La CNMC reclama al Gobierno que mantenga los precios dinámicos y reconsidere el veto a los anuncios de gasolina

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido este miércoles sus recomendaciones sobre el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible en el que insta al Gobierno a preservar la flexibilidad de los sistemas de precios dinámicos. El regulador considera que estas tarifas variables ―que bajan cuando poca gente los requiere y suben muchísimo con alta demanda― constituyen una “herramienta competitiva” que conviene mantener, aunque coincide con el Ministerio de Consumo en la necesidad de reforzar la transparencia y la información que reciben los usuarios.

La posición técnica del organismo introduce matices en la estrategia del departamento que dirige Pablo Bustinduy, que ha acelerado la tramitación de la norma tras las denuncias por incrementos de precios considerados abusivos en servicios de transporte alternativo después del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba). El ministerio sostiene que situaciones de catástrofe o emergencia no pueden convertirse en un escenario para aplicar subidas excepcionales de tarifas impulsadas por algoritmos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 defiende que el anteproyecto supone un salto cualitativo respecto a la legislación vigente. El precedente más inmediato es el real decreto ley aprobado tras la dana que afectó a Valencia, pero la nueva regulación pretende ampliar el marco de protección para los consumidores. En primer lugar, el texto extiende el concepto de emergencia. Mientras que la normativa anterior solo prohibía incrementos de precios en situaciones declaradas formalmente como “emergencia de protección civil”, la nueva propuesta amplía la restricción a otras circunstancias de catástrofe sin necesidad de que exista una declaración oficial. Además, la norma introduciría una obligación de previsión según la cual, las empresas deberán informar con antelación sobre la evolución prevista de sus tarifas y, una vez comunicadas, no podrán superar los precios anunciados para esas fechas.

La CNMC advierte, no obstante, de que cualquier limitación a estas prácticas debe estar “adecuadamente justificada” y respetar el principio de libertad de empresa. En su informe recomienda que las nuevas obligaciones se apliquen de forma proporcionada y que se tenga en cuenta su impacto sobre las pequeñas y medianas empresas para evitar cargas regulatorias excesivas.

El organismo también se pronuncia sobre algunos de los elementos medioambientales incorporados al texto. El anteproyecto contempla la prohibición de la publicidad de combustibles fósiles —como los derivados del petróleo o el carbón— y de determinados servicios o productos asociados, una medida con la que el Gobierno pretende impulsar la transición energética y combatir el denominado greenwashing. En concreto, el borrador plantea vetar la promoción comercial de productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados fósiles y restringir también la publicidad de transportes o vehículos impulsados únicamente por estos combustibles. La CNMC, sin embargo, cuestiona esta prohibición y pide al Gobierno “reconsiderar la prohibición general de la publicidad de combustibles fósiles, valorando enfoques alternativos menos restrictivos como campañas de concienciación”.

Otro de los puntos de choque entre la Ley de Consumo y la CNMC es el tope a la reventa de entradas. La norma prohíbe que las entradas revendidas superen el precio original más la variación acumulada del Índice de Precios de Consumo (IPC) desde su compra inicial, con el objetivo de frenar prácticas especulativas asociadas a compras masivas y posterior reventa a precios inflados. Además, se plantea que las administraciones puedan bloquear las páginas web y sancionar a quienes incumplan esta regla. La Comisión, sin embargo, advierte de que se trata de una intervención regulatoria intensa y recomienda valorar antes medidas menos restrictivas para mejorar el acceso a los espectáculos “antes de imponer limitaciones directas a los precios y, en su caso, concretar adecuadamente la referencia al IPC”.