El crimen por encargo que acabó con la vida de un empresario sevillano en República Dominicana

El empresario sevillano Antonio J. L. temía tanto por su vida que dejó su último viaje a República Dominicana bien atado. Antes de embarcarse en un vuelo al destino en el que solía echar temporadas, intercaladas con su residencia en Dos Hermanas, envió a su entorno audios en los que manifestaba ese miedo y documentación sobre los trámites económicos que iba a realizar en el viaje. No se equivocó. El pasado 21 de septiembre de 2025, Antonio apareció muerto con un disparo en la cabeza en Damajagua, una localidad de la provincia dominicana de Valverde. Seis meses después del suceso, la policía del país caribeño ha detenido a los seis supuestos implicados en el crimen. Entre ellos está su mujer, sospechosa de ser la autora intelectual de un asesinato por encargo.

Tan claro tenían que las circunstancias de la muerte del empresario eran “inquietantes y poco claras”, que personas del entorno más cercano de Antonio acudieron a la comisaría de Cádiz el mismo mes que se supo de su asesinato, según ha asegurado la Policía Nacional en un comunicado. Las pruebas aportadas abrieron una vía de colaboración entre la Policía Judicial de esa comisaría y los investigadores de la Policía Nacional de República Dominicana que estaban dirigiendo las pesquisas, tras hallar el cadáver del empresario con un disparo mortal en la cabeza en el interior de un vehículo.

Antonio, un empresario de 59 años que regentaba un vivero en Dos Hermanas, estaba en proceso de separación de su esposa, una mujer de nacionalidad dominicana con la que mantenía “importantes asuntos económicos y patrimoniales”, como explican desde la policía española, pendientes de resolver. El sevillano debía ir a República Dominicana a realizar gestiones destinadas a recuperar una empresa y parte de su patrimonio, además de unos trámites ante el consulado que debía realizar su esposa. Pero antes de ir, temeroso de que algo saliese mal, dejó a su entorno más cercano documentación de toda esa operación.

Todas esas pruebas, sumadas a unos audios grabados por el propio empresario en los que verbalizaba su preocupación por su seguridad personal y el riesgo de su vida, acabaron en manos de los investigadores de Cádiz, después de la formalización de la denuncia. La “gravedad de la información aportada”, como explican desde la policía española, hizo que los agentes de la Policía Judicial gaditana se pusiesen en contacto con las autoridades dominicanas, a través del agregado de Interior de España en el país caribeño, en la denominada operación Plantel.

Las pruebas aportadas por Antonio en vida y los datos recabados por la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional dominicana acabaron por apuntalar la hipótesis de que la muerte del sevillano era un asesinato premeditado. La esposa supuestamente actuó como autora intelectual del suceso y coordinadora de un plan en el que recurrió a varias personas de su entorno más cercano que, a su vez, actuaron como intermediarios para localizar a los que ejecutaron el asesinato.

Uno de los implicados aportó parte del dinero acordado para cometer el crimen y se comprometió a dar el resto cuando se consumase el homicidio. Luego, un intermediario reclutó al autor material, un hombre que contaba con la confianza del fallecido. Eso hizo que el empresario no sospechase cuando el sicario se subió con él en su vehículo y lo llevó engañado hasta un paraje despoblado en Damajagua, donde le disparó mortalmente en la cabeza.

Tras el crimen por encargo, el arma acabó de nuevo en poder del intermediario que coordinó la ejecución y, posteriormente, cambió de manos a un tercer implicado, que la ocultó en su domicilio para evitar que la pudiesen encontrar los policías en un eventual registro. Sin embargo, los agentes dieron finalmente con la pistola durante los registros. Los análisis balísticos de la policía científica confirmaron la coincidencia con los casquillos que se recogieron en la escena del suceso.

En total, la operación se ha saldado con la detención de seis personas. A todas ellas se las considera implicadas en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato. El caso se sustenta en diversas pruebas recabadas durante la investigación, con el análisis de cámaras de vigilancia o la propia documentación entregada por las personas del entorno del empresario en la comisaría de Cádiz. Para la Policía Nacional española, la investigación es un ejemplo de “la importancia de la cooperación internacional entre cuerpos policiales para esclarecer un crimen que inicialmente presentaba múltiples incógnitas”.