El mecanismo para topar los precios en catástrofes climáticas se la juega en el Congreso

El Ministerio de Consumo aprobó a principios de febrero un decreto con un mecanismo para topar los precios en catástrofes climáticas como inundaciones, lluvias torrenciales o incendios, y también en graves accidentes como el de Adamuz. Ya lo ha puesto en práctica limitando durante nueve días los precios de los hoteles de 14 municipios afectados por las lluvias y ha constatado que, según sus datos, funciona. “Es una norma que permite actuar de forma urgente ante las cada vez más frecuentes emergencias climáticas”, explican fuentes del departamento de Pablo Bustinduy. Las asociaciones de consumidores creen que es una herramienta muy positiva y piden a los partidos que aprueben este jueves su convalidación en el Congreso, que no está garantizada.

Además de graves daños personales, este tipo de situaciones generan un aumento desbocado de las tarifas de ciertos servicios, como vuelos, coches de alquiler u hoteles. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, tras la terrible dana de Valencia de 2024, o con los incendios de Galicia del año pasado, que cortaron la línea de alta velocidad Madrid-Galicia y conllevaron un alza de los precios de aviones y transportes alternativos. El Ejecutivo ya impulsó una modificación de la ley de defensa de los consumidores para hacer frente a estas cuestiones, pero se quedó corta porque se centra en los precios dinámicos y requiere de una declaración de emergencia de Protección Civil que no siempre encaja.

El decreto permite hacerlo de forma más ágil, con un acuerdo del Consejo de Ministros, y más amplia, al llegar a todos los precios que se determinen. El Ejecutivo puede fijar que el precio de un producto o servicio no pueda ser superior a la tarifa máxima que tuvo en el mes anterior. Es decir, si un vuelo Madrid-Santiago costaba como mucho 300 euros en el último mes, los billetes no podrían superar esa cifra por el aumento de demanda. Si el pico más alto fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%. Es decir, si la media es de 200 euros, pero el pico máximo es de 1.000 euros, el tope quedaría en 300 euros.

Para Consumo, “es una buena herramienta para luchar contra los abusos que se pueden generar por los fenómenos extremos que impulsa el cambio climático”. Y no va contra el libre mercado, porque “la limitación tarifaria tiene carácter estrictamente temporal, responde a una situación repentina que afecta gravemente a la prestación de servicios concretos y persigue garantizar otras libertades como la libertad de movimientos, la accesibilidad territorial y la protección de los usuarios”. De hecho, la medida debe tener fecha de inicio y fin: la limitación a hoteles de localidades afectadas por la borrasca Leonardo se alargó durante nueve días y terminó este miércoles.

Regulación insuficiente

Las principales asociaciones de consumidores creen que es una herramienta necesaria. “La regulación que se hizo tras la dana era insuficiente, mientras que esta medida incluye todos los precios que decida el Consejo de Ministros”, dice Rubén Sánchez, de Facua. “No es una medida que perjudique a los empresarios que actúen con reglas éticas, sino que busca atacar las subidas inmorales que intentan aprovecharse de una catástrofe y perjudican a los más vulnerables”, continúa. Se queja, eso sí, de que su aplicación dependerá de la voluntad política de cada Ejecutivo.

Miguel Crespo, del equipo jurídico de Cecu, tercia: “En este tipo de circunstancias no se dan las condiciones normales del mercado. Si se permiten esas prácticas, se estaría incentivando que las empresas se aprovecharan de una situación desgraciada. Los precios son libres, pero también hay un mandato constitucional de vigilar el mercado y los abusos”. Y continúa: “Con el cambio climático, vamos a tener que enfrentarnos cada vez más a situaciones como grandes riadas, incendios, lluvias torrenciales… Por eso es importante estar preparados para proteger correctamente a los consumidores”.

Coincide Enrique García, de la OCU: “En este tipo de circunstancias hemos constatado que hay aumentos abusivos de precios por falta de alternativas para los ciudadanos. Se trata de evitar situaciones donde el consumidor no tiene opciones y se ve preso de unas tarifas que exceden con mucho a los costes”.

¿Será sencillo de controlar con unos precios dinámicos que cambian a cada minuto? “Sí, la Administración tiene herramientas para controlarlo y sancionarlo”, responde García. De hecho, un análisis del ministerio confirma que la aprobación del tope de precios a hoteles en Grazalema y otros 13 municipios que finalizó este miércoles ha evitado que se repitiesen situaciones de precios disparados como en otras emergencias.

En cualquier caso, el decreto se la juega este jueves con una votación en el Congreso cuyo resultado no está claro, pese a que el PP exigió hace unos días frenar este tipo de abusos. Las asociaciones de consumidores piden a los partidos que voten a favor, ya que si decae, se volvería a la legislación anterior. Lo resume Sánchez, de Facua: “Sería muy mezquino votar en contra de algo que protege a los consumidores de una práctica inmoral”.