Las universidades públicas andaluzas irán a los tribunales si la Junta no cumple con el modelo de financiación

Las universidades públicas andaluzas terminan el 2025 exactamente igual que lo hicieron el año pasado, en pie de guerra con la Junta de Andalucía por el incumplimiento del nuevo modelo de financiación que el Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobó en 2023. El desencuentro se escenificó este martes, cuando ocho de los 10 rectores votaron en contra del segundo reparto del presupuesto universitario -los otros dos se abstuvieron- de 1.775 millones de euros por considerarlo insuficiente, y este jueves se ha concretado en un manifiesto que han leído todos los campus en el que se exige al Ejecutivo autónomo que cumpla con todos sus compromisos y obligaciones y en el que se le advierte de que, si no lo hace, emprenderán “las acciones legales que correspondan”. “Esta situación está debilitando de manera progresiva el sistema público universitario andaluz, un pilar imprescindible para el progreso y la igualdad de oportunidades de nuestra tierra”, precisan sobre el recorte en financiación.

Los rectores de las universidades públicas recriminan al Gobierno de Moreno que lleve dos años —los que lleva en vigor el nuevo modelo— sin cumplir con la cláusula de salvaguarda que obliga a garantizar el 100% de la financiación recibida el año anterior y a incrementarla con el importe correspondiente a la subida de las retribuciones del personal del sector público. En el manifiesto se señala que este año la Junta les adeuda el 0,5% de la subida salarial de 2024 y que sigue sin llevarse a cabo la actualización del Capítulo II, el destinado a gastos corrientes en bienes y servicios, que también se incluye en el modelo de financiación.

También llaman la atención sobre el hecho de que las partidas destinadas al pago de los complementos autonómicos del profesorado investigador y docente y a los técnicos y personal administrativo —uno de los principales escollos de las negociaciones sobre la financiación del año pasado— se hayan transferido como proyectos estratégicos no consolidables. “El pago de retribuciones siempre debe ser consolidable para ejercicios futuros, tal y como reconoce el modelo”, dice el manifiesto.

“Pagar trienios no puede considerarse un proyecto estratégico universitario”, explicaba el miércoles a este diario el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Pablo de Olavide, de Sevilla, Paco Oliva. Las universidades consideran, además, que el importe transferido, 37 millones, es “claramente insuficiente para afrontar el pago de dichos complementos” porque no se han incluido los “elevados costes de las cotizaciones sociales”, que se devengan, “una merma más en nuestras arcas, ya de por sí tensionadas por una infrafinanciación crónica”.

Los rectores también reprochan que del segundo reparto haya desaparecido la partida de 16 millones que el propio Moreno comprometió en su discurso en la apertura del curso académico y que se iba a destinar a la sostenibilidad y la digitalización de las universidades. “Reclamamos al presidente que cumpla con la palabra dada en sede universitaria”, indican en el documento.

Una de las razones por las que la Universidad de Málaga —junto con la Universidad Internacional de Andalucía— se abstuvo en la votación sobre el segundo reparto presupuestario fue que había conseguido que se activase la partida de nivelación, prevista en el modelo de financiación para corregir las desigualdades de financiación entre las distintas universidades públicas. “Era justo reconocer el esfuerzo de la Junta“, explicaba su rector, Teodomiro López, a este diario. En el manifiesto se reivindica “la consolidación y el refuerzo” de esta partida y se advierte de que la otorgada para la UMA “resulta claramente insuficiente en su dotación económica”.

De fondo, lo que subyace en la reivindicación de los rectores, tal y como se señala en el manifiesto, es el cumplimiento estricto de lo dispuesto en la Ley del Sistema Universitario (LOSU), que establece la obligación de garantizar una financiación basal suficiente. En concreto, que los fondos cubran, al menos, los gastos de personal, los gastos corrientes y las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas y para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación, transferencia del conocimiento e innovación. “El incumplimiento de este mandato legal, de carácter básico y vinculante, sitúa al sistema universitario público andaluz en una posición de clara vulnerabilidad financiera”, advierten las universidades.