos de los menores no acompañados son especialmente delicados dentro de la política de inmigración de la Administración Trump, pues tienen derecho a protecciones especiales que los adultos no reciben automáticamente.

En la última década, cientos de miles de niños, la mayoría procedentes de países de Centroamérica, han cruzado la frontera sur para entrar en Estados Unidos, muchos de ellos para reunirse con algún familiar o amigos. Buena parte ha obtenido el derecho a permanecer en el país, tras demostrar que bien fueron abandonados o bien corrían riesgo de persecución en sus países de origen.